Golpe de Tecla Sol Yucatán
Por Noé Zavaleta/La Opinión de México
La promesa de disciplina fiscal se convirtió en letra muerta. El gobierno de la cuarta transformación de Claudia Sheinbaum Pardo pospuso la consolidación fiscal, mantiene ingresos relativamente estables y aumenta el gasto, sobre todo en dos rubros: las transferencias a Pemex
Sin embargo, desde 2019, Pemex ha recibido 2.4 billones de pesos en apoyos federales. El nuevo Plan Estratégico promete que para 2027 la petrolera no necesitará más rescates, pero sus propios balances proyectan pérdidas hasta 2031. Es decir, otra mentira envuelta en cifras alegres.
Mientras tanto, la deuda pública sigue creciendo: cada mexicano cargará en promedio con 151 mil pesos de deuda. No se trata de inversión en salud, educación o seguridad. Se trata de deuda para pagar deuda… y para rescatar a Pemex. Cada ciudadano, además de los intereses de la deuda (11,696 pesos), destinará 1,960 pesos adicionales a la petrolera.
El reparto del gasto en 2026 refleja con claridad las prioridades:
•21% transferencias a estados y municipios
•21% ramos administrativos
•18% salud
•13% seguridad social
•12% deuda
•11% empresas públicas
Lo grave no es solo que se aumente la deuda —52.3% del PIB en 2026—, sino que al mismo tiempo se reduzca la inversión en sectores estratégicos. El presupuesto de salud es víctima de un recorte brutal: 113 mil millones menos en 2026, justo cuando 44.5 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios médicos.
A esto se suma una reestructuración peligrosa: la Secretaría de Salud pasará de 27 a 16 programas, eliminando 11. Programas clave como Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes; Vigilancia Epidemiológica; y Prevención y Atención del VIH/SIDA e ITS serán absorbidos por un “súper programa” de Política de Prevención y Control de Enfermedades. Una estrategia que en apariencia busca “ahorros”, pero en la práctica significa debilitar la capacidad de respuesta sanitaria y diluir la atención específica a problemas graves y crecientes.
Los riesgos son evidentes:
•La vigilancia epidemiológica, que es la primera línea de defensa contra epidemias y brotes (como el COVID-19), quedará relegada a una bolsa general.
•La atención a la obesidad y la diabetes, que cada año cobran más vidas en México, perderán prioridad.
•El combate al VIH/SIDA retrocederá décadas, al ser invisibilizado en una estructura burocrática indiferente a las necesidades de los pacientes.
Como si esto fuera poco, se mantiene el programa “Salud Casa por Casa” bajo control de la Secretaría del Bienestar y los Servidores de la Nación, con 5 mil millones de pesos en 2025. Un programa con lógica electoral, no sanitaria, donde médicos y enfermeras denuncian falta de pago, equipos y contratos. En otras palabras: más dinero para operadores políticos, menos para hospitales y medicinas.
El contraste es insultante: mientras se recortan recursos a la salud pública, se destinan más millones al Tren Maya, un proyecto que corre vacío y que jamás será prioritario frente a salvar vidas. La ecuación es clara: prefieren cemento y fierros que la salud de los mexicanos.
A todo esto hay que sumar un castigo adicional a la ciudadanía: el impuesto a los intereses bancarios pasará de 0.50% en 2025 a 0.90% en 2026, golpeando directamente a los ahorradores. A esto se añaden más impuestos a refrescos, cigarros, videojuegos y apuestas, mientras los aranceles prometen más inflación.
En resumen, el Paquete Económico 2026 es un golpe directo a la gente:
•Castiga a los ahorradores.
•Recorta a estados, municipios, campo, educación y cultura.
•Desmantela la salud pública.
•Duplica la deuda en solo siete años de gobierno morenista.
Los mexicanos merecemos el uso responsable de las finanzas públicas; una evaluación real de programas sociales y no un alto al endeudamiento que hipoteca el futuro de México.
Porque lo que este paquete nos ofrece no es un futuro sostenible, sino un presente hipotecado.
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