La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XIV)/Víctor A. Arredondo Dpoderapoder

* La UV enfrenta una crisis de estabilidad y credibilidad por ambiciones personales que habrán de superarse.
* La coerción institucional que ahora observamos no es más que un signo de desesperación ante la debacle.
* La deficiente gestión financiera de los 4 años anteriores puede afectar el presupuesto de la UV para 2026.

«Nuestras vidas empiezan a concluir cuando permanecemos callados ante lo importante».
Martin Luther King, Jr.
1965

Un liderazgo auto regulado se ejerce con honorabilidad, conducta ética y respeto a la legalidad, lo que es imprescindible para tomar decisiones que enriquezcan la cultura de la confianza y la responsabilidad social. Cuando se aspira a un liderazgo sólo por ambición personal, es porque se desprecian los valores públicos y el bien común. Los liderazgos éticos, basados en la integridad, la transparencia y el auto control, permiten el ejercicio de una administración pública honesta, justa, comprometida con la legitimidad, la rendición de cuentas y la entrega de resultados trascendentes. Quien aspira al liderazgo por ambición personal y, por tanto, no cuenta con mecanismos éticos de auto control, distorsiona el balance que rige la dimensión ética de lo público y que enaltece la cultura de la integridad. Esto se debe a que la conciencia ética en la toma de decisiones permite valorar las alternativas de acción sobre la base de su legitimidad, transparencia y responsabilidad social. Por tanto, la ausencia de auto regulación ética conduce a cometer actos ilegales y a multiplicar el mensaje público que la trampa y la corrupción son aceptables para lograr aspiraciones personales o públicas. Esa forma de pensar destruye los valores y reglas que deben regir el camino para alcanzar el bienestar individual y colectivo.
Lamentablemente, esto es lo que sucede ahora mismo en la Universidad Veracruzana debido a la ambición personal de Martín Aguilar, de sus colaboradores cercanos y de “su Junta de Gobierno”, que han preferido darle la espalda a nuestra máxima casa de estudios y a la sociedad, a cambio de los intereses de un grupo que se conduce sin ética ni respeto a la legalidad. Peor aún, un grupo que ahora trata de aprovechar el alargamiento del tiempo de resolución de las impugnaciones judiciales para avanzar en su intento de secuestrar a la UV. La dilatación de los juicios judiciales, provocada por el recurso de queja que interpuso Juan Manuel Pinos, presidente de la Junta de “Gobierno” en contubernio con Martín Aguilar, tuvo la evidente intención de retrasar las resoluciones judiciales sobre las solicitudes de amparo para proseguir con medidas de control coercitivo, recurriendo al uso de represalias y recursos públicos para el logro de beneficios particulares. Todo ello, a sabiendas de que sus actos de autoridad siguen violando los derechos humanos, transgrediendo nuestra legislación y violando la autonomía universitaria.
Ese abuso de autoridad, mientras los jueces federales resuelven la impugnación de los actos reclamados, sólo añade mayor complejidad y afectación a la estabilidad institucional. En fechas perentorias, la autoridad judicial habrá de dar su informe a los afectados, a partir de una amplia interpretación jurídica sobre el mecanismo de prórroga que, a juicio de expertos nacionales sobre legislación y gestión universitaria, así como de miembros distinguidos de nuestra comunidad universitaria, incumple lo señalado en nuestra legislación sobre los requisitos y el mecanismo a seguir en la designación de quien ocupe la rectoría cada cuatro años. Además del derecho que tienen los afectados de conocer los detalles de la resolución, también cuentan con otros recursos legales para continuar con su defensa en caso necesario. No sólo la comunidad universitaria nacional estará atenta a las resoluciones judiciales por venir, sino la sociedad en general. Estará a prueba la honorabilidad y la justa interpretación jurídica de nuestras leyes en México. Mientras eso es el caso, el grupo de Martín Aguilar no debería tomar decisiones relacionadas con los actos impugnados, si es que cuenta con honorabilidad ética; pero eso es equivalente a pedirle peras al olmo.

Habrá que destacar también que si los jueces federales resuelven que la autoridad universitaria incurrió en un exceso, defecto o falta, habría consecuencias legales, dependiendo del tipo de reclamo judicial. Debe recordarse que tomar nuevas decisiones por parte de la autoridad universitaria que ya está bajo escrutinio judicial, podría significar otra violación a los procedimientos legales y ser revertidas por los jueces en caso de definirse como excesos o interferencias con el proceso de impartición de justicia.
Si fuera cierto que a Martín Aguilar ahora sí le interesa escuchar la opinión de la comunidad universitaria, después de tres meses de que “su Junta de Gobierno” desatendió las voces de reclamo sobre la improcedencia legal y ética de la prórroga, le dejamos anotadas las siguientes interrogantes públicas para que se incorporen a su extemporáneo proceso de consulta:
Si ya había ganado las resoluciones judiciales sobre la legitimidad de la prórroga, tal y como lo mencionó varias veces públicamente, ¿por qué decidió, en contubernio con Juan Manuel Pinos, presentar el recurso de queja ante los jueces federales a cargo de las solicitudes de amparo?
Si según él, los cuatro ex rectores de la UV que hemos cuestionado su prórroga por diferencias ideológicas y para mantener prebendas; ese dicho lo obliga a que mencione públicamente cuáles son esas diferencias y prebendas. También, debería responder ¿por qué los ex rectores no cuestionamos su designacion cuatro años atrás?, ¿acaso no es una excusa que no se sostiene? Antes llegó a la rectoria porque se respetó el proceso que obliga la ley. Ahora, simplemente no se cumplió, se violó la ley y la autonomía.
Si Martín Aguilar sostiene que la prórroga que le obsequió de manera directa y personalizada “su Junta de Gobierno” fue legal, ¿por qué cuando intenta explicar públicamente la legalidad de la misma, únicamente se remite a tres artículos que señalan que el cargo de rector puede prorrogarse por cuatro años, pero se abstiene de mencionar el resto de los artículos que obligan a cumplir con el requisito de edad y los demás procedimientos claramente establecidos para la designación de quien ocupe la rectoría?, ¿acaso pretende esconder ante la inteligencia universitaria y de la sociedad que la Junta debe lanzar una convocatoria dos meses antes, propiciar la participación equitativa de quienes se interesen en competir por la rectoría, auscultar a la comunidad universitaria de manera intensiva y extensiva a lo largo de casi seis semanas sobre el mejor perfil y propuesta para conducir el destino de la UV?
Si la universidad pública autónoma debe distinguirse por fomentar el libre flujo de ideas, la tolerancia intelectual, el pensamiento reflexivo y crítico, las decisiones colegiadas y la participación representativa, ¿por qué su administración, sujeta a juicio federal, está recurriendo a las represalias para quienes disienten de la prórroga; a la destrucción de las expresiones gráficas que la critican; así como al uso de inspección oficial amenazante y de propaganda que quebranta el ambiente universitario y la pluralidad de pensamiento?
Si Martín Aguilar se auto erige como intelectual de izquierda, ¿por qué es capaz de declarar que los ex rectores de la UV ya se excedieron en su derecho a la libertad de expresión?, ¿acaso eso no es un rasgo de quien actúa de manera autoritaria por no decir dictatorial?, ¿acaso la promoción de los derechos individuales y de sociedades justas, democráticas y deliberativas no ha sido una aspiración de la izquierda mexicana?, ¿acaso debemos aceptar como inevitable que el poder corrompe al grado de destrozar los altos valores asociados al bien común y al comportamiento auto regulado?
Y si Martín Aguilar “no supo hacer valer” en años anteriores el incremento equivalente al 4% del presupuesto general del estado, por sus anteriores componendas políticas con Cuitláhuac García, cuestión que es del conocimiento público y que ha sido expresada con toda claridad hace unos días por el Licenciado Ernesto Bautista, líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz (Jucopo). Esa omisión implicará presentar “un diagnóstico sobre los rubros en que se van gastando los recursos”, conforme a lo estipulado por el líder de la Jucopo en Veracruz. Las fallas de Martín Aguilar para gestionar un subsidio suficiente y entregar información transparente, habrá de condicionar la asignación del presupuesto de la UV para el ejercicio de 2026. ¿Ya tomó nota de otra grave afectación al quehacer universitario por sus anteriores componendas políticas y fallas en la imprescindible gestión del subsidio universitario durante su rectorado?
Hoy, la historia de la Universidad Veracruzana y su distinguida reputación ganada a pulso, se encuentran ante un parteaguas: el silencio convenenciero o la actuación honorable en defensa de su prestigio. Se trata de evitar que sea secuestrada; significa recomponer la legalidad en su quehacer institucional para proyectarla como un referente de excelencia en el sistema universitario nacional; implica recrear condiciones para que nuestros estudiantes se formen en concordancia con los desafíos que enfrentamos como sociedad ante un futuro que debe ser promisorio, si se multiplica el acceso público al conocimiento relevante y a prácticas eficaces de organización social; conlleva también liderazgos distribuidos que actúen con pasión y auto regulación a favor del bien común y del éxito de las próximas generaciones. La Universidad Veracruzana ha mostrado su capacidad para lograr grandes realizaciones, gracias al trabajo en equipo, la honorabilidad y la colaboración horizontal; esa mística institucional es la que debemos ahora recuperar a partir de la fuerza de nuestra voz y acción colectiva.