123 juezas y jueces de violencia de género se oponen a la medida del Gobierno de asumir todos los delitos sexuales a partir de este octubre Infobae
Este viernes 3 de octubre entra en vigor una de las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia, en la que los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer deberán asumir nuevas competencias. Se ocuparán de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, no solo de los cometidos por la pareja o expareja, como hasta ahora.
“El objetivo es garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas y cumplir con el Convenio de Estambul, que busca erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales que se ocupan de ella”, explican fuentes de este Ministerio.
Esto, sin embargo, no convence a todos los jueces encargados de estos tribunales, ya que les va a suponer un incremento de la carga de trabajo del 12,9% de media, según datos del CGPJ, y aunque ya anunciaron este verano que se iba a ampliar sus plantillas en un 42%, no confían en estas promesas.
Delitos sexuales fuera de la pareja o expareja
123 juezas y jueces de todas las comunidades autónomas han firmado este martes un comunicado en el que muestran su rechazo a la medida anunciada por el Gobierno.
“Esta semana, concretamente el 3 de octubre, llega la fecha del anunciado y más que previsible colapso: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer pasamos a asumir también la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina”, comienzan relatando.
Continúan explicando como ya 108 magistradas y magistrados de estos Juzgados emitieron otra queja el pasado 8 de marzo de 2025 que tenía el objeto “de trasladar a la ciudadanía las nefastas consecuencias que ello iba a suponer en unos órganos sobrecargados desde hace años, en los que, tras varias reformas legales, se les han ido otorgando nuevas competencias, sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer, sino que, por el contrario, en muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo Juzgado el trabajo que antes llevaban varios”.
El problema viene, según los firmantes, en el anuncio que acompaña a esta medida de la creación de nuevas plazas. En respuesta al primer comunicado, “se aseguró por el Ministro de Justicia que se iban a crear un 50% más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar de recursos allá donde fuera necesario”.
“No podremos abarcar todo lo que se avecina”
“Pero la realidad es muy distinta. No sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido - en la mayoría de los partidos judiciales nada se crea-, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los Juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026. Refuerzos que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones, esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales. Nada que implique su presencia física en los mismos. Nada”, denuncian.
La realidad que describen estos magistrados es muy distinta, ya que “en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas” o “no han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica”.
También mencionan los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad y aseguran, que como ha pasado con esta situación, “los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas”.
“La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente. Pero, esta vez, está todo advertido desde hace meses. Y lo dijimos. Lo anunciamos. Lo comunicamos. Pero de nada sirvió”, finalizan.
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