Protestas contra la empresa contaminante de Cuauhtémoc Ochoa, toca a las puertas del segundo piso de la 4T Índice Político

* Los miles de habitantes afectados en las más de 13 comunidades aledañas a la Planta de Residuos que el senador de Morena construyó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en San Pedro Cholula, Puebla, siendo Subsecretario de la SEMARNAT, ya exigieron el cierre definitivo de la empresa que en ocho años contaminó no solo el subsuelo sino los mantos acuíferos de los cuales dependen para su subsistencia los llamados pueblos volcaneros; las autoridades tanto ambientales como fiscales, deben revisar con lupa las operaciones de la firma PRO-FAJ, pues existen diversas anomalías que pueden constituir presuntos delitos cometidos por el legislador de Morena, como tráfico de influencias y conflicto de intereses

SILOGISMOS

Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra

Así como no hay crimen perfecto, tampoco la corrupción suele perpetrarse sin dejar huellas; siempre hay un hilo conductor que puede llevar a las autoridades a castigar al, o los responsables, en este caso de tráfico de influencias y conflicto de intereses, cometidos desde el 2016 por el senador hidalguense de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

La historia de abusos que terminó por hacer crisis ante las puertas de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), hasta donde llegaron, en marzo pasado, habitantes de por lo menos 13 comunidades aledañas al municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde viene operando la planta tratadora de residuos PRO-FAJ HIDRO LIMPÍEZA S.A de CV –propiedad del legislador–, inició desde su paso como funcionario en el gobierno del priísta, Enrique Peña Nieto, donde aprovechó su cargo como Subsecretario de Fomento de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT), para convertirse en el nuevo “Rey de la Basura” del país, ganando millones pero contaminando suelos y mantos acuíferos que ahora, en la mayor de las impunidades e irresponsabilidades, ha terminado por poner en riesgo la salud de miles de habitantes.

En abril del 2021, Expediente Ultra alertó del negocio que ya cocinaba este traficante de poder, contando con el apoyo del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (q.e.p.d) y del entonces Secretario del Medio Ambiente a nivel federal, Rafael Pacchiano; el primero, le donó un terreno de cinco hectáreas para la instalación de la planta de tratamiento que ahora ha resultado el “basurero de la muerte” –como lo llaman los habitantes de los pueblos volcaneros–; y el segundo, le otorgó un apoyo por 80 millones de pesos de recursos de la dependencia a su cargo, para la compra e instalación de maquinaria.

El cinismo de todo este entramado de corrupción fue de tal nivel, que durante la inauguración de la planta, en febrero del 2016, aparecieron sonrientes para la foto, el mandatario poblano, el Secretario de Estado y el Subsecretario, Cuauhtémoc Ochoa, entonces un político totalmente priísta. Las imágenes publicadas por este medio así lo constatan.

Ochoa Fernández no solo obtuvo estos beneficios para hacerse millonario con el manejo de la basura; además, logró una concesión por 30 años para que 23 municipios de Puebla, depositaran sus desechos con PRO-FAJ, cuyos alcaldes de manera obligada tuvieron que firmar contratos en este negocio redondo, prohijado en el tráfico de influencias y conflicto de intereses.

Pero la ambición del Ochoa y sus socios terminó por agotar la mina de oro: el 27 de marzo del pasado año, justo cuando el ya convertido a morenista y diputado federal, Cuauhtémoc Ochoa, estaba de campaña en Hidalgo para llegar al Senado, en este mismo espacio, dimos cuenta del movimiento generalizado de los habitantes de las unidades habitacionales y comunidades aledañas a la planta de San Pedro Cholula, que habían cerrado por cuenta propia el mortal foco de infección, ante la apatía y complicidad de las autoridades locales.

Este medio publicó fotos del nuevo relleno sanitario de más de quince metros de profundidad que el legislador federal abrió a un costado de su planta, sin autorización de nadie, pues el anterior relleno calculado para atender los desechos de los municipios poblanos de más de 150 toneladas terminó saturándose porque, aprovechando sus influencias ahora como morenista, Ochoa consiguió contratos de Estados como Oaxaca y la propia CDMX, lo que implicó arrojar un total de 500 a 600 toneladas diarias de residuos.

El problema es que no solo los malos olores sino la falta de medidas de protección al subsuelo al no colocar membranas de buena calidad, ocasionó la filtración de lixiviados al subsuelo, contaminando de forma letal a los mantos acuíferos que surten de agua a miles de pobladores.

Las autoridades tanto municipales como estatales, trataron de encubrir la terrible contaminación, pero ni las amenazas de represión a los habitantes los desalentó a exigir el cierre del letal foco de infección y negocio irregular del legislador morenista. Las imágenes de Expediente Ultra no dejaban lugar a dudas de la devastación ecológica de PRO-FAJ. De igual forma, estudios de la Máxima Casa de Estudios, la UNAM y de otras instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), determinaron grandes cantidades de agentes contaminantes en el subsuelo y que estaban llegando más allá de los 50 metros de profundidad, afectando los mantos acuíferos.
Arropado por muchos años en la bandera ecologista, los hechos han demostrado que Ochoa Fernández no solo es un simulador sino un oportunista político que ha manejado un discurso demagógico; por ejemplo, cuando buscó la diputación federal por el Distrito V de Tula en el 2018, bajo las siglas de la Coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza, pidió a las autoridades investigar a fondo un incendio que en la comunidad de Bomintzhá, destruyó siete hectáreas de zonas magueyeras y catorce de flora y fauna en el municipio.

“Debe investigarse a fondo, deslindar responsabilidades y aplicas las sanciones que establece la ley”, vociferaba a los cuatro vientos, pero cuando se ha tratado de cumplir con los acuerdos pactados en materia ecológica con su planta de San Pedro Cholula, que según se dijo, sería ejemplo del manejo responsable y ecológico de los residuos, sencillamente no ha cumplido y ha evadido, hasta el momento, las sanciones que debe enfrentar por ley.

Del dicho al hecho de Ochoa Fernández, hay mucho trecho y unos 200 millones de ganancias anuales que, calculan los habitantes afectados, se ha embolsado el legislador chapulín con sus plantas contaminantes. Los electores recuerdan bien que en el 2021, pegó el brinco a Morena para ser diputado por el mismo distrito V de Tula. Y ahora, hasta senador de la República.

Pero el legislador no solo ha burlado las leyes ambientales; también está en entredicho el cumplimiento con sus obligaciones fiscales. Veamos algunas situaciones que llaman la atención de los domicilios sociales de PRO-FAJ:

De acuerdo al Padrón de Proveedores del Estado de Oaxaca, la empresa de Ochoa Fernández y sus socios, tiene su domicilio fiscal en Avenida Paseo de las Palmas número 1925, en las Lomas de Chapultepec, de la CDMX. Señalando su actividad económica preponderante: MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS Y REMEDIACION A ZONAS DAÑADAS POR DESECHOS NO PELIGROSOS (SIC).

Hace un año, el citado domicilio aparecía con un anunció de venta, pero el de Las Lomas de Chapultepec no es el único que declara la empresa contaminante, que además maneja un tiradero de residuos sólidos en Naucalpan, donde hace un par de años murieron dos trabajadores al darse un deslizamiento de cientos de toneladas, por el manejo irregular y sin parámetros de seguridad.

El otro domicilio fiscal está a muchos miles de kilómetros de distancia y se ubica en la calle de Bastimento No 15110 de la Colonia Quintas Quijote, en la Ciudad de Chihuahua. En el sitio aparece una casa de interés social sin ninguna leyenda de PRO-FAJ ni signos de ser al menos una oficina.

Además de tener clientes en Oaxaca, Puebla y el Estado de México, Ochoa Fernández ha vendido sus servicios para el manejo de residuos sólidos al municipio de Lázaro Cárdenas que administra la Isla de Holbox en la Riviera Maya de Quintana Roo, lo mismo que al gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), dio en adjudicación directa a la empresa de Ochoa, cinco contratos para el manejo de residuos sólidos de sus estaciones de transferencia en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, de 2020 al 2023, por un monto de 167 millones de pesos, para su disposición final en su basurero de Naucalpan. El mismo donde ocurrió la tragedia que costó la vida a dos trabajadores y ha mantenido en constante protesta a los vecinos de los alrededores que al igual que las comunidades de Cholula, no soportan los olores ni la contaminación del subsuelo por los lixiviados.

Seguramente que el legislador se ha guardado bien de decir a sus clientes que además de tener razones sociales en domicilios particulares, es proclive a emplear el outsourcing para negar derechos a sus trabajadores y no pagar impuestos por nómina.

Como denunció este medio en su investigación del pasado año, el llamado Grupo CIPA (Cuauhtémoc, Isabel, Pablo y Avelino), desde el cual operan a PRO-FAJ, hacía firmar contratos cada año a sus cien empleados de la planta contaminante de San Pedro Cholula –con su renuncia anticipada–, pero no a nombre de PRO-FAJ sino de otras compañías como GPS Millenium Tec SA de CV; Maganima; Aprendis; Desarrollo Infinito en tu Universo Productivo SA de CV.

La violación a sus derechos laborales y a las obligaciones fiscales, eran tan evidentes que muchos empleados denunciaron que aparecían ante el IMSS con categorías de meseros, pues uno de los hermanos de Ochoa tiene una cadena de Hoteles. Esta irregularidad tomaba matices de inhumana explotación porque muchos trabajadores sufrieron graves accidentes e, incluso, amputaciones de miembros, pero la empresa del que pretende ser candidato de Morena al gobierno de Hidalgo, no se hacía responsable y los dejaba a su suerte y a la indemnización que les daba el Seguro Social.

Lo grave del asunto es que las autoridades de la PROFEPA en el pasado sexenio, ya habían ordenado el retiro de los sellos de clausura a la Planta de Cholula, en abril del pasado año, pero ante la presión social de más de 30 comunidades, debieron dar marcha atrás.

Ahora los reclamos han tocado a las puertas de esta área, dependiente de la SEMARNAT, colocando en un verdadero predicamento a Cuauhtémoc Ochoa, en el Segundo Piso de la 4T, porque los agraviados pobladores están exigiendo el cierre definitivo de la planta y de sus mortales rellenos sanitarios, además de la rehabilitación ecológico del entorno dañado, sin exceptuar probables denuncias por el aumento de casos de leucemia a causa de los elevados niveles de contaminación.

Como se aprecia, no solo las autoridades ambientales sino también fiscales, tienen mucho que hacer para determinar la responsabilidad de PRO-FAJ Hidro Limpieza SA de CV, una empresa que nació al amparo de los abusos del neoliberalismo PRIANISTA, con dinero del pueblo, y como cruel ironía, para envenenar al pueblo.

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