Corrupción en Aduanas Periódico Correo
Ricardo Peralta fue director de Aduanas por decisión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al arrancar su gobierno a finales de 2018, y salió año y medio después bajo sospecha por presunta corrupción. Lo sustituyó Ricardo Ahued, que duró 11 meses porque tuvo diferencias con el expresidente. Llegó Horacio Duarte, que tampoco hizo raíces, y lo sustituyó Rafael Marín Mollinedo, que se fue y regresó al puesto, que aún ostenta. Aduanas la tomó la Marina, que está tratando de limpiar la corrupción, pero por alguna razón, la putrefacción que causaron los civiles, nadie la está viendo. Terreno libre para seguir escalando.
Peralta, protegido por la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y que nombró administrador de la Aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio, el llamado “rey del huachicol”, testigo protegido en Estados Unidos, es el representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México. Ahued -sobre quien no hay sospechas de nada ilegal o irregular- es secretario de Gobierno en Veracruz. Duarte es secretario de Gobierno en el estado de México. Y Marín Mollinedo, quiere ser gobernador de Quintana Roo, y está cometiendo probables delitos electorales.
En 2021, López Obrador le entregó las 17 fronteras marítimas a la Marina, porque se habían convertido en un “botín”. Las recibió el exsecretario, almirante Rafael Ojeda, quien por méritos propios, es un presunto delincuente porque la corrupción en Aduanas no la combatió, sino que, por documentación interna del gobierno, la solapó. Es cierto que la corrupción en Aduanas se arrastra desde antes de que la Marina asumiera el control operativo y administrativo de los puertos, pero no se frenó. Se tuvo una gran oportunidad en la segunda parte del sexenio de López Obrador, pero se perdió.
De manera inexplicable, el almirante Ojeda hizo caso omiso de una información que le entregaron los servicios de información de la Marina sobre Duarte, que como a Peralta, no lo tocaron ni con la foja de una declaración ministerial. Un documento al que se tuvo acceso, que comenzó a circular en la Marina en 2022, tras la salida de Duarte y como respuesta a la complicidad que se había anidado en los altos mandos, detalla los niveles de corrupción en esa administración, en la cual participaban mandos de la institución que habían sido colocados en puestos estratégicos.
El documento confidencial de la Marina que se entregó al entonces secretario, señala abiertamente a tres funcionarios que fueron fundamentales para Duarte en el esquema de corrupción: Juan Carlos Madero Larios, que era subdirector de Operación Aduanera, cuyo nombre aparece como la figura más importante de la red que tenía Duarte; José Marcos García Nieto, encargado de Modernización de Equipamiento e Infraestructura, y Caros Narváez Romero, que había sido director de Evaluación en Aduanas. El primero era el principal responsable de la red a nivel institucional, de acuerdo con el informe, mientras que los otros dos tenían, además de sus enlaces militares y civiles, relación con el crimen organizado.
Madero Larios realizaba acciones a favor de un contrabandista ligado con el entonces director de Operación Aduanera, el vicealmirante Felipe Solano Armenta, quien interactuaba con almirantes, representantes de la Fiscalía General de la República y civiles, mientras que García Nieto y Narváez Romero, que también tenían enlaces con otros contrabandistas que tenían controlada la aduana interna de Pantaco con sobornos a altos mandos de la Marina, subadministradores, operadores de módulos de rayos X, verificadores y personal de salida del recinto, trabajaban también con un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación con control desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta Veracruz.
El documento es previo al descubrimiento de la red de contrabando de combustible manejado por los oficiales Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Ojeda. No obstante, el nombre del almirante Fernando Farías Laguna aparece como el marino que tenía bajo control el puerto de Lázaro Cárdenas, a través del administrador, el capitán de Fragata, Julián Manuel Otáñez, desde donde se exportaba hierro a China con documentos falsos.
La red tejida durante la administración de Duarte en Aduanas, se extendía por todo el país.
En la Ciudad de México, un contrabandista que opera con la cubierta de una empresa de exportación e importación, tenía en su nómina a un contralmirante y a un teniente de la Marina. En Lázaro Cárdenas, el administrador de Normatividad en Comercio Exterior, de acuerdo con el documento, era el enlace con funcionarios de la dirección de Aduanas y con el capitán Otáñez. En Manzanillo, la corrupción la administraba el contralmirante Antonio Bandala López, que era el administrador del puerto, y el entonces capitán Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024 tras denunciar la red de contrabando de combustible.
En Mexicali, la red de corrupción la manejaba el jefe de Módulos de la Aduana, mientras que Nuevo Laredo, el subadministrador de Puntos Tácticos -enlace de Madero Larios-, operaba con a subadministradora. En Nogales, desde el despacho aduanero, con la colaboración de una oficial de Comercio Exterior, Madero Larios mantenía alimentado al equipo de funcionarios menores que participaban de los manejos ilegales.
El contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, en ese entonces administrador de la Aduana en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, encabezaba el manejo de la red a través del subadministrador, el teniente Eddie Ascencio Méndez, mediante agentes aduanales y personal de Aduanas, a quienes le pagaban 40 mil pesos, cada uno, por cada operación. El vínculo entre el aeropuerto y Pantaco se establecía mediante el contrabandista y un operador externo registrado en Aduanas desde 2009.
El documento confidencial de la Marina tiene decenas de nombres de funcionarios menores y la identidad de los contrabandistas y enlaces con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la red de vínculos que permiten ver, con organigramas y fichas específicas de los principales protagonistas, la profundidad de la operación que, deja entrever el informe, floreció durante la administración de Duarte, con la participación activa de funcionarios de la FGR que realizaban inspecciones simuladas y cambiaban datos de los registros para evitar que fueran revisadas también por la Secretaría de la Defensa.
La información sobre la corrupción en Aduanas, llevada a cabo por civiles y militares es profusa y concreta, aunque hasta ahora, ha faltado voluntad política para llegar al fondo y determinar los últimos responsables.
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