TEXTO ÍNTEGRO: MÉXICO tienen REZAGO HISTÓRICO en INVERSIÓN EDUCATIVA Punto Por Punto

México es el país que menos invierte por estudiante en los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El gasto anual por alumno de primaria es de 2 mil 933 dólares, mientras que el promedio internacional asciende a 11 mil 902 dólares, casi cuatro veces más.

• Países con menor PIB per cápita, como Colombia, Bulgaria, Turquía, Hungría, Lituania o Rumania, destinan más recursos por estudiante que México.
• El informe “Educación en un vistazo (Education at a Glance 2024)”, de la OCDE confirma el rezago histórico del país en inversión educativa, tanto en infraestructura como en recursos para docentes y operación escolar.

A ese contexto se suma que buena parte del presupuesto educativo federal es absorbido por becas universales, lo que ha reducido el gasto disponible para escuelas, universidades y programas de mejora.

Además, en 2026 el panorama no cambiará pues de acuerdo al presupuesto aprobado México mantendrá un gasto educativo equivalente a 3.19% del PIB, el nivel más bajo desde 2018, a pesar del ligero aumento global que experimenta.

Becas se cuentan como inversión educativa

El académico Eduardo Backhoff Escudero, expresidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), detalló que el gasto educativo “real” está distorsionado por transferencias sociales que se registran como inversión educativa.

• Backhoff explicó que, del total del gasto en educación, alrededor de 1.1% del PIB corresponde a gasto privado, mientras que el gasto público representa aproximadamente 4% del PIB, sumando en total 5.2%, por debajo del promedio de la OCDE.
• El especialista subrayó que el gobierno federal destina cerca de 180 mil millones de pesos en becas, lo que representa “como el 15 o 16% del gasto público en educación”.

Ese monto, dijo, no necesariamente beneficia a quienes más lo necesitan y, al ser universal, “le quita el dinero que se iba a las escuelas”. Según Backhoff, “hay que becar a los que lo necesitan, no a toda la población”, porque hacerlo generalizado “le está quitando recursos al gasto sustantivo en la educación”.

Backhoff advirtió que esa composición ha provocado que México se aleje aún más de los estándares internacionales: la OCDE recomienda que el gasto educativo represente alrededor del 20% del presupuesto público.

Baja en educación superior

En educación superior, el deterioro es más visible: el gasto por alumno pasó de alrededor de 78 mil pesos en el sexenio anterior a 40 y tantos mil pesos en la actualidad. Esto, pese a la creación de universidades como las Benito Juárez. “Quien más ha sufrido un deterioro en educación es educación superior”, dijo. Las universidades, agregó, “han tenido mayor incremento de estudiantes” pero están “haciendo más con mucho menos”.

• Su diagnóstico coincide con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que advierte que, en el Proyecto de Presupuesto 2026, el gasto por alumno cae en educación media superior, superior y posgrado, y sólo aumenta en educación básica debido al crecimiento del programa de becas.

Backhoff también enfatizó que las becas universales no han mejorado la cobertura, ni la permanencia, ni el aprendizaje. La cobertura (porcentaje de niños atendidos por edad) “ha decrecido” en primaria y secundaria. Asimismo, los indicadores de aprendizaje muestran una caída acelerada: mientras que en 2018 “cerca de dos de cada tres estudiantes aprendían lo básico”, hoy “es uno de cada tres”, según los resultados de PISA, el único indicador disponible tras la eliminación del INEE y posteriormente de MejoraEdu.

• El especialista alertó además que las becas universales pueden ampliar desigualdades entre estados. Al otorgarse por igual a zonas ricas y pobres, dijo, se ignora la vulnerabilidad diferencial. En educación superior, por ejemplo, la proporción de estudiantes indígenas ha disminuido mientras que la de estudiantes no indígenas ha aumentado, lo que refleja un incremento aproximado del “10% en inequidad”.

Sobre el costo futuro de mantener un gasto educativo con bajo impacto, Backhoff prevé un estancamiento prolongado: si no cambian las políticas, “seguiremos retrocediendo y se seguirán ampliando las brechas educativas entre los más pobres y los menos pobres”, lo contrario a lo que promete el gobierno.

La inversión más baja desde 2018

Con la inversión más baja de la OCDE, una distribución interna distorsionada y un deterioro sostenido en cobertura y aprendizajes, México enfrenta un escenario educativo marcado por retrocesos. Tanto los datos internacionales como los análisis técnicos coinciden en que, sin un cambio en las prioridades presupuestales, el país profundizará su rezago frente al resto del mundo.

• De acuerdo con el análisis del CIEP sobre el Paquete Económico 2026, México mantendrá un gasto educativo equivalente a 3.19% del PIB, el nivel más bajo desde 2018. Aunque el presupuesto total para educación aumentaría ligeramente, los recortes se concentran en educación superior, posgrado, cultura y educación media superior, mientras que el mayor crecimiento se destina a becas de educación básica, como la Beca Universal Rita Cetina, cuyo presupuesto aumentaría 58.5%.

“Esta composición preserva la brecha entre lo que México invierte y la recomendación internacional —de entre 4% y 6% del PIB— y revela un sistema que prioriza transferencias sociales por encima del fortalecimiento del capital humano”, destaca el CIEP.

Mexicanos primero destacan cinco elementos

En México, la inversión del gobierno por estudiante va a la baja, es el segundo país con mayor proporción de carga financiera para las familias, la cobertura en educación inicial es “muy baja” y aunque se tenga mayor escolaridad, no significa un empleo garantizado, según la edición 2025 del Panorama de la Educación (Education at a Glance) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el análisis realizado por la organización civil Mexicanos Primero sobre la nota técnica de México, del documento destacan cinco elementos:

• 1) Inversión por estudiante: La inversión en educación, considerando al gobierno y a las familias, sigue a la baja pues pasó de representar 4.6% del PIB en 2018 a 4.2% en 2022. Además, de los 41 países que forman la OCDE, México está en el lugar 24 respecto al porcentaje del PIB invertido en educación. El promedio OCDE es 4.7%.

Sin embargo, su posición cambia a la 40 cuando se habla del monto de inversión por estudiante: México invierte solo 4 mil 066 dólares -75 mil 712 pesos al tipo de cambio actual- por cada alumno, por debajo de Rumania que pone 7 mil 221 dólares o 134 mil 460 y muy lejos de Luxemburgo, que con 3.3% del PIB alcanza 31 mil 439 dólares o 585 mil 418 pesos, por estudiante.

• 2) Carga económica para las familias: en México, el financiamiento en educación recae “desproporcionadamente” en los hogares. En educación básica y media superior, las familias cubren 16.2% del gasto educativo, frente al 9.9% promedio OCDE en los niveles de primaria y secundaria.

Con esa cifra, México se convierte en el segundo país con mayor proporción de carga financiera para las familias.

Según Mexicanos Primero, ese esquema es “regresivo y limita el derecho a aprender”, por lo que recomienda “que las becas se focalicen, con evidencia y en estudiantes pertenecientes a familias en situaciones de más alta marginación”. Con ello, se daría equidad en la reducción del gasto de bolsillo y se ampliarían oportunidades para estar, aprender y participar en la escuela.

Baja cobertura y rezago

De acuerdo con el análisis de la organización civil mexicana, otros elementos a destacar del reporte de la OCDE son:

• 3) Cobertura en educación inicial: En nuestro país, la población de 0 a 4 años disminuyó 9% entre 2013 y 2023 y se espera una reducción del 10% entre 2023 y 2033; ello implica “nuevos retos” para la organización escolar.

En tanto, la cobertura en educación inicial es “muy baja”: menos del 5% de los niños de 0 a 2 años están matriculados, frente a tasas superiores al 60% en países como Corea, Luxemburgo, Países Bajos y Noruega.

• 4) Rezago en la universalización de la educación media superior: En México, los avances educativos conviven con rezagos significativos. La proporción de jóvenes de 25 a 34 años sin educación media superior pasó de 49% en 2019 a 41% en 2024; es decir, bajó 8%.

Sin embargo, sigue siendo la cifra más alta entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 13%, mientras que en Corea apenas es el 1%.

• 5) Vínculo entre educación y empleo: México tiene un patrón distinto al de la OCDE pues, mientras que en la mayoría de los países un mayor nivel educativo reduce el desempleo, en nuestro país para al revés. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, 2.7% de quienes no concluyeron la secundaria están desempleados, frente a 3.6% que sí la concluyeron y lo más grave es que 4.3% de estudiantes que sí tienen estudios superiores, no tienen empleo.

Por si fuera poco, un sector importante de jóvenes queda fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Entre la población mexicana de 18 a 24 años, 3% está desempleada y 16% está fuera de la fuerza laboral, es decir, “no buscan un empleo”.

El Talón de Aquiles

La organización Mexicanos Primero consideró que México carece de datos comparables tanto de estudiantes como de población adulta, ya que no es parte de la muestra de análisis del reporte pues no participó en el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos de la OCDE.

Recordó que durante años ha hecho análisis de estas referencias internacionales que invitan a reflexionar sobre el sistema educativo mexicano. Y sentenció:

“Los datos reflejan que avanzamos en algunos temas, pero la mirada sistémica sigue siendo un talón de Aquiles para el país. Mientras no veamos las trayectorias educativas completas y, en relación con estas, se garanticen condiciones y recursos para sostenerlas, los esfuerzos serán aislados, con probabilidades de que carezcan de continuidad y sean solo programas y apoyos de paso”.

Tras analizar el estudio de la OCDE, Mexicanos Primero emitió tres recomendaciones:

1. Replantear asignación de recursos; es decir: priorizar inversión por estudiante, reducir carga financiera de los hogares, evaluar la universalidad de las becas y focalizar en poblaciones con más alta marginación.
2. Reconfigurar la oferta educativa para educación inicial y mejorar el vínculo de oportunidades entre educación media superior y el mercado laboral.
3. Medir aprendizajes fundamentales, pues aumentar la cobertura sigue siendo insuficiente mientras que no se pueda asegurar cuánto y cómo aprenden. “Para corregir el rumbo de las políticas educativas se necesita evidencia”.

Educación y ciencia

A principios de noviembre concluyó la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026. Los ganadores fueron el sector educativo y el de ciencia, quienes recibieron 13.3 mil millones de pesos (mmdp) adicionales a la propuesta inicial. No obstante, estos sectores continuarán por debajo de los niveles presupuestarios alcanzados en sus mejores años.

• Durante la discusión y aprobación, los diputados, realizaron 17.7 mil millones de pesos (mmdp) en adecuaciones, equivalentes al 0.17% del total del gasto propuesto para el siguiente año (10.1 billones de pesos). Los perdedores fueron los entes autónomos, como el Poder Judicial que, del presupuesto que solicitó, recibió el recorte más grande registrado en más de 20 años, de acuerdo con un análisis realizado por la organización México Evalúa.

Por el contrario, los Ramos Administrativos, que responden directamente al Poder Ejecutivo, fueron los más beneficiados. En total, el Ramo de Educación Pública y el de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, obtuvieron el 75.5% de los incrementos.

• La propuesta inicial de presupuesto para 2026 en educación pública —para el cual se considera el presupuesto neto de la función Educación— ascendía a 1.12 billones de pesos. Esto representaba 2.89% del producto interno bruto (PIB). Durante la discusión legislativa se aprobó una ampliación de 10.8 mmdp, de modo que el monto final quedó en 1.13 billones de pesos (2.92% del PIB). Esto es una buena noticia, aunque con matices: representa un aumento real de 4.6% (49.8 mmdp) frente al presupuesto aprobado para 2025. Sin embargo, este incremento sigue siendo insuficiente para recuperar el mayor nivel alcanzado en 2015 (3.5% del PIB).

En su análisis, detecto que el gasto por persona, para 2026 el gobierno destinará 8,416 pesos por habitante. En 2015, esa cifra fue de 9,458 pesos. En otras palabras, una década después, el gasto educativo per cápita será 11% menor, equivalente a cerca de mil pesos menos por persona.

“Aunque es positivo que el presupuesto educativo aumente, los recursos aún están lejos de alcanzar niveles óptimos. En 2026, México estará invirtiendo 2.9% del PIB en educación, muy por debajo del rango recomendado por la UNESCO, que oscila entre 4% y 6% del PIB”.

“Este rezago tiene un trasfondo económico evidente: para que el gobierno pueda invertir más en educación necesita mayores ingresos. Pero el problema no es únicamente la cantidad de recursos, sino cómo se administran. Surge entonces una pregunta: ¿Cómo es posible que, al mismo tiempo que se celebra la aprobación de un presupuesto histórico de 10 billones de pesos (26.1% del PIB), no haya fondos suficientes para alcanzar el mínimo que recomiendan instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)?”

La principal respuesta es que hay otras prioridades en el presupuesto y una de ellas es el pago de pensiones. Mientras el gasto en educación pública habrá aumentado apenas 9.3% (96 mmdp) en los últimos siete años, el gasto en pensiones —tanto contributivas como no contributivas— crecerá 66.9% (931.8 mmdp). En términos simples, el incremento en pensiones es casi diez veces mayor que el aumento del gasto en educación pública.

Presupuesto de las instituciones educativas

El aumento del gasto educativo previsto para 2026, llega después de que en 2025 se recortó el presupuesto del sector para contener el elevado endeudamiento de 2024. En el caso de las principales universidades y organismos de educación superior, el aumento ni siquiera alcanzará para recuperar los niveles presupuestales previos al recorte.

• Por ejemplo, para 2026 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contará con un estimado financiero que redondea los 54 mmdp, que es prácticamente el mismo presupuesto con el que contó para este año y se trata del nivel más bajo desde 2010. Es decir, hay un retroceso de casi 15 años en su presupuesto.
• El Colegio de México (Colmex) contará con 819 mdp, lo cual incluso es 0.5% (3.84 mdp) menor a lo que se aprobó para este año, con lo cual lleva dos años consecutivos de recortes y será el presupuesto más bajo al menos desde 2008.

Lo mismo ocurre con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), con sede en Saltillo, Coahuila, que también hila dos años de reducciones y para 2026 contará con el estimado de gastos más bajo en los últimos 19 años: 1.3 mmdp.

• El Colegio de Bachilleres (Colbach) dispondrá de 2.4 mmdp, lo que representa una nueva rebaja respecto al monto aprobado para 2025. Suma dos años sucesivos en caída y alcanza su nivel más bajo al menos desde 2008. De manera similar, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta un recorte de 0.5% (47 mdp) en términos reales frente al presupuesto vigente, y también acumula dos años seguidos de disminuciones.

Por último, como se señaló anteriormente, el IPN recibió una ampliación de 329 millones de pesos, monto que sigue siendo insuficiente para recuperar el nivel de recursos previo a los recortes para contener el endeudamiento del país. Aunque su presupuesto total ascenderá a 22.8 mmdp, se trata del más bajo desde el 2020.

La deuda pendiente: el gasto en educación

La educación es una de las áreas de política pública con mayor relevancia para impulsar el crecimiento económico, la cohesión social y la productividad. Sin embargo, el esfuerzo financiero que los países destinan a este sector muestra diferencias considerables.

• En economías desarrolladas, el gasto público en educación suele representar poco más del 4% del PIB: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reportó que en 2024 la erogación promedio en instituciones educativas del nivel primario al terciario, fue equivalente al 4.7% del PIB.1

Países como Finlandia o Canadá han consolidado sistemas educativos de alta calidad no sólo por la cantidad de recursos invertidos, sino por la orientación de sus políticas hacia la formación docente, la infraestructura y combatir el rezago derivado de la pandemia por Covid-19.

Esta combinación permitió que, en promedio, los países de ingresos altos limitaran la pérdida de aprendizaje: se calcula que perdieron 0.4 años de escolarización en aprendizaje durante la pandemia, mientras que los países de ingresos medios o bajos perdieron 0.7 años. Aunque el retroceso podría implicar una disminución de 4.2% de los ingresos anuales futuros y una contracción del 0.7% del crecimiento económico nacional para los países de altos ingresos, la pérdida es menor respecto de los países medios y bajos: 7.4% de los ingresos anuales, y una disminución del 7.5% del crecimiento económico.2

• En contraste, México enfrenta pérdidas educativas más elevadas. El Banco Mundial calcula que los estudiantes perdieron entre 0.3 y 0.9 años de escolarización, lo que tendrá consecuencias económicas considerables a nivel individual y nacional. El estudiante promedio en América Latina podría perder el 8% de su ingreso anual futuro3, y la OCDE estima que, en los próximos 80 años este fenómeno podría tener un costo acumulado de 3.4 billones de dólares.

Para economías como la mexicana, cerrar las brechas educativas es una estrategia fundamental, pero aumentar el gasto por sí solo no garantiza mejoras. La evidencia internacional muestra que los países con mejores resultados no necesariamente son los que más gastan, sino aquellos que invierten de forma sostenida en factores que sí inciden en el aprendizaje como la formación docente, la infraestructura tecnológica y sistemas de evaluación, y políticas de largo plazo orientadas a la equidad.

• En el caso de México, para 2026 se prevé que el gasto destinado a formación docente, infraestructura y evaluación alcance mínimos en décadas. Como se señaló anteriormente, el programa de formación docente recibió una ligera ampliación presupuestal; no obstante, aun con este incremento, los recursos asignados siguen siendo los más bajos de los últimos años.

De manera similar, aunque el gasto en inversión física de la función educativa muestra un aumento respecto al presupuesto aprobado para 2025 —al ubicarse en 28.6 mmdp para 2026— este monto continúa siendo 34% (14.7 mmdp) inferior al ejercido en 2013, uno de los mejores años para este rubro.

Por último, el presupuesto destinado al diseño y evaluación de la política educativa4 asciende a 3.4 mmdp para 2026, lo que implica una reducción de 11.9% (0.46 mmdp) en comparación con lo aprobado para este año y representa una caída de 49% (3.3 mmdp) respecto a su nivel más alto observado en 2017.

¿Qué pasa con el gasto en Ciencia y Tecnología?

Al igual que el sector educativo, el sector de Ciencia y la Tecnología se vio beneficiado de las ampliaciones del presupuesto. Originalmente la propuesta fue por 62.1 mmdp equivalente al 0.16% del PIB, pero se aprobó una ampliación por 2.5 mmdp, por lo que en total se aprobaron 64.6 mmdp. Pese a la mejora, estos recursos serán menores a lo ejercido en 2023 y 2024, o 32% (30 mmdp) inferiores a lo ejercido en su mejor año (2015).

Considerando la ampliación, el gobierno de México estará invirtiendo 0.17% del PIB en ciencia y tecnología para 2026, nivel que es prácticamente el mismo que gastará durante este año y representa el segundo nivel más bajo desde 2012.

• En 2023, el Congreso modificó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y eliminó una meta clave que el Estado mexicano estaba obligado a perseguir: invertir el 1% del PIB en ciencia y tecnología,. Dicho umbral se alineaba con las recomendaciones mínimas de organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO, que incluso sugieren destinar al menos el 1.5% del PIB para impulsar el conocimiento y la competitividad.

Con la reforma, la ley ahora establece que el gobierno tiene la “obligación de fomentar, realizar y apoyar” las actividades de investigación humanística, científica y de innovación. Sin embargo, no define un monto mínimo específico para esta inversión. De este modo, una meta cuantificable se convirtió en un mandato genérico.

La medida incluso debilita la certeza sobre el financiamiento a largo plazo. Esta falta de una base sólida contrasta con las prácticas de países que han logrado consolidar sistemas científicos y tecnológicos avanzados, donde el compromiso financiero es sostenido y estratégicamente orientado.

• En 2023, el gasto público promedio en Inversión y Desarrollo (I+D) de los países miembros de la OCDE fue de 0.62% del PIB. A primera vista, México podría parecer alineado con este estándar; sin embargo, la realidad contrasta cuando se observan casos como Corea del Sur (1.13% del PIB), Alemania (0.93% del PIB), y países nórdicos cuyo gasto promedio es de 0.83% del PIB.

Estos niveles de inversión no son casuales, pues reflejan la decisión del Estado de actuar como catalizador de inversiones sustantivas, especialmente en tecnologías emergentes y sostenibles, respaldadas por estrategias nacionales sólidas orientadas a impulsar el crecimiento económico, la productividad y la competitividad a largo plazo.

Por ejemplo, para el presupuesto de 2026, Corea del Sur ha propuesto una inversión histórica equivalente a 7,500 millones de dólares para acelerar la adopción de la inteligencia artificial (IA) y posicionarse entre las tres potencias mundiales en el uso de dicha tecnología.

• En cambio, México invirtió tan solo 0.18% del PIB en 2023, esto es 0.4 puntos del PIB menos que el promedio de la OCDE. Sin embargo, si se contempla la inversión de manera integral —es decir, incluyendo al sector privado— la brecha tecnológica entre México y las naciones más intensivas en conocimiento se vuelve aún más marcada.

A nivel regional, América Latina destina en promedio apenas 0.56% del PIB a I+D. Brasil constituye una excepción relativa, al superar el 1% del PIB gracias a políticas de Estado orientadas al fortalecimiento científico y tecnológico. Sin embargo, el impacto de esta inversión sigue siendo limitado: por cada millón de dólares invertido, el país genera solo 3.76 documentos citables, lo que evidencia desafíos importantes en la eficiencia del gasto7, la calidad de la investigación y la capacidad de traducir conocimiento en resultados concretos para la economía y la sociedad./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro a continuación:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/09/education-at-a-glance-2025_c58fc9ae/1c0d9c79-en.pdf