Fiscalía pidió condena contra Óscar Fernando Fetecua Rusinque por las amenazas que envió al presidente Gustavo Petro en 2021 Infobae
En una diligencia llevada a cabo el 1 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se dicte fallo condenatorio contra Óscar Fernando Fetecua Rusinki.
Según la delegada del ente acusador, la responsabilidad del procesado quedó demostrada “más allá de toda duda”, conforme a lo dispuesto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal.
La funcionaria afirmó que “solicita se dicte sentencia condenatoria en contra del señor Óscar Fernando Fetecua Rusinki, de Bogotá, quien nació el 4 de junio de 1999, quien está plenamente identificado e individualizado”.
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Los hechos se remontan al 23 de marzo de 2021, a las 23:24 p. m., cuando la víctima, Gustavo Francisco Petro Urrego, entonces senador de la República de Colombia y representante del partido Colombia Humana, recibió mensajes amenazantes a través de su cuenta personal de X, que para ese entonces recibía el nombre de Twitter.
La Fiscalía detalló que el primer mensaje enviado por el acusado decía: “Ya estoy alistando viaje o un arma por si aparece Petro se le da de baja”.
El segundo mensaje, también atribuido a Fetecua Rusinki, fue: “Si toma Petro el poder, apare-aparecerán nuevamente las AUC y lo bajan del poder, como debe ser: muerto en bolsas negras”.
La delegada del ente acusador explicó que la autoría de los mensajes se corroboró mediante los diferentes pantallazos presentados en el proceso, en los que el remitente aparece bajo los nombres de Fernando Rusinki, Fernando Fetencua Rusinke y Fernando Fetecua Rúa, junto con su correo electrónico, sostuvo la delegada.
“No se demostró que la red hubiera sido hackeada [...]. No existe otra persona con un nombre igual en la red social. Al ver su rostro en el juicio se pudo concluir que coincide con la misma foto de perfil de la cuenta en la que se emitieron los mensajes amenazantes”.
Finalmente, el togado, alegó que durante su testimonio en juicio, el presidente Petro expresó el temor que sintió al recibir esos mensajes en su red social. “No fue una amenaza de menor calado. Fue un caso de zozobra e intimidación [...]. Estuvo cargado de rencor, odio, al emitir esos mensajes, de un lenguaje que causa zozobra en la víctima”.
La Fiscalía subrayó que el hecho punible se compone de tres elementos, de acuerdo con el artículo noveno del Código de Procedimiento Penal.
Fiscalía investigará amenazas en redes sociales contra el presidente de la Corte Constitucional
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación sobre las amenazas en redes sociales dirigidas al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, luego de que este denunciara públicamente una serie de mensajes intimidatorios difundidos el 19 de septiembre de 2025.
La orden de indagación provino directamente de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien solicitó al magistrado mayores precisiones sobre la naturaleza de las intimidaciones sufridas, en aras de determinar si se trata de hechos aislados o relacionados con las amenazas previas que Ibáñez reportó en 2024.
La fiscal a cargo del caso, adscrita al Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos, fue designada para analizar y verificar si los mensajes recientes constituyen un episodio nuevo o si forman parte del expediente ya existente. Según la información divulgada por Infobae, el presidente del alto tribunal había sido blanco de amenazas durante el último semestre del año pasado, motivo por el cual la Fiscalía 66 Seccional Bogotá abrió una noticia criminal el 28 de noviembre de 2024, manteniendo en curso diversas diligencias investigativas, la más reciente de ellas realizada el 24 de septiembre de 2025.
De acuerdo con declaraciones difundidas por la propia Fiscalía, el proceso busca esclarecer el origen y la naturaleza de estas amenazas, así como definir si corresponde acumular los casos en un solo expediente o abrir una nueva noticia criminal. Este procedimiento resulta determinante para delimitar el alcance de las pesquisas y garantizar la protección institucional del presidente de la Corte Constitucional.
