MÉXICO.- Productores agrícolas de distintos estados del País solicitaron a la mayoría en la Cámara de Diputados aplazar la discusión de la reforma en materia de aguas, al considerar que el proyecto aún contiene puntos poco claros que podrían afectar el patrimonio del campesinado mexicano.

La información proviene de declaraciones realizadas por los propios productores y de posicionamientos públicos de organismos del sector, como la Cámara Minera de México (Camimex), que también manifestó preocupación por los cambios planteados.

Los representantes del campo señalaron que, aunque algunas de sus demandas fueron incorporadas al predictamen, persisten omisiones y vacíos legales que podrían derivar en decisiones administrativas sin garantías suficientes para quienes dependen del agua para producir alimentos.

El tema se discutirá este mismo día en la Cámara de Diputados y forma parte de un proceso que ha generado inquietud en diversas actividades económicas.

¿POR QUÉ LOS PRODUCTORES PIDEN APLAZAR LA DISCUSIÓN?

El argumento central es que la iniciativa aún arrastra elementos sin claridad jurídica. Para los productores, este escenario podría poner en riesgo trámites, permisos y obras hídricas que requieren certeza para operar.

Santiago Pelayo, productor de Baja California Sur, señaló que la urgencia por votar la reforma no corresponde con los pendientes que aún existen en materia de gestión del agua.

Nos quieren reformar una ley, de por sí la Conagua es omisa en sacarnos muchos trámites, muchas solicitudes. Creo que el universo anda más o menos como en 160 mil, sólo en mi estado hay 3 mil 800 y ahora con la ley dice que una solicitud para mover tu agua o cambiar de nombre tu título te la van a dar en 20 días. Tenemos trámites que tienen cuatro, cinco años”, dijo.

Para él, avanzar sin corregir estos aspectos podría mantener el mismo rezago en las regiones agrícolas.

PREOCUPA A PRODUCTORES LA EXISTENCIA DE HUECOS LEGALES

Aunque el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, aseguró que las principales observaciones del campo ya fueron agregadas al documento, los productores indicaron que aún existen provisiones que generan incertidumbre.

Mauricio Pérez, maicero de Guanajuato, explicó que uno de los puntos más sensibles es el artículo 9, fracción 50, que —según dijo— no garantiza protección suficiente a inversiones de largo plazo.

“Por citar algo, el artículo 9 fracción 50 nos deja en la incertidumbre de una inversión que te cuesta años y a veces generaciones de personas y te dejan en la indefensión, porque el Estado puede llegar a quitarte el pozo que tú hiciste”, señaló.

Añadió que los vacíos detectados no necesariamente parten de una mala intención, pero sí de una falta de revisión profunda: “Existen muchos. Nosotros no creemos que sea con mala intención, pero tampoco se les está dando la importancia y el tiempo que debe tener”.

PRODUCTORES PIDEN TIEMPO Y REPRESENTACIÓN REAL

El sector agrícola también demandó un proceso más representativo. Señalan que los foros realizados no reflejan la diversidad productiva del País.

Santiago Pelayo apuntó que el Gobierno federal debe valorar la importancia del campo en la economía nacional:

Yo creo que la Presidenta, con todo respeto, se está equivocando, porque el sector agrícola es noble y debe de estar respaldado por el Gobierno”.

Alexa Jiménez, productora de Chihuahua, recordó que su estado es líder nacional en diez cultivos gracias al uso eficiente del agua y las inversiones propias en tecnificación, por lo que la participación directa de su región es indispensable en cualquier reforma.

¿Qué quiere decir? Que hay buena voluntad, así como hay voluntad hoy de que se hagan bien las cosas, de que si algo se tiene que mejorar y que modificar se haga, pero con tiempo y con representatividad, porque mi estado es tan grande en territorio, pero también en su gente, es tan grande que las regiones no producen igual, son sumamente distintas, así que no me pueden decir que en un foro que se hizo en Zacatecas, ni siquiera en mi estado, me va a representar”, indicó.

Añadió que la petición es simple: tiempo, revisión a fondo y representación adecuada.

ALERTAN QUE CAMBIOS A LA LEY DE AGUAS DAÑAN A LA MINERÍA

Además del campo, el sector minero también identificó posibles afectaciones. La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que la iniciativa para modificar la Ley de Aguas Nacionales impactaría la construcción y operación de minas, especialmente en zonas montañosas donde se encuentran la mayoría de estos proyectos.

“La redacción que se considera para el Artículo 118, prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional, especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas. Eso afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables”, señaló el organismo.

La industria consideró que los cambios deben analizarse a profundidad, ya que el agua es un recurso clave tanto para la operación minera como para la transición energética que requiere minerales estratégicos.

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO LEGISLATIVO?

La reforma se discutirá este mismo día en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, productores agrícolas y organismos del sector minero insisten en que cualquier modificación a la Ley de Aguas Nacionales debe considerar:

• Las diferencias regionales del país
• El rezago histórico de trámites
• La necesidad de certeza jurídica
• La relevancia del agua para actividades productivas esenciales

Ambos sectores pidieron que la discusión continúe, pero con mayor tiempo, participación directa y revisión exhaustiva de cada artículo para evitar afectaciones futuras.

PUNTOS EN CONFLICTO

Algunos de los puntos de la iniciativa de reforma en materia de aguas presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en los que no están de acuerdo productores y campesinos.

• 1. Eliminar la transmisión de derecho de agua entre particulares.
• 2. Reasignar los volúmenes provenientes del derecho de explotación, uso y aprovechamiento de agua para uso agrícola y forestal.
• 3. Multas de hasta 5 millones de pesos.
• 4. Establecer cinco nuevos tipos penales que podrían resultar en penas de prisión de 6 años.
• 5. Que los Organismos de Cuenca expidan los títulos de concesión, asignación y permisos.