Desaparecidos y política

Actualmente, se estima las desapariciones forzadas en México ascienden a 117,295 personas y 10,184 no localizadas. Cifra mayor a la de cualquier país latinoamericano. Las edades más afectadas varían entre 15 y 34 años. La mayoría son hombres, aunque es creciente el número de mujeres. Las causas son variadas, desde la actuación de fuerzas de seguridad, reclutamiento forzado de cárteles, diversas modalidades del crimen organizado, entre otros. La impunidad es casi absoluta. Familiares y comunidades se han organizado en la búsqueda de sus seres queridos por años, con poco respaldo de las autoridades. Es un drama que afecta al país y los casos como el del Rancho Izaguirre develan la gran crueldad que prevalece contra las víctimas.

El Comité de la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha solicitado al Estado Mexicano informes sobre el combate a este delito. Como miembros de la Naciones Unidas estamos obligados a rendir informes periódicos obligatorios, cada 4 años. Se han presentado hasta 2025, tres revisiones formales, 2015, 2018 y 2023, con observaciones de las que se desprenden recomendaciones. Sin embargo; se han cumplido parcialmente con los compromisos que asumió nuestro país. Como fue la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2017. Para investigar si las desapariciones son “generalizadas o sistemáticas” en abril de 2025, la CED tras recibir más de 65 acciones inmediatas, activó nueva investigación y se solicitó al país una respuesta, la cual fue en términos de que rechaza cualquier responsabilidad estatal directa en investigaciones. Ante la gran impunidad la CED pide una política nacional integral de prevención y erradicación.

Consultora Solidaria, que agrupa diversas organizaciones de búsqueda de desaparecidos informó a la CED en la última investigación, que el número de personas condenadas por tribunales no son representativas de las desapariciones, que éstas se realizan de forma sistemática y generalizada y solicitaron llevar a la Asamblea esta cuestión con carácter de urgente para que se instale una Comisión de Esclarecimiento Histórico, que recomiende las acciones pertinentes para encarar el fenómeno, detener las desapariciones e identificar los restos óseos para devolverlos a familiares y determinar las causas de la muerte a fin de llevar ante la justicia a los presuntos homicidas.

Se solicita llevar a la Corte Penal Internacional la información recabada por el Comité para aplicar el artículo 34 de la Convención, en el caso mexicano, para iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad. Si bien esta es la posición de los grupos de buscadores, el Estado Mexicano no ha logrado demostrar que las desapariciones forzadas no son sistemáticas y generalizadas, aún cuando sigue el proceso con el CED.

Sin embargo; ya el Presidente de la CED anunció que el Comité había decidido activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención, con respecto a la situación en México. La decisión se tomó por consenso, conforme la información proporcionada por México desde 2014. Es decir, no contamos con una política que combata y frene las desapariciones forzadas en nuestro país, llevadas a cabo por distintas organizaciones de diversos giros criminales o no. No hay prevención, no hay una debida investigación, no hay medidas cautelares y de las familias de desaparecidos con apoyo en búsquedas, aspectos legales, médicos y psicológicos.

La aplicación dl artículo 34 de la Convención es de inusual aplicación, pero lo cierto es que desde 2000 no se ha logrado estructurar una política para frenar desapariciones forzadas, que se han incrementado sustancialmente desde 2018. Hay muchos rumores, que si en lugar de encontrar cadáveres son mejores prácticas delincuenciales ocultarlos. Que si así bajan estadísticas sobre criminalidad, que si la demanda de tráfico humano ha crecido internacionalmente, en fin, muchas afirmaciones sin sustento.

Lo real es que enfrentamos una crisis de desapariciones forzadas, de tal magnitud, que la ONU ha decidido intervenir para tratar de ayudar al Estado Mexicano en reforzar medidas que frenen este delito. Es muy vergonzoso para los mexicanos estar en esta situación. Donde las personas simplemente desaparecen y sus familiares no tienen idea si viven o mueren, vivir con la duda los mata. Ser el país con mayor número de denuncias y con gran impunidad refuerza la certeza de que el Estado Mexicano no ejerce su soberanía sobre el territorio nacional, que no hay autonomía estatal y que el avance del autoritarismo traerá cada vez más, mayor dolor humano. Cuan bajo vamos cayendo, porque si no luchamos contra las desapariciones, dejamos que la impunidad prevalezca, poco a poco habrá más ausencias y menos transparencia. El ejercicio de la libertad, de la crítica, los derechos humanos están amenazados.

La democracia requiere de un sistema de partidos. Su fortalecimiento es básico, pese a errores y corrupción. Hoy surgen nuevas tendencias. La del PAN que retoma sus raíces históricas, abre las puertas a la militancia partidista, y rechaza la posibilidad de formar un Frente Amplio Opositor mediante alianzas. Su relanzamiento ha sido criticado porque muchos piensan que dividir es aportar a Morena y su hegemonía. Otros aplauden porque realmente creen que pueden crecer más sin alianzas y ser un interlocutor con el gobierno. Que por cierto, no dialoga, somete. Ya el PAN eligió su camino y veremos los resultados en 20 meses, ojalá entusiasme. La oposición jugará sus cartas en sus regiones de influencia, para conformar posibles victorias y quizá actuar conjuntamente tras la elección. Pero falta un detalle, ¿Cómo conformará Morena la nueva Reforma Electoral? ¿Qué piensan el PVEM y el PT? Aún hay camino por recorrer.

Por lo pronto en la Cumbre de las Américas, México se alineó con Cuba, Nicaragua, Venezuela. Se aparta de la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia y del Corina Machado y el Premio Nobel de la Paz. ¿qué sucederá en la ONU y su Asamblea cuando se presente el caso México bajo el artículo 34?