Un hombre empeñó su auto, le rechazaron el pago pese a estar en fecha y después se lo llevaron de su casa sin aviso, por lo que un tribunal federal decidirá si el Monte de Piedad puede ser procesado penalmente El Imparcial
Dormir tranquilo tras empeñar un bien para salir de un apuro económico no siempre está garantizado.
Ese es el caso de un cliente que asegura haber perdido su automóvil pese a estar al corriente en sus pagos, luego de un conflicto con Nacional Monte de Piedad, institución de asistencia privada que ahora vuelve a estar bajo revisión judicial.
La información fue documentada por Proceso, con base en resoluciones judiciales y testimonios del afectado.
El origen del conflicto: un pago rechazado
Francisco Arturo Jiménez Noricumbo empeñó su automóvil en 2018 para enfrentar problemas económicos. De acuerdo con el contrato, sus pagos vencían el día 26 de cada mes.
Ese mismo día de noviembre acudió a la sucursal correspondiente para realizar el refrendo, pero el pago le fue rechazado bajo el argumento de ser extemporáneo.
El cliente dejó constancia por escrito de su inconformidad, señalando que el rechazo contravenía lo estipulado en el contrato, y solicitó la devolución de cualquier cargo generado de manera indebida.
Silencio institucional y una queja formal
Tras presentar la queja, Jiménez Noricumbo intentó comunicarse en repetidas ocasiones con la institución para obtener una respuesta. No la recibió. Ante la falta de solución, en diciembre de 2018 acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que fijó una audiencia de conciliación para febrero de 2019.
El retiro del automóvil sin aviso previo
Antes de que se realizara la audiencia, supuestos trabajadores del Monte de Piedad acudieron al domicilio del cliente, quien no se encontraba en ese momento.
De acuerdo con su denuncia, ingresaron con engaños y se llevaron el automóvil, sin notificación previa, a pesar de que el contrato exigía un aviso formal.
Por estos hechos, Jiménez Noricumbo denunció el robo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El primer obstáculo legal: ¿puede una empresa ir a proceso penal?
Un juez local determinó inicialmente que una persona moral no podía ser sujeta a proceso penal, lo que dejó sin efecto la acusación. El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se revisó a la luz de criterios recientes sobre responsabilidad penal de empresas.
El 10 de junio de 2025, la ministra Loretta Ortiz Ahlf ordenó que el expediente regresara a un tribunal colegiado para que resolviera conforme a precedentes que sí permiten vincular penalmente a personas morales.
Resoluciones encontradas y un nuevo recurso
El Segundo Tribunal Colegiado en materia penal ordenó revisar de fondo si existían elementos de delito y la probable responsabilidad de la institución. Sin embargo, una sala penal local volvió a confirmar la no vinculación a proceso, ahora con argumentos distintos.
El juzgado federal consideró que esa resolución cumplía con el amparo, pero el afectado interpuso un recurso de inconformidad, que nuevamente será analizado por el mismo tribunal colegiado.
Lo que está en juego
El tribunal deberá decidir si la sentencia de amparo fue cumplida correctamente. De no ser así, tendrá que emitir una nueva resolución que podría abrir la puerta a la vinculación a proceso penal de Nacional Monte de Piedad.
El caso no solo definirá el futuro legal de esta denuncia, sino que podría sentar un precedente relevante para los clientes de instituciones de empeño y para la discusión sobre la responsabilidad penal de las empresas en México.
