La extorsión nuestra de cada día Excelsior

“La víctima es el Estado”, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum con relación a la estrategia contra las extorsiones que se dio a conocer el domingo y cuyas iniciativas de ley se presentaron ayer en la mañanera.
La frase es muy desafortunada (en realidad, lo que quería decir la Presidenta, pero lo fraseó mal, es que hoy la gente que denuncia se convierte en víctima potencial y que ahora el Estado asumía esa responsabilidad al perseguir de oficio el delito de la extorsión), pero la estrategia no lo es.
Es la primera vez en que se intenta controlar un delito que sigue creciendo, que estalló el sexenio pasado como consecuencia de los abrazos y no balazos y que castiga a toda la ciudadanía, en todos los rincones del país, pero que se ha tornado insoportable en, por lo menos, ocho entidades.
Uno de los mayores desafíos en el tema de la extorsión, tanto la telefónica como en el llamado derecho de piso, es el vacío que existe para poder hacer una denuncia, que la misma se procese y que el denunciante no termine siendo víctima, y por partida doble, de los delincuentes.
Muchos de los asesinatos y desapariciones que se viven cotidianamente derivan de extorsiones no pagadas y de la ausencia de quien debe ser el primero en responder ante este delito que es la autoridad local.
El delito de la extorsión creció tanto por el empoderamiento de los grupos criminales ante la prescindencia del Estado, por la política de no confrontación que, si en el gobierno federal fue una realidad, en los estados se convirtió en una norma y en los municipios generó una actividad controlada hasta la más mínima expresión por los grupos criminales.
Las extorsiones telefónicas y de otro tipo tienen sus dinámicas y pueden ser controladas de otra forma, pero las extorsiones en territorio, las que se hacen cara a cara, son mucho más difíciles de impedir si no son las autoridades locales las que actúan rápidamente contra ellas.
No hay nada peor para quien realiza una denuncia de extorsión que tener la incertidumbre, primero, de que esa denuncia se atenderá y, si se hace, que no llegue demasiado tarde.
Y, segundo, que la autoridad donde se hace la denuncia no termine estando coludida con los delincuentes o sean parte de la misma banda criminal.
El secreto está en las policías y las instancias de procuración de justicia local.
Es muy buena la iniciativa de ley que se presentó ayer y la estrategia del domingo.
Pero primero tiene que ser aprobada por el Congreso y asumida por las autoridades locales.
Y, segundo, de poco sirve si las autoridades locales no tienen la voluntad política de hacerla cumplir y, efectivamente, perseguir de oficio ese delito: en el camino para llegar a eso hay que construir un entramado técnico e institucional importante, pero, sobre todo, tener fuerzas que ataquen inmediatamente a quienes ejecutan estos delitos.
No es una tarea sencilla.
Hoy, vía la extorsión, se le cobra a todo el mundo, ricos y pobres, desde los productores de aguacate hasta los fabricantes de zapatos, desde grandes a pequeñas empresas, desde restaurantes de lujo hasta changarros, se pone precio a los materiales de construcción y a las tortillas.
Las investigaciones que desarrollen las fiscalías estatales serán fundamentales en este sentido porque se tienen que romper las tramas de complicidad que existen entre autoridades locales y criminales para poder avanzar con certidumbre.
Un buen ejemplo de ello fue el Operativo Enjambre que se realizó en el Estado de México y que sigue avanzando en sus etapas subsecuentes.
Es un ejemplo de cómo investigando desde el propio ámbito local se pueden comenzar a romper estas tramas y erradicarlas desde el origen.
Todavía falta mucho en el Estado de México, pero van en un buen camino.
Se necesitan muchos de esos operativos para comenzar a tener éxito ante este delito que tanto ha crecido, porque se necesita de voluntad política en las entidades para atacar a bandas que, en muchas ocasiones, estarán directamente relacionadas con factores de poder locales, incluso dentro de los mismos gobiernos estatales.
Y hay un puñado de gobernadores dispuestos a combatir ese delito mientras una mayoría espera, como en muchos otros casos, que sea la Federación la que actúe.
Hoy se intenta trabajar con una estrategia correcta y sensata, pero imagínese usted el daño acumulado en este ámbito de seis años de abrazos y no balazos.
 COMBUSTIBLE DE Y PARA LA CORRUPCIÓNAyer volvió a darse un golpe contra la trama del combustible ilegal.
En un megacentro de almacenamiento y distribución de combustible en el municipio de Las Vigas de Ramírez, a menos de 30 kilómetros de Xalapa, las fuerzas federales aseguraron 933 mil litros de petróleo crudo y 64 vehículos.
Es, una vez más, una operación inocultable, un centro de distribución enorme donde operaban decenas de pipas.
Es imposible que las autoridades, sobre todo locales, no supieran que era una instalación clandestina.
Ayer se dijo que en el tráfico de combustibles se irá hasta las últimas consecuencias.
Ojalá, porque una trama de esta dimensión, que genera tantos recursos y requiere para su operación de tantas complicidades, debe tener patrocinadores políticos de altísimo nivel.
Columnista: Jorge Fernández MenéndezImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0