El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno Infobae
Un repunte temporal en los dólares de exportación agrícola llevó a los argentinos a comprar divisas baratas, drenando las mismas reservas que el gobierno intenta recomponer.
El sector agropecuario vendió casi USD 6.000 millones desde que el gobierno eliminó temporalmente los impuestos a la exportación de granos este mes. Los exportadores debían liquidar casi la totalidad de un cupo en pocos días para calificar para la exención fiscal, que venció la semana pasada. Sin embargo, el Tesoro compró apenas USD 2.230 millones, menos del 40% del total, según datos oficiales.
Ejecutivos de bancos locales detectaron que los mayores montos fueron absorbidos por argentinos que acceden al mercado oficial de cambios, que luego revenden en los mercados paralelos, según personas con conocimiento directo del asunto. Según las propias estimaciones del Gobierno, esta operatoria —que consiste en comprar dólares a unos 1.380 pesos y revenderlos cerca de 1.500 pesos— drenaba hasta USD 2.000 millones al mes, de acuerdo con un informe de la sociedad de bolsa One618.
Conocida como “rulito”, la operatoria es “una especie de arbitraje cambiario de ida y vuelta”, dijo Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers y ex asesor de Milei.
Para frenar esos flujos, el gobierno de Milei reintrodujo algunas restricciones cambiarias. La más importante, anunciada el viernes, es una “restricción cruzada” que prohíbe revender dólares durante 90 días. El Banco Central también incrementó la venta de contratos de futuros para limitar una mayor depreciación del peso. “Cerramos un kiosco de unas 20 personas, más o menos”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a TN el viernes.
Sin embargo, los datos oficiales sugieren que las medidas no han reducido el apetito de los argentinos por el dólar —al menos no a estos precios. El martes, funcionarios del Banco Central recordaron a los operadores de billeteras digitales que no tienen permitido vender dólares al tipo de cambio oficial, ya que las autoridades sospechan que los clientes usaban esas plataformas para operaciones de “rulito” con criptoactivos y el mercado informal, según una persona con conocimiento directo del asunto.
“Estas transacciones están limitadas a bancos y casas de cambio autorizadas por el Banco Central”, dijo a A24 el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. “Las billeteras digitales y las sociedades de bolsa no están reguladas por el Banco Central”.
Como tantas veces en Argentina, las restricciones del gobierno tuvieron consecuencias no deseadas, ampliando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Las medidas no impiden del todo el arbitraje en el mercado informal, ya que el gobierno había pedido a mitad de año a los bancos que dejaran de monitorear las operaciones.
El peso sufrió desde el lunes su mayor caída en tres semanas, con la cotización paralela debilitándose por encima de los 1.500 pesos por dólar y la brecha superando el 10 por ciento. Los operadores esperan más debilidad, con las tasas implícitas en los contratos de futuros de divisas indicando una depreciación adicional. Esas expectativas superan el 70% anual hasta noviembre, a pesar de las recientes intervenciones del Banco Central. En comparación, los inversores esperan una inflación de menos del 30% para los próximos 12 meses.
La incapacidad del gobierno para captar más dólares ha preocupado a los bonistas, con más de USD 500 millones en deuda que vencen en noviembre. Sin embargo, algunas de esas preocupaciones se atenuaron después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunciara que llegaría ayuda financiera para la nación sudamericana, aunque sin dar precisiones sobre el momento.
Los bonos en dólares de Argentina caían a lo largo de la curva por quinta sesión consecutiva el miércoles, con los títulos con vencimiento en 2035 perdiendo casi dos centavos para operar en torno a 50 centavos por dólar, según datos indicativos compilados por Bloomberg.
“Está claro que, aun con esta medida, el Tesoro quedaría corto para cubrir los pagos de capital e intereses de los Bonares y Globales con vencimiento en enero de 2026”, escribió Juan Manuel Truffa, economista de la consultora local Outlier, en un reporte a clientes.
Con información de Bloomberg
