Extorsión en municipios cafeteros aumentó más del 70 % en la última década, advierte estudio Infobae
La extorsión en municipios cafeteros de Colombia aumentó más del 70 % en la última década, según un estudio que analizó la evolución de este delito en más de mil territorios del país. Los investigadores advierten que este fenómeno se ha convertido en una amenaza directa para la economía agrícola de varias regiones.
La investigación señala que el crecimiento del delito refleja una expansión de las redes criminales en zonas rurales donde la actividad económica depende del cultivo del café, citado por Semana.
Entre 2014 y 2023, la extorsión en Colombia alcanzó 10.560 denuncias, una cifra que evidencia el aumento de este delito en diferentes territorios cafeteros, de acuerdo con ese medio de comunicación.
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El estudio, titulado Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia, fue elaborado por los docentes Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa del Politécnico Grancolombiano. La investigación analizó información de 1.122 municipios durante un periodo de diez años para identificar patrones del delito en territorios rurales.
De acuerdo con los investigadores, la extorsión ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema recurrente en zonas donde la economía depende de la producción agrícola, especialmente del café.
Colombia cuenta con más de 550.000 familias dedicadas al cultivo de café distribuidas en cerca de 600 municipios, lo que convierte a esta actividad en uno de los pilares económicos de múltiples regiones del país.
Sin embargo, el estudio señala que varias condiciones estructurales han facilitado la expansión del delito en estos territorios. Entre ellas se encuentran la circulación de dinero en efectivo, los bajos niveles de bancarización y la presencia histórica de grupos armados ilegales.
Estos factores generan un entorno que facilita el cobro de dinero ilegal a caficultores, cooperativas, transportadores y comerciantes vinculados a la cadena productiva del café.
Uno de los hallazgos centrales de la investigación es que el riesgo de extorsión aumenta de manera significativa cuando un municipio cafetero también forma parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Estos programas fueron creados para impulsar el desarrollo en regiones que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado y por altos niveles de pobreza.
Según el estudio, cuando un territorio combina producción cafetera con inclusión en los PDET, se registra un aumento promedio de 3,4 casos adicionales de extorsión por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad frente a redes criminales.
La investigación también identifica departamentos con niveles críticos de este delito. Entre ellos se encuentran Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca, territorios que comparten características como presencia de economías ilícitas, disputas territoriales entre grupos armados y menor presencia institucional.
En contraste, el denominado Eje Cafetero tradicional, conformado por Caldas, Quindío y Risaralda, presenta niveles relativamente bajos de extorsión.
Según algunos analistas citados en el estudio, esta diferencia podría estar relacionada con una mayor articulación institucional y con el trabajo coordinado entre autoridades locales, el gremio cafetero y organizaciones productivas de la región.
Otro de los aspectos que destaca la investigación es el cambio en las dinámicas de financiación de las organizaciones criminales en las últimas décadas.
Tras la reducción del secuestro en el país, la extorsión se ha consolidado como uno de los mecanismos más utilizados por las estructuras ilegales para obtener recursos económicos.
A diferencia de otros delitos, este mecanismo permite generar ingresos constantes sin recurrir necesariamente a episodios visibles de violencia, lo que dificulta en muchos casos la denuncia por parte de las víctimas.
El estudio también advierte sobre el alto nivel de subregistro en los casos de extorsión que afectan al sector cafetero.
Según los datos recopilados, siete de cada diez caficultores aseguran haber recibido llamadas extorsivas en algún momento, pero menos del 15 % de ellos presenta una denuncia formal ante las autoridades.
Las razones principales para no denunciar incluyen el temor a represalias por parte de grupos criminales y la desconfianza en la capacidad de las instituciones para brindar protección efectiva.
Ante este panorama, los investigadores consideran que las respuestas institucionales deben ir más allá de las acciones policiales y contemplar estrategias integrales para fortalecer la seguridad en las zonas rurales.
Entre las recomendaciones del estudio se encuentran el fortalecimiento de la presencia del Estado en territorios cafeteros, la mejora de los mecanismos de denuncia y la implementación de políticas que brinden mayor protección económica y social a los productores.
