Nuevo sexenio, nuevos contratos de carbón, misma simulación Vanguardia.com.mx

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presumió recientemente la licitación para comprar carbón mineral “más diversificada en la historia reciente”, al asignar 27 partidas a diversos proveedores por 12 mil 239.
3 millones de pesos.
Sin embargo, una investigación hecha por Semanario refleja que tanto los beneficiados, las formas y fondo del proceso, siguen siendo las mismas: empresas de reciente creación beneficiadas, empresas de políticos, empresas o socios con antecedentes de muertes de mineros, opacidad y una eterna promesa de desarrollo para la región que nunca se ha cumplido en los hechos.
Si haces lo mismo para obtener un resultado diferente, no va a suceder, critica Cristina Auerbach, defensora de los derechos de los mineros del carbón e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
A Auerbach le sorprende que ninguna de las personas que intervienen en el proceso de la compra y venta de carbón mineral en Coahuila, hablen con los mineros del carbón o que jamás hayan puesto atención a los reclamos que han hecho tanto trabajadores como activistas.
Recuerda que cuando se fundó la PRODEMI, la extinta Promotora para el Desarrollo Minero que se encargaba de ser intermediario entre productores y CFE, los primeros contratos y pactos con la paraestatal hablaban de la misma manera que habla ahora la presidenta Claudia Sheinbaum o la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja.
“Vuelven a hablar de desarrollo”, resalta.
“Eso lo dijeron en 1990 con Salinas de Gortari cuando privatizó las empresas.
Que la privatización iba a ser para generar un polo de desarrollo.
Llevo viviendo 20 años (en la región Carbonífera).
Si observas estos pueblos, no hay cambios”.
Lo único que se ha modificado -recalca- es que los empresarios tienen más propiedades, gasolineras y más ranchos.
“Son ellos los que piden los contratos de carbón, no la gente”, dice la defensora de los mineros.
Y la respalda Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos y representante de la Organización Familia Pasta de Conchos: “El único que se beneficia es el dueño del pozo, el contratista.
Los trabajadores nunca alcanzan un beneficio”.
MINERAS CON NEGROS ANTECEDENTES Una revisión hecha por Semanario a las empresas beneficiadas recientemente con contratos de carbón encontró casos de mineras o socios que tienen antecedentes de haber sido responsables de siniestros y muertes de trabajadores.
En abril de 2024, por ejemplo, murió un minero en la mina de arrastre en el rancho Providencia, en Palaú, que correspondía a Carkim Industrial S.
A de C.
V, de Eduardo Morales, que resultó beneficiado con 356.
3 millones de pesos.
Por este caso se abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y según la Fiscalía de Coahuila el caso concluyó por perdón.
Sin embargo, Carkim Industrial S.
A de C.
V también fue utilizada por la Mina Micarán, donde fallecieron siete mineros en la comunidad de Rancherías en Múzquiz en junio de 2021, y vendió el sexenio pasado más de 110 millones de pesos en carbón.
Además, en 2022 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó una inspección (expediente 2341.
1S.
15.
00055.
2022) donde determinó que la empresa Carkim Industrial no elaboró un estudio geohidrológico para prevenir inundaciones como lo mandata la NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón.
En la resolución se informó que esta falta se considera grave porque “la conducta del patrón ocasiona un perjuicio a los trabajadores, toda vez que, al no sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y Reglamentos, se puede ocasionar un riesgo a la salud y la vida de los trabajadores”.
El centro de trabajo no tenía las condiciones para que los trabajadores realizaran labores en condiciones para salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas.
Esta situación se repite a lo largo de la zona y por eso la defensora Cristina Auerbach insiste que la región Carbonífera es una zona de sacrificio donde ha habido un factor preponderante que es el carbón, pues alrededor de él han organizado pueblos, vidas, empleos y ganancias.
Desde la tragedia de Pasta de Conchos donde murieron 65 mineros, se han contabilizado más de 120 muertes de mineros.
“Habrá muertos, y Claudia tendrá que asumir los suyos.
Como asumió Andrés Manuel López Obrador los de Pinabete que nadie va a olvidar que fueron suyos”, señala Auerbach.
Otro caso es el de Infraestructura Minera Catamco S.
A de C.
V, creada en 2017, y que ganó una partida por un importe total de 638.
7 millones de pesos.
Sus dueños actuales son José Raúl Rodríguez Espinoza y Melchor González Vélez.
Este último es dueño de la minera Beneficios Internacionales del Norte S.
A de C.
V.
, mejor conocida como BINSA, empresa responsable de un siniestro en 2011 en el pozo 3, donde murieron 14 trabajadores.
La empresa BINSA, por ejemplo, ya no presenta reporte de movimientos.
La dinámica en la región Carbonífera es conocida: los dueños de las empresas abren y cierran razones sociales para esquivar la justicia.
Otro ejemplo es Juan Adolfo García Estrada, quien fuera dueño de Minerales y Derivados de Nueva Rosita S.
A de C.
V, empresa beneficiada este sexenio con 644.
1 millones de pesos.
García Estrada después vendió sus acciones a Juan Adolfo García Gámez, su hijo, pero es dueño de Minera El Retoño S.
A de C.
V, empresa involucrada en un siniestro donde resultaron heridos dos mineros en 2018.
El 20 de septiembre de 2019 se registró una explosión en la mina de la empresa Fervim Ingeniería SA de CV que dejó a dos trabajadores heridos.
Esta empresa de Monterrey, Nuevo León obtuvo la partida por 355.
2 millones.
En su momento, la asociación Familia Pasta de Conchos expuso irregularidades alrededor de esta empresa minera, pues ambos trabajadores estaban dados de alta en otra empresa, de nombre Distribuciones Industriales del Noreste S.
A.
de C.
V.
(DINSA), que no tenía por objeto social la extracción de carbón, sino la distribución de aceites y lubricantes, y es propiedad de Enrique Cuervo, yerno de Fernando Mendoza Bernal, dueño de Fervim Ingeniería.
“Días después de ser dados de alta en la empresa DINSA, son acreditados por Fervim para el uso de explosivos en la mina.
Es decir, Fervim los acredita, pero son trabajadores de DINSA, a pesar del alto riesgo que conlleva el uso de explosivos”, señaló entonces la agrupación.
Y si no son antecedentes de siniestros, los hay de afectaciones al medio ambiente.
En 2015, la empresa Coal del Norte S.
A de C.
V.
fue sancionada con restricción de acceso al centro de trabajo minero Cloete Sur título número 161543, pues la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que se abrió un expediente por afectaciones al cauce del arroyo Cloete, según respuesta a una solicitud de información (folio 330009422000780).
Semanario documentó en 2022 que también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tenía registro de tres multas en 2017, 2018 y 2020 por un monto acumulado de 156 mil 670 pesos.
A pesar de ello, esta empresa propiedad de Urbano Gerardo Santos Múzquiz, quien fuera hace más de una década líder de la Unión Nacional de Productores del Carbón, y José María Rodríguez López, recibirá mil 284.
5 millones de pesos.
Tal vez por estos antecedentes, personas como Elvira Martínez de la Organización Familia Pasta de Conchos, desconfía y considera un retroceso la asignación de contratos.
Asegura que, aunque se comprometan a que realizarán inspecciones y supervisiones a las minas, en los hechos no es así.
“Los que vivimos en la región sabemos que siempre hay maneras de evadir todas las obligaciones que tienen los poceros, y al final el perjudicado siempre es el trabajador”.
LA MISMA REDLa presidenta Claudia Sheinbaum, al justificar la licitación, declaró que antes por inercia se venía comprando a uno o dos productores, y que eso hacía que esa compra se concentrara “en unas cuantas manos”.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empresas mineras vinculadas al diputado local Antonio “Tony” Flores Guerra y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, acapararon los contratos que sumaron más de 3 mil millones de pesos.
Para esta licitación, el diputado Flores Guerra cuestionó el procedimiento y señaló presuntas irregularidades.
Inclusive presentó un punto de acuerdo en el Congreso local para investigar el proceso, pero fue rechazado.
Cristina Auerbach recuerda que a CFE se le advirtió que Tony Flores no tenía minas y concesiones, que estuvo entregando tierra.
“Le cancelaron los contratos y estaba furioso.
Quería las 38 partidas y no le entregaron”.
Según el fallo de la CFE, la mayoría de los rechazos provinieron de la falta de cumplimiento en dos áreas críticas: la acreditación de la legalidad ambiental y minera del centro de extracción (MIA y verificación SGM) y la demostración de la calidad y capacidad logística (certificados EMA y capacidad de transporte).
“Ahora los propios productores de carbón pidieron que se ampliara, que pudieran ser muchos más los que participaran, para que pudiera ser mayor el beneficio, y eso fue lo que se hizo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al dar a conocer el resultado.
Pero esto no es del todo cierto.
De las 26 empresas beneficiadas, 15, es decir, el 58 por ciento, también les entregaron contratos el sexenio pasado.
Y si no directamente, sí a través de las mismas redes.
“Siempre son los mismos”, repite Cristina Auerbach.
Por ejemplo: el contador público, José Rodolfo Esquivel Lozano aparece como comisario de la empresa Minería Especializada Líbano S.
A de C.
V, Morales Mining S.
A de C.
V y Comercializaciones Industriales Dizna S.
A de C.
V, tres de las que recibirán contrato en esta administración.
El mismo personaje aparece como socio de Consorcio Minero A.
G y CIA.
S.
A de C.
V que recibió más de 280 millones de pesos el sexenio pasado.
Pero no es todo, el mismo personaje aparece también como comisario en la empresa CIA.
Minera El Pinabete, S.
A de C.
V, la empresa que, además de haber recibido una tajada de la CFE el sexenio pasado, explotaba la mina donde 10 trabajadores murieron ahogados en 2022.
Es decir, que una sola persona está conectada con cinco empresas, y todas ellas se han beneficiado en algún momento de los contratos con la paraestatal.
Fluorita de Múzquiz S.
A de C.
V de Miguel Ángel Fuentes Rodríguez, recibirá 357.
4 millones de pesos.
Pero esta persona también aparecía como dueño de Desarrollos Mineros GH, S.
A de C.
V, nueva empresa beneficiada en este sexenio con 359.
3 millones de pesos.
De hecho, la empresa se llamaba Desarrollos Mineros Fuentes y modificó el nombre a Desarrollos Mineros GH en 2024.
En 2024, Miguel Ángel Fuentes Rodríguez cedió sus acciones a favor de Gerardo Hernández López, quien era el representante de la empresa.
Infraestructura Minera Catamco S.
A de C.
V fue creada en 2017 por Abel Alvarado Tijerina, Jaime Torres Delgado y Melchor González Vélez, aunque después de una venta de acciones, los dueños actuales son José Raúl Rodríguez Espinoza y Melchor González Vélez.
Sin embargo, el comisario de la empresa es Juan Salvador García Luna Vargas, quien en el sexenio pasado ganó contratos como accionista de Desarrollos Carboneros Mexicanos y formaba parte del órgano de vigilancia de Beneficios Carboneros AJ, también beneficiada el sexenio pasado y cuyo dueño principal es Régulo Zapata Morales, hijo del exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata Jaime.
No es solo esto.
La red se amplía al verificar domicilios.
Por ejemplo, el domicilio de Infraestructura Minera Catamco, Ocampo 2380 Poniente en la colonia Gobernadores de Sabinas, es el mismo que presentó ante la CFE la Compañía Minera Huajicari S.
A de C.
V, una empresa originaria de Nayarit que en 2025 cambió su domicilio a Saltillo, y está relacionada con la familia Guadiana.
En 2021, una investigación de Quinto Elemento Lab documentó que el SAT perdonó adeudos fiscales a esta empresa, hoy beneficiada por CFE.
Para la activista Cristina Auerbach, lo “terriblemente triste” es que no importa quién gobierne, pues al final, en todos los niveles, quienes se imponen son las empresas.
EMPRESAS EXPRÉSAl igual que hace seis años, en este sexenio también hay registro de empresas de reciente creación o que antes se dedicaban a otra actividad económica.
Casos como el de Arcus Multiservicios Del Norte SA de CV, creada en 2023 por Abraham Sánchez Gómez y Antonio Gabriel Grimaldo Morales, en un inicio se dedicaban a la comercialización de materias primas para el comercio y hasta 2025 se registró el cambio de objeto social donde se incluyó la exploración, explotación, extracción y comercialización de carbón mineral.
Esta minera de reciente creación recibirá 359 millones de pesos.
Freelight Energías Renovables SA de CV se creó en 2019 y en 2022 cambió el objeto social de la empresa.
Recibirá 161.
3 millones de pesos en este contrato.
Otra empresa es Malcasa S.
A de C.
V, creada apenas en 2021 por Flor Malinali de la Fuente Jaspersen y su hija de 24 años, Viviana Carolina González de la Fuente.
Apenas en 2025 cambiaron el objeto social de la empresa para incluir rubros relacionados con la explotación y comercialización de carbón mineral, es decir que previamente no tenían experiencia.
A pesar de esto, recibirá 642.
3 millones de pesos.
Otra minera debutante es Corporativo Basaoc SA de CV, creada para Jesús Arnulfo Vera Martínez y Milena Ana Karen Vásquez Rodríguez apenas en 2023, pero en 2025 vendieron la compañía a Óscar Eduardo Murillo Castañón y María de los Ángeles Gómez Aguirre.
Esta nueva minera ganará mil 759.
9 millones de pesos, la más beneficiada del contrato.
“Lo mismo de siempre, empresas de nueva creación, con los nombres de los anteriores, siempre son los mismos”, señala la activista Cristina Auerbach.
La CFE en su comunicado aseguró que se consideraron 247 productores nacionales e internacionales.
Y tanto autoridades locales como federales presumieron que se beneficiarán pequeños, medianos y grandes productores.
Sin embargo, Auerbach destaca que la minería no es para pequeños empresarios, pues instalar una buena mina es costosa.
De hecho, la misma Ley de la Comisión Federal de Electricidad dice en su artículo 85 que se deberán considerar requisitos como la capacidad técnica y financiera para la ejecución del proyecto, situación que se complica para pequeños productores.
“Hablan en diminutivo como si fueran a hacer mermeladas caseras”, critica Cristina Auerbach.
Y asegura que los contratos por 100, 200 millones de pesos, no alcanzan para poner una mina segura, sino para que los empresarios estén de carroñeros.
“Es el modelo de desarrollo de la 4T, igual que el de todos los anteriores gobiernos”.
La minería en los pocitos es la más riesgosa que puede haber porque es donde menos se invierte en seguridad, dice Elvira Martínez, viuda de Pasta de Conchos e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos.
“Se habla de que son los pequeños empresarios y lo que veo es que con eso alientan a que se siga trabajando en esas condiciones, con ese método.
Por qué no darles a empresas que pudieran tener establecida mejor la seguridad”, cuestiona.
LOS MISMOS DE SIEMPRESi en el sexenio pasado los políticos beneficiados con contratos de carbón estaban ligados a la familia Flores Guerra, ahora el apellido cambia, pero de igual forma empresarios con raíces políticas son los más favorecidos.
Energía Mineral S.
A de C.
V es una empresa ligada al exgobernador Rogelio Montemayor.
La empresa estaba a nombre de sus hijos, pero en 2025 cedieron las acciones a Pamela Tatum Garza, esposa de Edmundo Montemayor, y su hijo, Andrés Montemayor Tatum.
Esta empresa resultó premiada con una partida de 350 millones 588 mil pesos.
Otro caso son los vínculos mineros del actual alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren.
Comercializaciones Industriales Dizna S.
A de C.
V, creada en 2015 por Sergio Armando Díaz Iribarren y Rodrigo Chapa Navarro Chapa -este último después vendió acciones a José Feliciano Díaz Iribarren, “Chano”-, fue beneficiada con 642.
2 millones de pesos.
“Chano” Díaz vendió en 2023 su participación a sus hermanos Sergio Armando y Lucio Díaz Iribarren.
El mismo “Chano” Díaz aparecía como accionista de SCI Edificaciones SA de CV, creada en 2012 y modificado su objeto social en 2020.
El 31 de diciembre de 2024, un día antes de asumir la presidencia municipal, “Chano” Díaz vendió sus acciones a Alicia Elizabeth Fragoso Salcedo, una proveedora del gobierno estatal y de la Universidad Autónoma de Coahuila, de acuerdo con una nota de Proceso.
Inclusive, antes de convertirse en una empresa minera en este sexenio, esta compañía realizaba obra civil para el gobierno estatal y federal.
En 2018 fue contratada por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo el Centro Coahuila, entonces de Jesús María Montemayor Garza, actual secretario de Desarrollo Rural, para realizar trabajos de conservación de tramos carreteros en Coahuila por 3.
7 millones de pesos.
Siete años después, en lugar de arreglar carreteras, explotará y comercializará carbón.
El mismo domicilio que tenía como empresa proveedora del estado de Coahuila, es el mismo domicilio que otorgó a la CFE.
De acuerdo con el comunicado 009/2022 de la STPS por el caso de la mina El Pinabete, el 22 de febrero de 2022 CIA Minera El Pinabete S.
A de C.
V intentó ceder los derechos en favor de SCI Edificaciones S.
A.
DE C.
V.
, trámite que fue denegado por la Dirección General de Minas por no presentar el contrato original y la copia certificada, por no encontrarse certificado el contrato ante notario y por actuar el representante de la empresa a nombre propio y no a nombre de la empresa.
Otro Iribarren, Javier Iribarren Balderrama, posee la Minerales La Florida S.
A de C.
V, que obtuvo este sexenio una tajada de 901.
2 millones de pesos y Carlos Simón Morales Iribarren, tío de Régulo Zapata Morales, es accionista de Morales Mining S.
A de C.
V que será beneficiada con 639.
1 millones de pesos.
Además de las conexiones entre empresas, otro punto importante es la falta de información sobre la ubicación de los centros de trabajo, pues en los documentos públicos la CFE no da a conocer las coordenadas donde se supone que va a estar la mina.
“No estamos pidiendo que nos digan quiénes son, ya sabemos quiénes son.
Pero si puedes ver las coordenadas, puedes saber dónde está ubicada la mina.
La CFE hace como que publica todo, pero no publica nada.
Ahora hicieron un solo contrato para todos, no está la información que se reportaba antes”, señala Cristina Auerbach.
EL FALSO DESARROLLOAl darse a conocer el esquema de compras de carbón, las autoridades, tanto federales como estatales, presumieron que el “nuevo” programa reactivará la economía de la región.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el modelo generará derrama económica a más familias y comunidades mineras de la región.
El gobernador Manolo Jiménez dijo que este contrato permitirá el desarrollo y consolidar un programa para reactivar económicamente la región.
El problema es que las autoridades entienden como polo de desarrollo que se generen empleos sin importar de qué tipo, señala Cristina Auerbach de la Organización Familia Pasta de Conchos.
“No importa de qué tipo de calidad, y no importa a qué costo humano.
Con que se generen empleos ya significa que es un polo de desarrollo.
Es absurdo pensar lo mismo”, critica.
Las autoridades y empresarios utilizan la palabra desarrollo como una muletilla para justificar seguir sacrificando en esta zona, asegura la activista.
“Todos han hablado de desarrollo, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Claudia Sheinbaum.
Yo llevo 20 años y no veo que cambie nada”.
Auerbach cuestiona que cuando han parado los contratos de carbón no ha habido manifestaciones de los mineros.
“Nadie se murió de hambre como ellos (empresarios) dicen.
Es una vil mentira que esta región siga dependiendo del carbón como hace 10 o 20 años si cuando las minas paran nadie reclama”.
Elvira Martínez asegura que si no hay trabajo en las minas los trabajadores no se quejan como los empresarios.
El minero emplea sus conocimientos en plomería, electricidad, albañilería, soldadura.
“Los que se quejan son los empresarios, que no saben hacer otra cosa que extraer el carbón y enriquecerse”, apunta la viuda de Pasta de Conchos.
Martínez, que ha vivido toda su vida en la región, constata que no hay desarrollo.
“Seguimos igual”, lamenta.
“No hay progreso ni nada”, y lamenta que, a pesar de las altas incidencias por males respiratorios a causa del carbón, no existan más hospitales o una clínica especializada en neumología.
Auerbach recuerda que la PRODEMI tomó mucho dinero cuando existía y jamás hizo nada por los pueblos, a pesar de que uno de sus objetivos, supuestamente, era el desarrollo y la creación de acciones para el fortalecimiento y modernización de las actividades mineras en el estado.
“Los pueblos están igual”, recalca la activista.
Para Cristina Auerbach se trata del último contrato de carbón, pues pronostica que las carboeléctricas se van a apagar y nadie “les va a hacer otro juguetito de esos”.
En los últimos cinco años, la generación de electricidad en las carboeléctricas representó menos del 5 por ciento de la generación bruta total en el país, según datos del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía.
Sin embargo, la activista advierte que ahora las autoridades andan “encandilados” con hacer fracking.
Y expresa su incredulidad ante el hecho que sobre una “zona de sacrificio”, pretendan hacer otra.
“No se puede seguir sacrificando en nombre de la soberanía y con el horizonte que algún día vas a generar desarrollo”.