Endurecen penas por usar IA para contenido no consensuado

Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Cámara de Diputados aprobó dos reformas que endurecen las penas por delitos como acoso y sanciona el uso de la inteligencia artificial en la generación de imágenes, videos y audios de contenido sexual sin consentimiento.

La primera reforma modifica el artículo 259 Bis del Código Penal Federal y adiciona un artículo 281 Bis.

Los cambios establecen una pena de prisión de entre uno y tres años y una multa de hasta 600 días de multa a quien acose e intimide de manera reiterada y por cualquier medio, causando a la ofendida algún daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad o altere el desarrollo normal de su vida cotidiana.

De acuerdo con la reforma, la pena aumentará cuando estas conductas deriven de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera que implique subordinación, cuando se realice contra menores de edad, adultas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad o cuando impliquen actos de vigilancia o seguimiento.

Tratándose de servidores públicos, agrega, además de las penas señaladas se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar hasta por un año.

Actualmente, este artículo establece una sanción de hasta 800 días de multa a quien con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa.

La reforma adiciona también el artículo 281 Bis, para tipificar el acecho, las amenazas y la cobranza extrajudicial ilegal.

El texto establece una sanción de dos a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa a quien de manera reiterada, sin consentimiento y sin estar legítimamente autorizado, realice actos de vigilancia, seguimiento, acercamiento o contacto no deseado, de intimidación o de cualquier forma de intromisión.

La pena, señala, aumentará hasta en una mitad cuando la conducta se realice en contra de menores de edad, adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

El Pleno de San Lázaro aprobó también modificaciones al artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer que se sancionará la generación total o parcial de imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo que simulen actos sexuales o de carácter pornográfico de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización.

Las modificaciones señalan que se sancionará también la divulgación, distribución, publicación o compartición de dicho material.

Al presentar la iniciativa, la panista Annia Gómez dijo que si bien la inteligencia artificial generativa es una herramienta extraordinaria, porque puede abrir oportunidades inéditas para la educación o la medicina, cuando se utiliza para fabricar imágenes íntimas falsas, humillas, extorsionar o destruir reputaciones, deja de ser innovación y se convierte en violencia.

«Hoy afirmamos que la generación y difusión de contenido íntimo simulado sin consentimiento es violencia y como violencia debe tener consecuencias jurídicas claras. No estamos legislando contra la tecnología, estamos legislando a favor de la persona. La libertad para nosotros no es ausencia de límites», dijo.

Y avanza reforma que amplía tipo penal de abuso sexual Las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados avalaron el dictamen de la minuta del Senado que amplía el tipo penal para el delito de abuso sexual.

El dictamen avalado por unanimidad y que se prevé será discutido mañana, modifica los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal.

La reforma establece que comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo.

Señala que no se considerará consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.

Y agrega que el consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima y establece una pena de entre tres y siete años de prisión a quien cometa este delito y una multa de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Estas sanciones aumentarán en una tercera parte cuando el delito se cometa en un lugar despoblado, solitario o poco accesible, por dos o más personas, cuando se realice por ministro de culto, cuando la víctima se encuentre en estado de embarazo y por motivos relacionados con la orientación sexual, identidad de género o cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, indicó que el propósito de la modificación es ampliar la definición de las conductas sancionadas, fortalecer la protección a las víctimas y actualizar el régimen de agravantes y sanciones.

Dijo que el objetivo central es colocar el consentimiento de la víctima como elemento esencial del tipo penal, al establecer que éste no podrá presumirse cuando exista silencio, pasividad o falta de resistencia por parte de la víctima.

El legislador señaló que además de las penas de prisión y económica, la reforma también impone la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o a prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición.

La emecista Mariana Guadalupe Jiménez Zamora indicó que al establecer con esta reforma que el consentimiento no debe presumirse del silencio, la falta de resistencia física o que no exista cuando la voluntad está anulada se evitarán los espacios grises que actualmente favorecen la impunidad,

«Eso cambia la conversación en las fiscalías y en los tribunales», afirmó.