REY DEL ESCÁNDALO Y LOS MOCHES Sol Yucatán
- En la Consejería Jurídica del Estado, dirigida por Gaspar Alemañy Ortiz, existe un claro tráfico de influencias y conflicto de interés. Tiene como notarías de cabecera a las notarías 49 y 104, del ex priísta Cleominio Zoreda y de Pablo Castro Alcocer,
- Hace dos semanas, la Consejería Jurídica emitió la convocatoria para otorgar 15 patentes a notarios públicos, aunque lo acusan de ser una farsa, porque estas ya han sido asignadas a allegados y operadores políticos.
- El Consejero Jurídico estaría involucrado en el escándalo de Conkal, debido a que era asesor jurídico y no detectó que se edificaba el edificio de la policía en terrenos que no eran propiedad del municipio.
Redacción/Sol Yucatán
En la radiografía del gabinete de Joaquín Díaz Mena, analizaremos a Gaspar Alemany Ortiz, consejero Jurídico del Estado, llamado el rey del escándalo y de los moches.
En menos de cinco meses al frente de la Consejería, se ha convertido en un funcionario incómodo para el propio gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena.
El ex priísta tuvo serias confrontaciones con personas allegadas e incondicionales del mandatario, en específico con Jacinto Sosa Novelo y con Edgardo Medina Rodríguez, ya que a pesar de formar parte del mismo equipo morenista, no han logrado limar las confrontaciones que tuvieron cuando Alemañy defendía los colores del PRI y Sosa Novelo y Medina Bolio defendían los del PAN.
Para calmar las aguas y confrontaciones entre los funcionarios, el Gobernador optó por sacar a Sosa Novelo del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, para enviarlo, primero, a la Dirección de Transporte y luego a la dirección de la Agencia de Transporte de Yucatán.
El ex priísta llegó con un grupo de chapulineros a Morena, ya iniciada la campaña.
Desde el 2018, cuando concluyó la última administración priísta, fue relegado en el PRI, debido a que mantiene una marcada rivalidad con el actual presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra.
Para “sobrevivir” a la temporada de vacas flacas, creó una red de cobro de “moches” a los alcaldes priístas.
En su lista tenía al menos 10 ayuntamientos quienes le pagaban una cuota de 10 mil pesos mensuales, entre los que se encuentran Mocochá, Conkal, Dzidzantún, Baca, Dzemul, Motul, entre otros.
Aparecía como asesor jurídico de las Comunas, como consta en algunos archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En la misma plataforma, se evidencia que trabajó para los panistas, debido a que aparece como secretario técnico del Congreso del Estado, del 2022 al 2024, legislatura dominada por diputados de PAN y cuyo poder era controlado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien necesariamente tuvo que aprobar su designación.
Tenía un sueldo nominal de 27 mil 855 pesos, aunque, de acuerdo con integrantes de aquella legislatura, sus percepciones económicas eran casi del doble de lo que está registrado de manera oficial.
Es decir, entre lo que pellizcaba a los Ayuntamientos priístas y lo que ganaba en el Congreso del Estado, tenía ingresos de al menos 127 mil pesos.
El actual consejero estaría involucrado en el escándalo del municipio de Conkal, de la construcción del edificio de la Policía Municipal en un terreno que no es del Ayuntamiento, dado que él era el asesor jurídico de la Comuna y no se habría percatado o bien se hizo con maña de que el terreno no sería parte de los bienes del Ayuntamiento.
Por este problema, la ex alcaldesa Hiselle Díaz del Castillo enfrenta una denuncia y, en caso de prosperar, podría salir a relucir el nombre del actual consejero jurídico que, dicho sea de paso, deja mucho que desear en sus capacidades en temas legales.
Para este año, 2025, Alemañy Ortiz tiene un presupuesto de 156 millones 877 mil 956 pesos, y hay riesgos de fuga de capital, debido a que ha estado envuelto en presuntos actos de corrupción cuando defendía los colores del PRI, y durante la campaña, fue señalado un manejo oscuro de los recursos que se le asignaron para su operación.
De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, al interior de la Consejería existe un claro tráfico de influencias, debido a que Alemañy Ortiz tiene como notarías de cabecera de todos los asuntos del gobierno a las notarías 49 y 104, la primera propiedad del ex priísta Cleominio Zoreda Novelo, ivonnista de hueso colorado y de Pablo Castro Alcocer, quien actualmente es subsecretario de gobierno y asuntos políticos, por lo cual existe un claro tráfico de influencias y conflicto de intereses, al menos en el caso de Castro Alcocer.
Hace dos semanas, la Consejería Jurídica publicó en el Diario Oficial del Estado la convocatoria para la adjudicación de nuevas patentes para ocupar notarías públicas. En el círculo de litigantes se asegura que las 15 patentes ya están asignadas y serían como pagos políticos a personas allegadas al consejero y al gobernador.
Esto debido a que fue corto el periodo de inscripción con requisitos difíciles de cumplir, a menos que se tenga conocimiento de estos con antelación.
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