Más de un centenar de autodefensas en el país Sol Yucatán
José SÁNCHEZ LÓPEZ
Tras lo ocurrido recientemente en el municipio de Oteapan, Veracruz, cuyo nombre en náhuatl significa, irónicamente, “camino al pozo”, volvió a evidenciarse la existencia de más de 50 grupos de autodefensa en la República Mexicana, principalmente en 12 estados y con ello, el riesgo de una mayor violencia generalizada, toda vez que algunos de ellos han sido infiltrados por el crimen organizado, señaló el experto en seguridad, Sergio Aguayo Quezada.
El también politicólogo y analista, añadió que si bien por ahora no hay indicios que sugieran levantamientos armados en México, la ausencia de gobierno para pueblos y comunidades ha provocado la proliferación de grupos armados en todo el país, y ante el descontento generalizado por la rampante inseguridad, podría suscitarse una situación más grave, pues es un caldo de cultivo en el que organizaciones criminales pueden aprovecharse de las circunstancias.
Asimismo, informes de inteligencia de Defensa hackeados por Gacamaya Leaks, revelan que existen poco más de 50 grupos de autodefensas bajo el sistema de policía comunitaria en México, los cuales operan principalmente en localidades de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Estado de México, y Veracruz y de ellas, sólo 10, que operan en Morelos (seis), Michoacán (tres) y Tabasco (uno) se han institucionalizado.
Pobladores de municipios pequeños, rurales y hasta de colonias clase medieras han creado grupos de autodefensas que, ante un claro vacío de autoridad, se han visto en la extrema necesidad de armarse para proteger sus tierras, hogares y comunidad.
Según antecedentes, la primera guardia comunitaria surgió el 24 de febrero de 2013 en La Ruana, municipio de Michoacán, donde los civiles armados, liderados por Hipólito Mora Gómez, un ganadero y agricultor de la zona, se organizaron para defender su territorio del Cártel de Los Caballeros Templarios.
Hipólito Mora fue emboscado y asesinado a tiros el 29 de junio de 2023, junto con tres guardaespaldas, en la localidad de La Ruana, denominada oficialmente como Felipe Carrillo Puerto; sin embargo, las autodefensas siguen vivas en dicho lugar.
Ahora son encabezadas por José Guadalupe, hermano de Hipólito, quien ha reclamado que las autoridades en La Ruana, encabezadas por Morena, no responden a los llamados de auxilio ni ayudan a la población ante la violencia, “y seguramente voy a terminar como mi hermano, pues el gobierno no nos hace caso”, dijo en una entrevista.
Al paso del tiempo, llegaron a ser 32 grupos armados; sin embargo, de éstos ya sólo quedan tres en los municipios de Coahuayana, Chinicuila y en la comunidad indígena de Ostula. Los demás se convirtieron en policías municipales, se diluyeron o se fueron a las filas del crimen organizado.
Entre los fundadores de los grupos de autodefensa, algunos de los cuales cambiaron de ideales al paso del tiempo, figuraron: en prImr término el citado Hipólito Mora Gómez, Juan José Farías Álvarez alias El Abuelo, José Manuel Mireles Valverde, Luis Antonio Torres González, El Americano, y Estanislao Beltrán, Papá Pitufo.
Actualmente, de acuerdo con un informe de la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz, el estado de Guerrero es el que cuenta con más civiles armados: se habla de 23 grupos de autodefensas que operan en 70% del territorio.
Varios de estos grupos mantienen confrontaciones entre sí, por el control de los territorios; otros están señalados por las autoridades de haber sido infiltrados por organizaciones criminales o de ser solamente fachadas de criminales.
En Guerrero, el surgimiento de grupos de autodefensas se dio la madrugada del 5 de enero de 2014, en Ayutla y Tecuanapa, municipios de la Costa Chica, cuando cientos de pobladores esbozados, con armas de grueso calibre y machetes en mano, montaron guardias sobre la carretera federal para, según dijeron, detener a los criminales más buscados de la región.
Al grupo lo llamaron Policía Ciudadana de la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Actualmente operan en 25 de los 81 municipios del estado y de esta organización han salido otros grupos como el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), con el que mantienen una confrontación por el corredor que comienza en Chilpancingo, pasa por Tierra Colorada y termina en Acapulco.
El gobierno de Guerrero considera a 20 municipios como de alto riesgo por los índices de violencia; en la mayoría de ellos se detecta la presencia de grupos de autodefensas, entre éstos, Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo y Chilpancingo.
El único grupo de civiles armados reconocido en la entidad por las autoridades y que no entra en el grupo de 23 antes señalados, es la Policía Comunitaria de la CRAC que se fundó hace casi 24 años en el municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica.
A fines de agosto pasado, al menos 85 comunidades indígenas mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, ubicado en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas, para exigir justicia por el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que fueron emboscados el pasado 17 de agosto en el poblado de El Cortijo.
En Morelos, hay al menos seis policías comunitarias que operan en el norte del estado y acordaron trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y la 24 Zona Militar.
Por ejemplo, en Nepopualco, poblado de Totolapan, los comuneros que durante varios meses instalaron retenes de vigilancia en puntos estratégicos, acordaron con mandos castrenses trabajar en coordinación.
Otros grupos comunitarios con presencia en los municipios de Zacualpan de Amilpas, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan y Atlatlahucan también se reunieron con autoridades estatales y se comprometieron a trabajar en coordinación.
En Tabasco, luego del secuestro y asesinato de dos niños en el Plan Chontalpa, habitantes del poblado C-31 del municipio de Huimanguillo crearon un grupo de vigilancia y montaron retenes; sin embargo, los retiraron luego de un diálogo con las autoridades.
En siete municipios de Veracruz existen grupos de autodefensas, pero el gobierno no quiere reconocerlo. Desde 2014 Veracruz ya tenía dos autodefensas. Un grupo rural y uno urbano. El gobierno aseguraba que no había delincuencia.
En Xalapa, hay un barrio que se llama La Palma en el que vecinos tuvieron que armarse con palos, machetes y piedras para defender sus hogares del robo a casa-habitación que se volvieron comunes.
Este barrio está ubicado en una de las zonas más pobres de la capital del estado, los líderes que tomaron predios para la construcción de esos conjuntos habitacionales mantienen hostilidades y en las colonias vecinas han adoptado a nueva gente para seguir habitando la zona, muchos de ellos completos desconocidos.
Entre la inseguridad, se reportan muchos casos de acoso a menores y robos de pertenencias. Ante la pasividad de autoridades y líderes, han conformado una organización que se comunica por WhatsApp para salir a cazar a los delincuentes.
Tamaulipas también tiene civiles armados con el nombre de Columna Cívica Pedro José Méndez. Tiene su sede en el municipio de Hidalgo y presencia en otras varias alcaldías.
La amenaza de linchamiento está más que presente en el valle de Toluca, Estado de México. Decenas de mantas se alzan en municipios como Metepec, Almoloya de Juárez, Lerma, Ocoyoacac, Zinacantepec y Mexicaltzingo, para advertir a delincuentes que, en caso de ser capturados por vecinos, serán linchados.
Al igual que en Xalapa, vecinos de las colonias circundantes se comunican para alertar sobre la presencia de sujetos sospechosos. Incluso las campanas de las Iglesias sirven como alarmas y, sin esperar que lleguen las autoridades, actúan.
Los principales delitos a los que se enfrentan son robo a transeúnte, cristalazos, incursiones a vivienda y extorsión
La ciudad de León, Guanajuato, tampoco se salva de la ola de violencia que azota el país, no se trata sólo de delitos del fuero común, sino que han habido reportes de delitos del fuero federal a partir de hallazgos de miembros humanos en bolsas.
En dicha entidad, los cárteles de Jalisco y el de Santa Rosa de Lima, han sostenido una permanente guerra que ha obligado a los guanajuatenses a ser ellos mismos los que se organicen para protegerse.
Otro estado convulsionado por las confrontaciones entre cárteles de droga por el control de los territorios, clave para el contrabando, es Michoacán, la población que habita en los municipios de tierra caliente han vivido desplazamientos, aislamiento y son blanco de reclutamiento forzado al servicio del narco.
En las regiones aguacateras de Uruapan, Tancítaro, Los Reyes, Peribán, Ario de Rosales y Salvador Escalante, los cárteles locales han echado mano del secuestro y extorsión contra productores, quienes llevan años pagando para no ser privados de su libertad o asesinados.
A pesar de la extensa documentación de casos y las infinitas demandas por seguridad, las autoridades de los tres niveles de gobierno se han visto rebasadas.
Es en este contexto que los grupos de autodefensa han cobrado fuerza, para lo cual se armaron e instalaron barricadas para impedir el paso de criminales a por lo menos 20 pueblos. La estrategia ha funcionado a medias en esa región donde siguen operando al mismo tiempo las organizaciones criminales y grupos de civiles armados que cuidan sus caminos, carreteras y huertas.
En cuatro comunidades indígenas del municipio de Los Reyes, operan desde 2013, pobladores armados que formaron las Rondas Comunitarias para defenderse de los grupos criminales.
Los Pueblos Unidos, grupo de reciente creación, cuentan con más de 3 mil hombres para cuidar 54 barricadas instaladas en los municipios de Ario de Rosales, Taretan, Nuevo Urecho y Salvador Escalante.
Cerca de mil hombres vigilan los principales accesos a 20 comunidades en turnos de 12 horas; de las 54 barricadas instaladas, al menos 10 cuentan con fortines de piedra volcánica y concreto; están armados con AK-47, AR-15 y pistolas de uso reservado al Ejército.
En Tijuana, Baja California, se presenta el mismo caso que en Xalapa y Toluca. Las mantas de vecinos vigilantes que linchan sin previo aviso, están colocadas con la esperanza de disuadir a criminales de cometer cualquier tipo de delitos con tal de conseguir droga o dinero para comida, ya que, de la cárcel municipal preventiva, ladrones y drogadictos son encerrados y liberados en tan solo 24, 48 o 72 horas.
En el estado de Nuevo León, la Guardia Ciudadana Vistas Terranova, surgió como respuesta ciudadana ante la omisión de las autoridades que no han sido capaces de garantizar seguridad a la población.
Así, bajo ese contexto, mientras los gobiernos estatales y municipales se muestran omisos y las autodefensas, convertidas ya en grupos armados, proliferan en el país, las organizaciones criminales aprovechan las circunstancias para infiltrarlas y engrosar sus filas.
Más deuda y el desmantelamiento de la salud pública…
*El Paquete Económico 2026 confirma lo que ya era evidente: la promesa de disciplina fiscal se convirtió en letra muerta. El gobierno pospone la consolidación fiscal, mantiene ingresos relativamente estables y aumenta el gasto, sobre todo en dos rubros: las transferencias a Pemex y los programas sociales que Morena utiliza como herramienta electoral.
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