Cambios en Salud: el Gobierno creó un organismo que gestionará cinco hospitales y eliminó tres institutos Infobae
A través de un decreto que será publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei determinó la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un organismo que acaparará la gestión unificada de cinco hospitales nacionales. Su titular será Diego Masaragian, que es el actual director de Hospitales en el Ministerio de Salud de la Nación.
La ANES tendrá bajo su órbita la gestión de los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Esto implica que la entidad concentrará en un solo ámbito la gestión administrativa, financiera y jurídica de esos centros de salud. En tanto, se seguirá respetando que tengan una Dirección Ejecutiva Médica particular de cada nosocomio, que en cada caso responde a una especialidad o estructura asistencial particular.
Se trata de uno de los tres decretos que fueron oficializados en el Boletín Oficial este martes, al filo de la finalización de las facultades delegadas administrativas que le fueron concedidas al Gobierno a través de la Ley Bases.
A este decreto lo acompaña la disolución del Instituto Nacional del Cáncer (INC), una medida que ya había sido anunciada meses atrás. Así, las funciones de las que se ocupaba la misma pasarán en forma de unidad organizativa interna dentro del Ministerio de Salud. También figura en esa normativa la eliminación del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC). “Fue creado por ley en 2015, pero nunca fue puesto en funcionamiento: no contó con sede, personal ni presupuesto asignado. Su estructura existía solo en el plano normativo”, afirman en Salud.
En la edición del Boletín Oficial de esta jornada también se decidió, en un decreto distinto, la integración (y por ende, la disolución) del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) a la esfera del Instituto Malbrán. “Ya desarrollaba ahí la mayoría de sus actividades, la medida busca evitar duplicidad de funciones”, justifican voceros oficiales.
En otra normativa diferente, Milei decretó la eliminación de la figura de las Delegaciones Sanitarias Federales del ministerio. Asimismo, derogó la facultad del Poder Ejecutivo de poder crear nuevos hospitales SAMIC como lo son el Hospital Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría y los hospitales Néstor Kirchner de Santa Cruz y de La Matanza.
Estos nosocomios mencionados anteriormente son distintos a los cinco que fueron abarcados por el primer decreto, dado que tienen una figura jurídica distinta: son entes jurisdiccionales, lo que indica que son manejados por Nación y por otros distritos al mismo tiempo. Estos tienen sus respectivos consejos de administración, que determinan sus propios procesos de gestión, de licitación y operativos.
El nuevo organismo de Salud que creó el Gobierno
Al preguntar el porqué de la creación del organismo, altas fuentes de Salud afirman que uno de los motivos fue “la detección de graves irregularidades en los procesos de licitación, servicios tercerizados y compra de insumos, reveladas por auditorías realizadas en el marco del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales”, por lo que se procedió en la unificación de los procesos de gestión para “eficientizar su uso”.
Un ejemplo que utilizan es para las licitaciones de insumos como medicamentos. “A mayor cantidad que pongamos a disposición para comprar, más vamos a bajar el precio por unidad”, indican. Como caso extremo, mencionan una licitación de Omeprazol que fue adjudicada antes de la actual administración a 400 veces el precio de farmacia. Indican que el promedio de los casos en medicamentos había un sobreprecio era de 200%.
Meses atrás había surgido un primer cambio en el proceso de licitaciones para que quienes la formulan pusieran el precio de referencia reflejado en el listado Kairos, que suele ser la guía de remedios y medicamentos referencia en el mundo farmacéutico y sanitario.
La última recomendación que se esbozó ahora es que se tome el precio de salida del laboratorio. Se trata de algo que tiene un alto nivel de complejidad, porque para eso deben hacerse estimaciones de cuánto pueden llegar a ser los costos, algo que las empresas no tienen obligación de informar.
Si efectivamente logra ponerse en marcha ese tipo de parámetro, el precio referencia no tendrá en cuenta el proceso de distribución logístico ni de puesta en venta de farmacias, los cuales son eslabones de la cadena de comercialización de los medicamentos y, lógicamente, implican un crecimiento en el precio final de góndola.
Para sopesarlo, altos funcionarios de la cartera ministerial afirman: “Cuando compre el Estado con ese parámetro no necesitás licitar toda la cadena. El Ministerio de Salud tiene sus servicios logísticos propios. Creemos que podemos utilizarlos o, si no, licitar un proceso de distribución de manera complementaria”.
“La ANES no implica la aparición de nuevas instituciones, sino la consolidación de los cuatro organismos existentes en una única entidad descentralizada. Esta unificación permite reducir estructuras innecesarias y facilitar la normalización de precios en la adquisición de bienes y servicios”, subrayan.
Por ese organismo descentralizado pasarán también las licitaciones de servicios como seguridad, limpieza y cocido (alimentos), también un segmento relevante en términos del presupuesto destinado a cada uno de los cinco nosocomios. “Planeamos que la licitación sea una para los cinco hospitales”, afirman fuentes inobjetables, aunque podrán existir excepciones para algún caso particular.
Esto seguramente implique una merma en la cantidad de trabajadores contratados. En Salud están convencidos de que cada hospital tenía “sobrecarga de personal” en los pliegos. “En seguridad hay un montón de tecnología que se puede aplicar. Podés generar un sistema de alarmas que reduzca el tamaño necesario de la plantilla”, justifica por su parte una funcionaria libertaria.
“Los recursos son limitados y la eficiencia en su uso se ha convertido en un imperativo. Lo contrario, implicaría la vulneración de derechos fundamentales de la población y de los contribuyentes”, finaliza un comunicado oficial difundido por voceros del Gobierno.
