La vuelta a Veracruz en un teclazo | LA ÚLTIMA VELADORA DE LAS GARCÍA CAYETANO Nius de Veracruz
Opinión de Yamiri Rodríguez Madrid
En la víspera de comparecer ante la Legislatura como parte de la Glosa de su Primer Informe de Gobierno, la gobernadora Rocío Nahle García recibió un informe pormenorizado sobre el revuelo que ha causado la reforma constitucional que, una vez que se apruebe por la mayoría de los cabildos del Estado, le permitirá remover a la fiscal en turno y nombrar a quien estará frente a la Fiscalía General del Estado (FGE). En dicho reporte, nos cuentan, se detalla también el origen del golpeteo desmesurado que ha recibido la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, a quien algunas plumas mencionan insistentemente como relevo inminente de Verónica Hernández Giadáns. Ahí se explica el origen de los periodicazos: el Cártel Inmobiliario de Veracruz.
Todo cobra sentido en el momento en que se reporta pormenorizadamente cada una de las obras realizadas en el sexenio anterior y sobre las que pesan señalamientos de un presunto daño patrimonial y en las que existe un común denominador, el apellido García y también el Cayetano.
Resulta que, siendo gobernador Cuitláhuac García, y secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández, la entonces esposa del titular de SIOP, la magistrada Aileth García Cayetano y su hermana Dorheny secretaria del Trabajo (actualmente diputada local por Morena) se consolidó un presunto entramado de complicidades para favorecer a diversas empresas constructoras. Por citar alguna, aparece RAWEN INGENIERÍA SA de CV, de la familia Mancilla —íntimamente ligada a las hermanas García Cayetano—, encargada de diversas obras en dependencias como SIOP, el Instituto de Espacios Educativos y hasta la Secretaría de Salud.
De hecho, en Xalapa, a través de otras empresas, como MACON y Geoperforadora del Golfo, resultaron “ganadores” de las licitaciones y, por ende, ejecutores de los criticados puentes de la avenida Lázaro Cárdenas, el de Las Trancas y el Heberto Castillo, sobre los cuales la ciudadanía no termina de comprender su función. También tuvieron a su cargo la construcción de la primera etapa de la Ciudad Judicial de Poza Rica.
El asunto es muy sencillo: sus allegados narran que no existe temor, sino pavor, de que Jiménez Aguirre llegue a la Fiscalía General del Estado, pues en automático desaparecería el manto de impunidad con el que el llamado cártel inmobiliario, que en realidad pareciera más un negocio familiar, operó en los últimos años. Por ello, desde el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, las hermanas estarían quemando sus últimas naves para impedir que la Gobernadora designe a Lisbeth Aurelia Jiménez al frente de la FGE. El golpeteo, una vez más, es solo interno.
@YamiriRodríguez
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