Consejería jurídica, rehén político Sol Yucatán
- Sofía Karine Rodríguez González, hija de José Eduardo Rodríguez Acosta, ocupa un cargo en el gobierno estatal como directora de Vinculación en la Consejería Jurídica, posición que consiguió, según fuentes internas, con un perfil “inventado”.
- Rodríguez González presume tener “vara alta” por encima del titular Gaspar Alemañy, y se le señala por haber colocado a varios familiares y amigos en jefaturas.
Redacción/Sol Yucatán
La limpieza en la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) comenzó. El director del organismo, Jacinto Sosa Novelo, emprendió una barrida contra los actos de corrupción y entre los primeros destituidos se encuentra José Eduardo Rodríguez Acosta, quien se desempeñaba como jefe de asuntos foráneos y acumulaba una larga lista de denuncias por extorsión, cobros ilegales y fraudes cometidos desde distintas posiciones públicas y sindicales.
Rodríguez Acosta no es un desconocido en el ámbito político ni sindical. Actualmente funge como secretario general de la Unión Sindical de Taxistas de Mérida “Taxi Plus”, y anteriormente formó parte de la planilla de Rommel Pacheco Marrufo, como regidor suplente del panista Julio Itzá Martín. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por señalamientos de corrupción que lo persiguen desde hace casi dos décadas.
De acuerdo con una denuncia presentada por el sindicato de taxistas foráneos, Rodríguez Acosta exigía pagos ilegales a los choferes a cambio de permitirles “libre circulación”. Las cantidades, según testimonios, iban desde mil hasta varios miles de pesos por vehículo, bajo la excusa de que eran “órdenes directas” del propio Jacinto Sosa y de Joaquín “Huacho” Díaz Mena.
Los denunciantes afirman que el exfuncionario utilizaba su cargo en la ATY para amedrentar y extorsionar a taxistas de diversas agrupaciones, asegurando tener “influencias” en las altas esferas del gobierno. Las quejas se multiplicaron en los últimos meses hasta que finalmente se ordenó su salida inmediata del cargo, como parte del proceso de depuración interna en la agencia.
No es la primera vez que Rodríguez Acosta enfrenta acusaciones por corrupción. En 2005, socios de la organización Econotaxis de Mérida lo denunciaron públicamente por intentar cobrarles una cuota adicional para cubrir un crédito de 15 millones de pesos adquirido con Antonio Patrón Laviada, hermano del entonces gobernador. Dichos recursos estaban destinados a la compra de un local en la colonia Francisco I. Madero, el cual —según los inconformes— terminó siendo utilizado con fines personales y políticos.
Tras el escándalo, Rodríguez Acosta disolvió Econotaxis y fundó una nueva agrupación, Taxi Plus, con la que continuó operando bajo el mismo esquema de cobros indebidos. Con el paso del tiempo, utilizó su posición sindical para financiar viajes familiares al extranjero y reuniones políticas, particularmente en apoyo a Huacho Díaz Mena.
Luego de la derrota electoral de Rommel Pacheco en la contienda por la alcaldía de Mérida, buena parte de su equipo fue colocado en dependencias estatales. Rodríguez Acosta fue incorporado al CONALEP como jefe de compras, en el equipo de Felipe Duarte, donde —según versiones internas— fue cesado a los cuatro meses por desvío de recursos e inflación de facturas.
Lejos de ser investigado, logró colarse nuevamente en el aparato burocrático, esta vez en la Agencia de Transporte de Yucatán, donde continuó los mismos patrones de abuso hasta que su conducta finalmente fue expuesta.
Las prácticas cuestionables no terminan con él. Su hija, Sofía Karine Rodríguez González, también ocupa un cargo en el gobierno estatal como directora de Vinculación en la Consejería Jurídica, posición que consiguió —según fuentes internas— con un perfil “inventado”.
Sofía presume tener “vara alta” por encima del titular Gaspar Alemañy, y se le señala por haber colocado a varios familiares y amigos en jefaturas y coordinaciones dentro de la Consejería. Además, es suplente de la diputada Clara Rosales, a quien critica abiertamente mientras realiza campaña política en horas laborales, pues rara vez se le encuentra en su oficina.
Al interior del gremio taxista queda la sensación de que los vicios de antaño persisten, y que personajes con amplios antecedentes de corrupción continúan moviéndose con facilidad dentro de la estructura gubernamental.
El caso expone una vez más el nepotismo, la impunidad y la complicidad política que imperan en varias dependencias del Estado, donde los mismos nombres reaparecen sexenio tras sexenio, sin importar los colores partidistas.
Mientras tanto, los taxistas foráneos y urbanos exigen una investigación a fondo y sanciones ejemplares, pues aseguran que la red de extorsión y cobros ilegales podría involucrar a otros funcionarios dentro de la propia ATY.
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