Gobierno cómplice El Financiero
Cada día aparecen nuevas evidencias que permiten suponer que Andrés Manuel López Obrador desde la Presidencia encabezó un grupo criminal con ramificaciones en varias Secretarías de Estado, Fuerzas Armadas y su partido.
En el extranjero tienen claro que México es un narcoestado gobernado por una camarilla cómplice de criminales, infestado de corrupción. El último ejemplo de esto es el reportaje en The New York Times sobre el gobierno de Morena: Un país pobre con políticos millonarios.
Esa percepción apenas comienza a penetrar en la conciencia de la mayoría de los mexicanos. Pero el proceso ya está en marcha y no hay forma de detenerlo. Las negaciones y las mentiras de la presidenta han sido un dique insuficiente ante las imágenes de los morenistas viviendo en la opulencia y los documentos y testimonios sobre la inmensa corrupción reinante.
El huachicol fiscal representa el mayor fraude del que se tenga noticia en México. De acuerdo a Fernando Belaunzarán, equivale a “10 mil Casas Blancas de Peña Nieto, 1,200 Pemexgate, 120 estafas maestras o 40 Segalmex”. Sheinbaum sabía de este inmenso fraude, porque se lo expuso Xóchitl Gálvez cuando debatieron el año pasado, y lo desestimó diciendo que eran “palabrerías”.
La pasividad de Sheinbaum la vuelve cómplice del fraude y protectora de los implicados. Esta semana defendió en su conferencia las gestiones de Adán Augusto López y de Hernán Bermúdez Requena. Por si fuera poco, el nuevo Poder Judicial que impulsó la presidenta concedió un amparo a uno de los sobrinos del Almirante Ojeda, brindó varios amparos a los hijos de López Obrador y reservó por cinco años la riqueza mal habida de Bermúdez Requena.
El sistema en pleno está concentrado en frenar las revelaciones sobre el fraude del huachicol fiscal porque las implicaciones llegan hasta el expresidente López Obrador, y por extensión a quien él impuso en la presidencia.
Desde hace meses recibe Sheinbaum la presión del gobierno norteamericano para que rompa el pacto de su gobierno con la casta criminal cuya sede está en Palenque. La presión interna apenas la resiente, pero irá creciendo con los meses.
Cuando Salinas de Gortari dejó el poder, lo hizo gozando de una inmensa popularidad; a los pocos meses su imagen se había desplomado por la crisis del “error de diciembre” que el Gobierno de Zedillo le supo endosar.
Luego de un año de haber dejado López Obrador la presidencia, se tiene la certeza de que su jefe de oficina de la administración lavaba dinero, que su secretario de Gobernación dirigía una banda criminal, que su secretario de Marina protegía un inmenso negocio de contrabando de petróleo, que su secretario de la Defensa organizaba viajes de lujo para su familia con dinero del erario, que el presidente de Morena financiaba las campañas de su partido con dinero sucio, que su secretario personal estaba metido en corruptelas, que sus hijos utilizaban prestanombres para enriquecerse y que la campaña para posicionar a Sheinbaum a nivel nacional estaba financiada por empresarios vergonzantes.
A un año de haber dejado el poder, un segmento significativo de los mexicanos sabe que fuimos gobernados por el jefe de una mafia criminal. Falta que esa conciencia logre aterrizar en los sectores populares, blindados como están por la propaganda oficial y por ser beneficiarios de las transferencias de dinero del gobierno.
El velo que cubre a López Obrador y a su partido caerá cuando ocurra una crisis y el gobierno actual, para sacudirse la responsabilidad, tenga que ofrecer como chivo expiatorio a alguna persona cercana al expresidente.
Esa toma de conciencia puede venir a partir de una crisis con los Estados Unidos (se sigue hablando de una posible intervención), de una inesperada crisis financiera o causada por alguna revelación intolerable de los crímenes ligados a los cárteles criminales. Esto puede tardar, pero finalmente ocurrirá. El proceso, como señalé antes, ya está en marcha.
La tranquilidad del capo de Palenque será interrumpida. En México se sabe impune (entre otras cosas, para eso se reformó el Poder Judicial). Pero si lo aprietan, puede exigir, en forma de un exilio dorado, el pago de la deuda que los cubanos tienen con él por los cientos de millones que México ha donado a la dictadura en forma de petróleo y de los de médicos esclavos.
Es probable que la larga precampaña de Sheinbaum y las campañas de la mayoría de los candidatos de Morena que hoy son gobernadores hayan sido financiadas con dinero de procedencia ilícita. Los nuevos jueces y ministros del Poder Judicial llegaron a sus puestos gracias a los acordeones financiados con dinero sucio. ¿Cuántas campañas de centenares de diputados y decenas de senadores de Morena tendrán el mismo origen?
Si el gobierno actual no rompe con el pacto entre el Estado y el crimen organizado es porque los que lo conforman deben sus puestos a los cárteles criminales. Son cómplices del México más oscuro. Ese es el precio que los mexicanos tenemos que pagar por nuestra pasividad e indiferencia.
