Comisión de Víctimas reconoce rezagos que alimentan el coyotaje Periódico Correo

1.- Comisión de Víctimas reconoce rezagos que alimentan el coyotaje

El gobierno del estado poco hará para combatir de manera frontal a los “gestores” que obtienen beneficios personales con el cobro de cuotas por trámites gratuitos y de apoyos que deberían llegar íntegros a las víctimas.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, señaló que para poder brindar acompañamiento primero se debe contar con una denuncia formal interpuesta por las propias víctimas. La misma declaración periférica: “nosotros no podemos obligar a ninguna persona. Lo importante es que la gente esté informada que los trámites son gratuitos”.

El comisionado de Atención Integral a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, también evitó hacer señalamientos directos, aunque no descartó que con la exposición mediática finalmente haya quienes presenten sus denuncias.

En lo que corresponde a la Comisión, Rochín del Rincón explicó que la estrategia es mejorar sus procesos, pues son justamente esos vacíos los que abren la puerta para que personas se beneficien de los apoyos. El comisionado sostuvo que trabajan en la sistematización de las solicitudes de ingreso al registro de víctimas para hacerlo más ágil y con respuestas más rápidas.

Entre los cambios sustanciales que se anunciarán, destacó que ya no será únicamente la Comisión la que centralice los apoyos, sino que estos se otorguen desde diferentes dependencias. Es decir, que la Secretaría de Salud, Educación, del Nuevo Comienzo y Economía cuenten con programas claros de apoyo a víctimas. Sería una de las estrategias que dejará Rochín del Rincón antes de concluir su encargo el próximo mes de octubre, tras cinco años de gestión.

El comisionado se dijo incapaz de señalar a algún particular que opere estos esquemas de coyotaje, aunque afirmó tener plenamente identificado el modus operandi. Solo en 2024 se presentaron más de 800 quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y en 2025 suman ya más de 700, según dijo. El 96% estarían ligadas al mismo grupo. A estas quejas se suman los cientos de amparos por machote.

Vale la pena precisar que esto no significa que las quejas carezcan de fundamento, pues el propio comisionado reconoció que las demoras en dar respuesta se extendieron incluso más de un año, porque la Comisión contaba únicamente con tres personas para dar seguimiento. Algo que, aseguró, se ha ido corrigiendo.

No puede omitirse el cuestionamiento: si el gobierno del estado sostiene que existen cerca de mil quejas, ¿por qué ninguna denuncia se ha formalizado, pese al acompañamiento que presumen dar a las víctimas?

Es evidente que la Comisión operaba, y todavía lo hace, con deficiencias bien aprovechadas por quienes encontraron en esas grietas una forma de obtener beneficios en detrimento de los derechos de las víctimas.

2.- Acueducto Solís-León: optimismo en Guanajuato, resistencia en Jalisco

Conviene no perder de vista lo que ocurre en Jalisco. Lemus anunció que este martes se reunirá con autoridades de la Comisión Nacional del Agua para obtener más información, mientras siguen creciendo las movilizaciones ciudadanas que buscan frenar el acueducto mediante amparos.

En contraste, en Guanajuato el diputado Miguel Salim Alle ofreció una visión optimista. Reconoció la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de ejecutar el proyecto, que ya cuenta con recursos comprometidos y cuya consolidación se verá en el próximo análisis del Presupuesto de Egresos.

Desde el gobierno estatal, la iniciativa privada y ahora desde la tribuna partidista, se ha expresado respaldo al proyecto y a las gestiones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Sin embargo, el panorama comienza a complicarse. Aunque en los hechos se ve voluntad del gobierno federal al incluirlo en su Plan Nacional Hídrico, persisten dudas sobre los efectos del rechazo desde Jalisco. Otra vez aparece el fantasma de lo ocurrido con la Presa El Zapotillo.

Por cierto, en la rueda de prensa semanal del PAN se reprochó que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador diera la estocada final al proyecto que permitiría traer agua de la Presa El Zapotillo a León. Pero lo que convenientemente se omite es que dos gobiernos panistas tuvieron la oportunidad de destrabarlo y no lo hicieron por falta de voluntad política.

Mientras en Guanajuato se apuesta a que la federación cumpla sus compromisos, en Jalisco se fortalece una oposición política y social.

3.- Silencio ante ola de violencia en Pénjamo

La ola de ataques armados en el municipio de Pénjamo se ha prolongado por varios días consecutivos, dejando un saldo de personas asesinadas y varios lesionados.

El sábado por la madrugada se registraron al menos dos agresiones que dejaron cuatro heridos. Ese mismo día, autoridades estatales y federales desplegaron operativos, aunque sin claridad en los resultados. “De estas acciones se han derivado importantes aseguramientos que, conforme al debido proceso, serán dados a conocer oportunamente”, señaló el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez.

La violencia no cedió. El domingo ocurrieron cuatro ataques más que dejaron como víctima mortal a una joven, hermana de una agente de seguridad, además de al menos cuatro lesionados.

La situación desató fuertes críticas hacia la presidenta municipal, Yozajamby Molina Balver, quien no emitió un solo mensaje ante la escalada de violencia. Este lunes se reincorporó a sus actividades tras haber tomado vacaciones la semana pasada. Nada dijo de los hechos de violencia durante el fin de semana.

Del gobierno municipal el único que fijo postura fue el síndico Ramiro Zaragoza Ramírez, quien lamentó el temor que generaron estos hechos y criticó que pese a que hubo operatividad de los tres órdenes de gobierno en el municipio, no se pudo contener la violencia: “Apenas hace unos días se habló de un operativo de vigilancia por los tres órdenes de gobierno, pero ni aun así se puede inhibir en nada la violencia desmedida que a diario se vive en Pénjamo”.

Contra Retrato

Jorge Espadas Galván

El diputado local y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado aseguró que no harán un “copy paste” de la reforma federal de simplificación administrativa que, con su armonización, implicará la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP). El líder panista anticipó que se abrirá un proceso de parlamento abierto y que se escucharán todas las voces.

Incluso convocó al comisionado del IACIP, Alejandro Rocha Pedraza, a presentar una propuesta. Sin embargo, Rocha aclaró de inmediato que no está entre sus facultades hacerlo y que sus pronunciamientos públicos buscan evitar “una copia textual de la ley general” y promover, en cambio, un marco que garantice efectivamente el derecho de acceso a la información.

Entre las propuestas del comisionado está que los recursos de revisión sean resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que daría cierta garantía de imparcialidad. Espadas Galván, por su parte, sostuvo que se hará uso de la libertad de configuración —aunque acotada—, lo que permitiría que Guanajuato innove en mecanismos que eviten retrocesos mayúsculos en las obligaciones de transparencia. El análisis de las leyes secundarias iniciará en diciembre, cuando se verá hasta dónde llega la apertura legislativa.

Mientras tanto, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo se reunió este lunes con la secretaria de la Honestidad, Arcelia González González, y con el consejero jurídico, Alejandro Sierra Lugo, para ir delineando las rutas frente a la desaparición del IACIP. El llamado Nuevo Comienzo ha colocado la transparencia como uno de sus pilares y donde también queda por verse si se arrastrará el lápiz ante lo que se configura como un retroceso democrático.