Destina Clara Brugada 76 mdp a Farmacéutica Althos para surtir hormonas a la comunidad trans AlMomento.mx
CIUDAD DE MÉXICO.- Reeditando las viejas prácticas de inflar montos a través de intermediarios, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, autorizó un contrato de 76 millones de pesos a la empresa distribuidora Farmacéutica Althos, S.A. de C.V., para abastecer tratamientos hormonales a la comunidad trans. La operación, cuestionada por su costo excesivo y la ausencia de información sobre los fabricantes, ilustra cómo una necesidad legítima se convierte en negocio político.
De acuerdo con La Opinión de México, el documento oficial, identificado como Contrato No. SSCDMX-DGAF-076-2025, establece que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de su Dirección General de Administración y Finanzas, adjudicó mediante licitación pública nacional la adquisición de medicamentos hormonales para la Clínica Trans de la CDMX. El proveedor elegido fue Farmacéutica Althos, S.A. de C.V., una compañía que no produce fármacos, sino que actúa como distribuidora e intermediaria de medicamentos.
El monto total asciende a 76,158,623.78 pesos, con vigencia del 25 de abril al 31 de diciembre de 2025. La carátula señala que el IVA se aplica a tasa cero por tratarse de medicamentos, lo que implica que el pago íntegro será transferido a la empresa adjudicataria.
Althos, constituida en 2008 y con domicilio en Benito Juárez, Ciudad de México, está registrada como empresa distribuidora de medicamentos e insumos médicos.
Su propio perfil en portales comerciales como QuimiNet y sus redes sociales la describen como una compañía dedicada exclusivamente a la comercialización y distribución, sin plantas de producción ni historial como laboratorio farmacéutico.
Esto significa que el Gobierno capitalino está pagando decenas de millones de pesos a una empresa que a su vez deberá comprar a los laboratorios fabricantes reales, como Bayer, Pisa, Pfizer u Organon, compañías que producen testosterona, estrógenos y bloqueadores hormonales. El esquema abre la puerta a inflar los precios, pues a la cadena de costos del fabricante se suma el margen del intermediario.
La necesidad de terapias hormonales en la Ciudad de México es creciente, pero los datos no justifican un gasto de tal magnitud. La Clínica Condesa pasó de 300 expedientes de pacientes trans a poco más de 4,000 en la última década, mientras que la Unidad de Salud Integral para Personas Trans (USIPT) reporta cerca de 3,300 atenciones en sus tres primeros años de operación.
Expertos consultados advierten que, incluso considerando tratamientos de largo plazo y medicamentos de marca, el gasto sería 100 veces inferior si se comprara directamente a los laboratorios productores, que además garantizan calidad, trazabilidad y abasto continuo. En contraste, la adjudicación a una distribuidora como Althos multiplica los costos sin una justificación técnica sólida.
El contrato no especifica qué medicamentos exactos serán entregados ni qué laboratorios los fabricarán. Para las y los usuarios trans de la Ciudad de México, esto significa incertidumbre sobre la calidad y continuidad de su tratamiento. La comunidad ya ha denunciado en el pasado desabasto de testosterona y estrógenos, obligando a muchas personas a automedicarse con productos inadecuados.
En este nuevo escenario, el riesgo se traslada al monto multimillonario destinado a una empresa intermediaria sin que exista información pública sobre los fármacos que realmente llegarán a manos de la población.
El discurso oficial presume que el contrato garantiza la salud de la comunidad trans. Pero en la práctica, la administración de Clara Brugada repite el viejo modelo clientelar: inflar contratos a través de intermediarios, ocultar a los fabricantes reales y convertir una necesidad legítima en una oportunidad de negocio.
Mientras los laboratorios farmacéuticos venden directamente testosterona y estrógenos a precios accesibles en el mercado nacional, la capital del país decide pagar millones adicionales a una distribuidora, sin transparencia y sin mecanismos claros de evaluación de calidad.
Lo que pudo ser un avance histórico en el acceso gratuito a hormonas para personas trans se convierte en un contrato a precio de oro, donde los más beneficiados no serán los pacientes, sino los intermediarios. El resultado: un gasto público desproporcionado, un esquema opaco de adjudicación y la reproducción de prácticas de corrupción disfrazadas de política social.
AM.MX/fm
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