Dictaron prisión preventiva para el ex fiscal general de Bolivia, acusado de proteger al narcotráfico
Un juez ordenó el sábado la detención preventiva por 180 días del ex fiscal general de Bolivia Roger Mariaca, investigado por una presunta organización criminal que, según el Gobierno de Rodrigo Paz, protegía al “narcoterrorismo” en el país. La medida se conoció al cabo de una audiencia cautelar que superó las 15 horas.
El magistrado Juan Carlos Montalban dispuso el traslado de Mariaca a la cárcel de Cantumarca, en Potosí, según informó el fiscal del caso Edwin Sarmiento. La causa también alcanza al ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien cumplirá prisión preventiva por el mismo plazo en el penal de El Abra, en Cochabamba. El fiscal superior Martín Irusta irá a la cárcel de Patacamaya, en el altiplano de La Paz. Un mayor de la Policía, también imputado en el expediente, recibió una medida de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Los cuatro sospechosos fueron detenidos el miércoles y permanecían desde entonces en instalaciones de la fuerza antidrogas en El Alto, ciudad vecina de La Paz. La Fiscalía les atribuye los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Las capturas ocurrieron dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos revocara los visados de Mariaca, Zeballos e Irusta. Washington los incluyó en una lista de altos cargos y ex funcionarios de tres países acusados de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.
El Parlamento aprobó el viernes una reforma a la Ley de Organización del Ministerio Público que habilita la “suspensión definitiva” del fiscal general cuando exista una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos con penas de prisión. El presidente Rodrigo Paz promulgó la norma de inmediato.
Tras la entrada en vigencia de la reforma, el Legislativo destituyó a Mariaca y luego designó al abogado José Armando Urioste como fiscal general interino. Urioste, letrado de profesión con 35 años de una trayectoria, asumirá el lunes y continuará en el cargo hasta que los legisladores elijan a un nuevo titular mediante el mecanismo previsto en la Constitución.
“Tenemos que afrontar un tema muy duro en la Fiscalía General, que es una Fiscalía que estamos recibiendo con muchos cuestionamientos, una Fiscalía manchada. Y el desafío es limpiar ese Ministerio Público y dejar un Ministerio Público transparente, eficaz y que sirva a la sociedad”, sostuvo Urioste.
El abogado afirmó que el Ministerio Público se convirtió “en un brazo extorsivo” y de “encubrimiento” de delitos, y anunció una auditoría jurídica sobre el funcionamiento de la institución. En ese sentido, sostuvo que deberá asumir sus funciones en un contexto de resistencia interna tras la destitución del fiscal general Roger Mariaca. “Ingresaré prácticamente a un campo de guerra”, afirmó, al señalar que “se ha acuartelado en el Ministerio Público mucha gente dependiente” del anterior titular.
El jurista anticipó una revisión de las actuaciones administrativas y judiciales en curso. “La idea es que quede gente que es idónea y los que no responden a esa idoneidad que es necesaria en el Ministerio Público tienen que abandonar este trabajo”, agregó.
El Gobierno de Paz sostiene que Mariaca tenía antecedentes de protección a la estructura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general, en octubre de 2024.
En julio de 2023, cuando Mariaca dirigía la Fiscalía de Santa Cruz, Marset escapó de un operativo para detenerlo en esa región. El uruguayo permaneció prófugo hasta marzo pasado, cuando otra operación, sin intervención de la Fiscalía, derivó en su arresto y posterior envío a Estados Unidos, donde está preso.
El nombre de Marset reapareció tras la detención de Mariaca por un video en el que el uruguayo supuestamente lo define como su “amigo”. La autenticidad de las imágenes no fue comprobada.
(Con información de EFE)
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