La cancha inclinada Proyecto Puente
Esta semana se entrega la iniciativa presidencial de reforma electoral, después de más de 6 semanas de haber sido anunciada y casi 8 meses de trabajo de la comisión redactora del Ejecutivo. El tiempo transcurrido no es menor: revela que no estamos ante un ajuste técnico, sino frente a un rediseño construido desde el poder. El argumento oficial sostiene que responde a una demanda del pueblo; sin embargo, no existe evidencia clara de que la reforma electoral ocupe hoy un lugar prioritario en la conversación pública, las encuestas ponen a la seguridad, la corrupción, la salud, la economía familiar muy delante del tema electoral. Lo cierto es que, en los últimos cincuenta años, las grandes transformaciones electorales en México surgieron de procesos de negociación plural y presión política verificable. El contraste es evidente.
Un elemento adicional es la reacción inicial de aliados legislativos como el PVEM y el PT, que expresaron reservas en puntos específicos. Si quienes comparten agenda electoral manifiestan inconformidad, ello sugiere déficits de concertación interna. Más delicado aún es el vacío de diálogo con oposición y especialistas. En democracias consolidadas, las reglas del juego se modifican con amplios consensos, no con mayorías circunstanciales.
En el plano estructural, el primer foco de riesgo está en la modificación del componente proporcional de la Cámara de Diputados. Hoy el sistema electoral mezcla dos formas de elegir diputados: unos se ganan directamente en cada distrito y otros entran por listas para equilibrar el resultado final. Esa segunda parte existe para que, aunque un partido gane muchos distritos por poco margen, no termine teniendo muchos más asientos de los que realmente le corresponden por el total de votos que obtuvo en el país.
De hecho, esa regla fue clave para la pluralidad que conocimos en los noventa y dos mil. El PRD, por ejemplo, ganaba pocos distritos federales, pero gracias a la representación proporcional logró una presencia importante en la Cámara. Lo mismo ocurrió con Morena en 2015: su fuerza territorial todavía era limitada, pero las listas le permitieron tener una bancada relevante. Incluso en el Senado, la incorporación de listas de representación proporcional —impulsadas en su momento por Porfirio Muñoz Ledo— abrió la puerta a que fuerzas emergentes llegaran al Congreso y enriquecieran el debate público.
Si se cambia esa parte “de equilibrio” y se da más peso a los resultados por distrito —por ejemplo, incorporando a los llamados “mejores perdedores”— lo que se hace es reforzar al partido que ya es fuerte en el territorio. Aunque en el papel se mantenga el límite de 8% de sobrerrepresentación, en la práctica el partido que gane más distritos podría salir todavía más beneficiado.
¿El resultado? Una Cámara menos diversa, con menos voces de partidos pequeños o de grupos cuyos votos están repartidos por todo el país y no concentrados en una sola zona. En pocas palabras: menos equilibrio y menos pluralidad.
Por otro lado, insistir en que quienes aspiren a la Cámara deben hacer campaña fundamentalmente “en territorio” plantea preguntas inevitables: ¿por qué asumir que esa es hoy la única forma legítima de conexión democrática?, ¿quién ha establecido que la comunicación digital, las redes sociales y las plataformas no son mecanismos válidos para presentar propuestas? En una era donde la política también se disputa en entornos digitales —muchas veces con menos recursos y mayor alcance— recentralizar el diseño institucional en el rendimiento distrital supone una lectura anclada en el pasado.
La discusión se vuelve más sensible si se considera que en el territorio operan decenas de miles de servidores de la nación, con presencia permanente en comunidades y cuya actuación ha sido señalada por la tendencia a politizar programas sociales. Entre 2018 y 2025 la burocracia federal creció en más de 140 mil plazas. Si se fortalece la lógica territorial como eje dominante de la competencia, no todos parten del mismo punto. Más que nivelar la cancha, el rediseño podría consolidar ventajas preexistentes y profundizar asimetrías, debilitando la función compensatoria que dio sentido al sistema mixto.
Un segundo eje de preocupación es la regulación de inteligencia artificial, bots y comunicación automatizada. El discurso político goza de protección reforzada. Cualquier restricción debe cumplir criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Definiciones ambiguas —¿qué es exactamente un bot?, ¿cómo distinguir automatización legítima de manipulación coordinada? — pueden abrir espacios de discrecionalidad y generar efectos inhibitorios. Si se aprieta demasiado la regulación en materia digital, el impacto no será parejo.
En el papel puede sonar neutral, pero en la práctica quienes más lo resentirán serán los partidos de oposición y las fuerzas pequeñas que dependen de redes sociales, pauta segmentada y herramientas tecnológicas para compensar su menor acceso a recursos y estructura. Además, no puede ignorarse que el control regulatorio estaría en manos del Estado, hoy encabezado por Morena. Y eso abre una preocupación legítima: cuando el árbitro forma parte del mismo entramado de poder que compite políticamente, el riesgo de aplicación selectiva existe. Más aún en un contexto donde ha habido múltiples señalamientos sobre el uso de granjas de bots y esquemas de influencia digital vinculados al oficialismo —basta recordar episodios como el enfrentamiento público entre Julio Scherer y Jesús Ramírez—. En ese escenario, una sobrerregulación ambigua puede terminar siendo menos un instrumento de equidad y más una herramienta que inhiba a quienes ya compiten en desventaja.
El tercer punto es la reducción presupuestal al INE. La austeridad es un principio válido, pero el sistema electoral mexicano se ha construido sobre la profesionalización técnica y la capacidad territorial del árbitro. Reducir recursos mientras se amplían obligaciones —particularmente en fiscalización digital y supervisión tecnológica— puede tensionar la resiliencia institucional. La experiencia comparada muestra que debilitar capacidades administrativas en órganos electorales incrementa la litigiosidad y la desconfianza.
Aún no conocemos las letras chiquitas. Y en materia electoral, el diablo está en los detalles. Antes de apresurar consensos o rechazos, corresponde un análisis técnico riguroso que evalúe efectos sistémicos, no sólo incentivos coyunturales. Porque modificar las reglas del juego democrático no es un acto ordinario de mayoría; es una decisión estructural sobre cómo queremos representarnos como país.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
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