La Corte Suprema permite a Trump deportar a 8 migrantes a Sudán del Sur Infobae
La orden de la corte siguió a otra más amplia del mes pasado que permitía las expulsiones a países con los que los migrantes no tienen conexiones.
La Corte Suprema permitió el jueves que se deportara a Sudán del Sur a ocho hombres que han pasado más de un mes retenidos bajo custodia en una base militar estadounidense en Yibuti, accediendo así a una petición del gobierno de Donald Trump.
Un funcionario gubernamental dijo que enviaría sin demora a los hombres, procedentes de países de todo el mundo, a la nación devastada por la guerra. Ni Estados Unidos ni Sudán del Sur han dicho qué ocurrirá con esas personas a su llegada.
Esta ha sido la segunda vez que la corte se ha pronunciado sobre el caso. El mes pasado, en una sentencia más amplia que no estaba firmada y no ofrecía ninguna argumentación, la corte dejó en suspenso la orden de un juez de primera instancia que había prohibido al gobierno deportar a los migrantes a países distintos del suyo, a menos que tuvieran la oportunidad de alegar que sufrirían tortura.
Los abogados de los ocho hombres se apresuraron a acudir de nuevo al juez de primera instancia, quien volvió a bloquear su expulsión. Entonces el gobierno les pidió a los jueces que aclararan que la orden del mes pasado también se aplicaba correctamente a esos hombres.
La decisión del jueves de la Corte Suprema, que no tenía firma pero incluía dos páginas de razonamiento, decía que sí.
En su voto particular, la jueza Sonia Sotomayor, a la que se unió también la jueza Ketanji Brown Jackson, dijo que la sentencia podría tener graves consecuencias.
"Lo que el gobierno quiere hacer, concretamente", escribió la juez Sotomayor, "es enviar a los ocho no ciudadanos que expulsó ilegalmente de Estados Unidos desde Yibuti a Sudán del Sur, donde serán entregados a las autoridades locales sin tener en cuenta la probabilidad de que sufran tortura o muerte".
En mayo, el gobierno embarcó a ocho hombres en un avión que, según se dijo, se dirigía a Sudán del Sur, país africano asolado por la violencia, donde solo uno de ellos tenía la ciudadanía.
Tras la intervención del juez Brian E. Murphy, del Tribunal de Distrito de Boston, el vuelo aterrizó en la nación de Yibuti, en África Oriental.
Los hombres, que han sido condenados por delitos graves en Estados Unidos, están detenidos desde entonces en Camp Lemonnier, una base militar. Según los expedientes judiciales, pasan casi todo el tiempo en el interior de un contenedor modular con aire acondicionado que los militares suelen utilizar como sala de conferencias. Están bajo vigilancia constante, usan grilletes en los tobillos, excepto cuando se duchan, van al baño o se reúnen a distancia con sus abogados, según ha dicho un miembro de su equipo jurídico.
Antes de llegar a Estados Unidos, procedían de Vietnam, Corea del Sur, México, Laos, Cuba y Birmania. Solo uno es de Sudán del Sur.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, recibió con satisfacción la decisión del jueves.
"Estos enfermos estarán en Sudán del Sur para el Día de la Independencia", dijo.
Trina Realmuto, abogada de los migrantes, dijo que la sentencia se produce "a expensas de las vidas de ocho hombres que ahora son objeto de expulsión inmediata a un país desgarrado por la guerra con el que no tienen ningún vínculo".
En un escrito presentado ante la corte el mes pasado, el gobierno dijo que había recibido "garantías diplomáticas creíbles" de Sudán del Sur de que los hombres no serían torturados. Pero Realmuto dijo que no tenía conocimiento directo de esas garantías y que desconocía lo que el gobierno sursudanés pensaba hacer con los hombres tras su desembarco.
En un escrito presentado por los abogados de los migrantes, un experto en Sudán del Sur dijo que era probable que las fuerzas de seguridad del país detuvieran a los hombres y los sometieran a "tortura o a condiciones equivalentes a la tortura".
La primera implicación de la corte en el caso se produjo el mes pasado, cuando dejó en suspenso por primera vez la decisión del juez Murphy según la cual todos los inmigrantes a los que el gobierno pretenda deportar a países que no sean su patria deben tener primero la oportunidad de demostrar que correrían riesgo de tortura.
A las pocas horas, los abogados de los ocho hombres volvieron a dirigirse al juez Murphy, pidiéndole que siguiera bloqueando las deportaciones del grupo.
El juez Murphy, quien fue nombrado por el presidente Joe Biden, denegó la petición por innecesaria. Dijo que el mes pasado había dictado una sentencia distinta de la que la Corte Suprema había dejado en suspenso, que protegía a los hombres que estaban Yibuti de la expulsión inmediata.
Añadió que la jueza Sotomayor se había pronunciado en el mismo sentido en su disidencia de la sentencia, a la que se unieron las juezas Kagan y Jackson. "Las órdenes correctivas del tribunal de distrito no son competencia de esta corte porque el gobierno no las ha recurrido", escribió.
En la sentencia del jueves, la mayoría rechazó esa distinción, dejó en pausa ambas sentencias y permitió las deportaciones a Sudán del Sur.
La jueza Kagan, quien ya había disentido anteriormente, emitió esta vez una opinión concurrente. "No veo cómo un tribunal de distrito puede obligar a cumplir una orden que esta corte ha suspendido", escribió.
La jueza Sotomayor, en disidencia, dijo que la nueva orden de la corte seguía dando al juez Murphy una orientación inadecuada.
"La orden de hoy no solo excusa (una vez más) el indisimulado desprecio del gobierno por el poder judicial, sino que también deja al tribunal de distrito sin ninguna orientación sobre cómo debe proceder este litigio", escribió.
"La orden de hoy", añadió, "solo aclara una cosa: otros litigantes deben seguir las normas, pero el gobierno tiene a la Corte Suprema en marcación rápida".
La orden del jueves fue la última de una serie de sentencias relacionadas con la migración decididas por los jueces de forma sumaria, en lo que los críticos denominan el expediente de resolución urgente.
Algunas de las primeras decisiones insistieron en el debido proceso --notificación y oportunidad de ser escuchado-- para los inmigrantes antes de ser deportados.
Órdenes más recientes levantaron la protección de cientos de miles de personas a quienes se había concedido el estatuto de protección temporal o la libertad condicional humanitaria, permitiéndoles ser deportadas. Y las sentencias relativas a las llamadas expulsiones de terceros países a lugares distintos de las naciones de origen de los migrantes parecían dar poca importancia al debido proceso.
Los recientes movimientos del tribunal han sido aplaudidos por el gobierno de Donald Trump, que ha estado negociando con países de todo el mundo para que acepten a personas deportadas y acelerar así sus esfuerzos por expulsar a miles de migrantes. "Enciendan los aviones de deportación", dijo una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional tras la sentencia del tribunal sobre las expulsiones de terceros países el mes pasado.
Hamed Aleaziz colaboró con la reportería.
Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre novedades jurídicas. Licenciado por la Escuela de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002.
Hamed Aleaziz colaboró con la reportería.
