Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años de exdirectivos de El Buen Pastor por facilitar la fuga de Aida Merlano en Bogotá Infobae
Casi 7 años después de que la congresista Aida Merlano Rebolledo se fugara de un consultorio médio en medio de un permiso otorgado por los directivos de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, la Procuraduría dejó en firme la sanción contra varios funcionarios del centro de detención.
El Ministerio Público ratificó en la tarde del martes 10 de marzo en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años para tres exfuncionarios de la cárcel, tras constatar que incurrieron en graves irregularidades durante el traslado y custodia de la excongresista.
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La decisión afecta directamente a Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien era directora del penal durante el escape. El ente de control comprobó que fue ella quien entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitió la salida de Merlano hacia el Centro Médico de La Sabana para un procedimiento dental.
Todo habría ocurrido sin autorización formal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y sin prever las medidas de seguridad necesarias.
En la misma resolución, la Procuraduría impuso idéntica sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al excomandante de custodia David Alexander Álvarez Cárdenas.
De acuerdo con la investigación, Álvarez Cárdenas avaló la remisión médica de la interna sin garantizar el mínimo de seguridad que se exige en estos casos.
Katherine Lozano Forero, exsubdirectora del penal, también resultó destituida e inhabilitada por una década. Su responsabilidad, según la Procuraduría, radica en haber aprobado los traslados médicos de Merlano el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2019, fechas clave en la planificación de la fuga.
En cuanto al exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón, la entidad determinó una sanción de suspensión por tres meses. El motivo fue permitir un encuentro familiar entre Merlano y sus hijos durante una cita médica, lo que representó otra violación a los protocolos de seguridad.
Razones detrás de las sanciones y gravedad de las faltas
En su pronunciamiento, el Ministerio Público señaló que los servidores públicos involucrados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que exige la ley. Estas faltas, según la autoridad, afectaron la confianza en la administración penitenciaria y permitieron la evasión de la excongresista.
La Procuraduría calificó las conductas de la exdirectora y el excomandante de custodia como “gravísimas cometidas con dolo”. Sobre la exsubdirectora, la falta fue tipificada como gravísima, atribuida a culpa gravísima. En el caso del exdragoneante, el comportamiento fue considerado grave con culpa grave.
La resolución de la Procuraduría confirma que la fuga de Merlano no solo fue posible por la acción directa de la excongresista, sino también por una cadena de omisiones y decisiones irregulares de quienes debían custodiarla. El fallo es de segunda instancia y, por tanto, queda en firme.
De esta forma, la Procuraduría busca sentar un precedente frente a la obligación de los servidores públicos de cumplir con los protocolos y velar por la seguridad en el manejo de las personas privadas de la libertad.
