Artículo 19 alerta récord de acoso judicial contra periodistas en México Desde Puebla
EL VALLE
El acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en México alcanzó su nivel más alto desde 2016. En solo siete meses de este año se registraron 51 casos, lo que equivale a un nuevo proceso cada cuatro días, denunció la organización Artículo 19 en su informe Las leyes de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación fueron notificados de procesos legales en su contra. “Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”, advirtió la organización.
El récord supera los 40 casos documentados en 2021, hasta ahora el año con más hostigamiento judicial. Además, el fenómeno ya no se concentra en una sola región: se han registrado procesos en 17 estados del país, lo que representa el 53% del territorio nacional.
Los estados con mayor número de casos son Veracruz (10), Ciudad de México (9) y Jalisco (6); les siguen Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres cada uno.
Artículo 19 señaló que diversas figuras legales están siendo utilizadas con fines de censura. Entre ellas, la de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada para proteger a las mujeres de la discriminación estructural, pero que en algunos casos ha obligado a medios a retirar publicaciones.
Uno de los casos más recientes ocurrió en Campeche, donde la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May prohibió al periodista Jorge González Valdez y al diario Tribuna Campeche publicar información sobre la gobernadora Layda Sansores, al considerar que incitaron al odio en su contra. La resolución incluyó la designación de un interventor para revisar los contenidos del medio, lo que el periódico calificó como una “ley mordaza”.
Otros ejemplos incluyen la demanda por daño moral presentada por Adrián Rubalcava, actual director del Metro, contra la periodista Lourdes Mendoza, y las disculpas públicas que tres periodistas ofrecieron recientemente a Sansores como parte de una sentencia del Tribunal Electoral de Campeche.
En paralelo, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, descalificó a la prensa local llamándola “sicarios de la comunicación” y sugirió que sus colaboradores podrían emprender acciones legales contra comunicadores críticos.
La organización advirtió que este tipo de litigios, conocidos internacionalmente como SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública), no solo buscan silenciar a periodistas específicos, sino enviar un mensaje de intimidación al resto de la prensa y defensores de derechos humanos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha alertado que este tipo de procesos debilitan libertades fundamentales como la expresión, la reunión y la participación pública.
Ante este panorama, Artículo 19 exigió al Estado mexicano abstenerse de utilizar vías civiles, penales, electorales o administrativas como mecanismos de censura y reiteró que la libertad de expresión y el derecho a la información están protegidos por la Constitución y los tratados internacionales.
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