La Seguridad Social subirá las cotizaciones en 2026 y aumentará la base máxima hasta los 5.101 euros Infobae

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha la maquinaria para definir cómo se cotizará en 2026. Lo ha hecho sacando a consulta pública la orden de bases de cotización para el próximo año, un documento clave pero todavía provisional, pues varios de sus elementos están pendientes de confirmación. Entre ellos, dos que condicionan todo el esquema: el salario mínimo interprofesional (SMI), aún sin actualizar para 2026, y el dato definitivo del IPC de noviembre, que determinará la subida de la base máxima.

Pese a estas incógnitas, la orden avanza ya cambios relevantes que impactarán tanto en las empresas como en los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos. Y marca una tendencia clara: las cotizaciones seguirán subiendo para reforzar la financiación del sistema de pensiones en los años de mayor presión demográfica, especialmente a partir de la jubilación del ‘baby boom’.

Uno de los elementos más esperados ya está prácticamente definido. La orden incluye una subida del 3,9% de la base máxima, hasta 5.101,2 euros al mes, cifra que podría variar ligeramente cuando se conozca el IPC definitivo, pero que no se espera que cambie de forma significativa.

Esta remontada se explica por la reforma del sistema de pensiones impulsada por José Luis Escrivá. Desde 2024, las bases máximas se revalorizan cada año según el promedio del IPC de los 12 meses anteriores, al que se añade 1,2 puntos adicionales. Para 2026, el INE ha avanzado un IPC promedio del 2,7%, lo que sumado a ese 1,2% fija el incremento en torno al mencionado 3,9%. Esta fórmula se aplicará hasta 2050, lo que implica que las bases máximas seguirán subiendo sistemáticamente por encima de la inflación.

Base mínima: pendiente del SMI, pero no bajará de 1.381,2 euros

La otra cara de la moneda, la base mínima, depende de la actualización del SMI para 2026. Por ley, esta base se calcula sumando un sexto al salario mínimo. Sin embargo, mientras el Gobierno negocia el nuevo SMI, la orden mantiene la base mínima actual: 1.381,2 euros mensuales, la misma cifra en vigor en 2025, hasta que se confirme la subida del salario mínimo.

Este dato es clave no solo para trabajadores y empresas, sino también para otros mecanismos introducidos en las últimas reformas laborales, como la penalización por contratos temporales de corta duración.

La orden también recoge que, de forma provisional, se mantiene en 32,6 euros la cotización adicional que deben abonar las empresas cuando finalizan contratos temporales inferiores a 30 días. Este sobrecoste, creado en la reforma laboral de 2021 para combatir la temporalidad, está ligado a la base mínima de cotización del grupo 8 y se actualizará cuando se conozca el nuevo SMI.

Cuotas de autónomos: incertidumbre total

Una de las mayores incógnitas sigue siendo la cuota de los autónomos para 2026. La orden deja en blanco estas cifras, a la espera de que el Ministerio confirme si aplicará la última propuesta que puso sobre la mesa: congelar las cuotas para los tramos de menores ingresos y subir entre un 1% y un 2,5% el resto, lo que supondría entre 2,9 y 14,75 euros más al mes.

De momento, el documento no concreta nada. Y la decisión final dependerá tanto de la negociación con las asociaciones del sector como de los ingresos esperados del sistema.

Si hay un capítulo que sí está cerrado es el del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la sobrecotización que comenzó a aplicarse en 2023 para fortalecer la “hucha de las pensiones”. A partir del 1 de enero de 2026, el MEI pasará del 0,80% actual al 0,90%, de los cuales 0,75% lo pagará la empresa y 0,15% el trabajador. Este incremento forma parte del calendario fijado hasta 2029, cuando alcanzará su máximo del 1,2%. Los ingresos recaudados se destinan exclusivamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, clave para financiar la jubilación del ‘baby boom’.

Cuota de solidaridad: más presión para los salarios altos

La llamada cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2024, afectará cada vez más a los salarios elevados. Es un recargo aplicado sobre la parte del sueldo que supera la base máxima de cotización, y que crece de manera progresiva por tramos.

Con la base máxima situada en 5.101,2 euros, así quedarán los tipos para 2026: 1,15% para salarios entre 5.101,2 y 5.611,32 euros (0,96% empresa y 0,19% trabajador); 1,25% para salarios entre 5.611,33 y 7.651,8 euros (1,04% empresa y 0,21% trabajador) y 1,46% para salarios por encima de 7.651,8 euros (1,22% empresa y 0,24% trabajador).

Un trabajador que gane un 10% más que la base máxima —es decir, 5.611,32 euros al mes— pagará unos 5,86 euros más al mes por esta cuota, unos 70 euros al año. Mientras que para un salario un 50% superior a la base máxima —7.651,8 euros mensuales—, la cuota de solidaridad será de 31,36 euros mensuales, es decir, 376 euros anuales.

Este recargo no genera una pensión mayor y afecta únicamente a los trabajadores por cuenta ajena, no a los autónomos. Para 2045, cuando la cuota esté desplegada al 100%, los tipos serán mucho más elevados: 5,5%, 6% y 7% según tramo.

Un objetivo común: reforzar el sistema para sostener las pensiones

La suma de estos mecanismos —subidas de bases máximas por encima del IPC, incremento anual del MEI y despliegue progresivo de la cuota de solidaridad— responde a una misma lógica: incrementar los ingresos del sistema de Seguridad Social para anticiparse a los años de mayor tensión financiera.

La década de 2040, cuando se jubile la generación más numerosa de la historia de España, será el punto crítico. El Gobierno defiende que este refuerzo progresivo permitirá sostener el gasto en pensiones sin desbordar el déficit público.