“Es un dulce envenenado”: la advertencia de Paola Holguín sobre la reforma laboral de Petro Infobae
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro generó una de las mayores controversias legislativas del último año. Mientras el Ejecutivo la presenta como un avance para los trabajadores, desde la oposición encienden las alarmas. La senadora Paola Holguín, una de sus más férreas críticas, no solo rechaza su contenido, sino que advierte que traerá consecuencias graves para el empleo, la informalidad y la estabilidad empresarial en Colombia.
“Es muy fácil hacer discursos populistas, pero esta reforma no beneficia al país. Es un dulce envenenado”, afirmó Holguín durante una entrevista con Infobae Colombia, en la que desglosó uno a uno los puntos más problemáticos del proyecto aprobado.
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Según explicó, la reforma introduce recargos laborales insostenibles, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Uno de los cambios más polémicos fue el adelanto del recargo nocturno, que antes empezaba a las 9:00 p. m. y ahora comenzará a las 7:00 p. m. “Incluso intentaron que fuera desde las 6. Eso afecta directamente a sectores que trabajan 24/7, como restaurantes, bares, hospitales y call centers”, señaló.
Holguín recordó que el 85% del tejido empresarial formal en Colombia está compuesto por micronegocios, empresas que no tienen cómo absorber ese tipo de sobrecostos. Y agregó una advertencia, “el capital se mueve. Si contratar en Colombia es cada vez más caro, se van a llevar sus inversiones a otros países”.
Más informalidad, menos empleo
Pero, el recargo nocturno no es el único punto crítico. También se refirió al incremento en el pago de dominicales y festivos, que pasó del 75% al 100%. En Colombia, uno de los países con más festivos en la región —18 en total, solo por debajo de Chile—, este cambio encarece aún más la nómina. “La consecuencia directa será la destrucción de empleos y el aumento de la informalidad. En un país donde ya el 57% de quienes trabajan lo hacen en condiciones informales, esto es una bomba de tiempo”, advirtió.
La senadora respaldó sus críticas con datos duros, el Banco de la República estimó que la reforma podría eliminar hasta 450.000 empleos, y exfuncionarios del mismo gobierno, como la exministra Gloria Inés Ramírez y el exministro Ricardo Bonilla, reconocieron públicamente que la reforma no generaría empleo y sí aumentaría la informalidad.
Contrato sindical y aprendices del Sena: otras pérdidas
Holguín también denunció que el proyecto atentaba contra herramientas que fueron claves para la estabilidad empresarial. Uno de esos casos fue el intento de eliminar el contrato sindical, una modalidad que, según explicó, permitió relaciones laborales más armónicas en empresas como Leonisa y Compañía de Empaques. “Es un sindicalismo más moderno, democrático y útil. Proteger esa figura fue una batalla que logramos ganar, por ahora”, señaló.
También criticó los cambios propuestos para los aprendices del Sena, un programa que, en su versión actual, facilita que jóvenes sin experiencia puedan incorporarse a la vida laboral con costos reducidos para las empresas. “Si un aprendiz cuesta lo mismo que un trabajador con experiencia, ¿quién los va a contratar?”, cuestionó.
Holguín destacó que, aunque el sistema de formación del Sena requiere mejoras para adaptarse a las necesidades del mercado, la posibilidad de aprender haciendo ha sido fundamental. “Si se encarece ese contrato, estamos desincentivando la formación laboral”, lamentó.
Desde su perspectiva, el Gobierno impulsó esta reforma bajo una retórica que manipula el deseo popular de justicia laboral, pero sin sustento técnico. “Les hacen creer a los trabajadores que esto los va a beneficiar, cuando en realidad los expulsa del mercado formal”, afirmó.
A pesar de la oposición inicial en la Comisión Séptima, la reforma fue finalmente aprobada, en parte, según Holguín, gracias a presiones y posibles prácticas clientelistas. “Hay congresistas investigados por recibir contratos o favores del Gobierno a cambio de votos”, denunció.
La senadora señaló que el Congreso sí ha tramitado varias reformas del Ejecutivo, pero eso no implica que sean beneficiosas para el país. “Esta es una reforma que atenta contra el empleo y contra el futuro de millones de colombianos. Oponerse no es estar contra los trabajadores, es defender la posibilidad de que tengan trabajo”, concluyó.
