Las Universidades para el Bienestar pierden el primer asalto por no reconocer a los maestros como trabajadores
Más de 40 profesores despedidos injustamente en 2021 por las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) obtuvieron recientemente amparos favorables ante tribunales federales, que reconocen su relación laboral y ordenan su reinstalación. En su momento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 11 se negó a reconocerlos como trabajadores, dado que las UBBJ operan bajo “convenios de colaboración” en lugar de contratos laborales, práctica que vulnera los derechos fundamentales.
Este fallo sienta un precedente significativo para miles de trabajadores en el sector público contratados bajo esquemas similares de simulación laboral. A continuación, las profesoras Guadalupe Ortiz y Norma Lanche relatan cómo fueron contratadas bajo convenios irregulares, sin derechos laborales ni seguridad social. Sus historias son parte del fallo que ahora sienta un precedente para más de 100 docentes en la misma situación.
¿DAR CLASES EN LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ? ¿POR QUÉ NO?
Guadalupe Ortiz no lo pensó dos veces y en enero de 2019 concursó por una plaza como docente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, en la sede Iztapalapa, en la Ciudad de México. Con maestría en Desarrollo Rural y doctorado en Estudios Latinoamericanos tenía un buen perfil para dar clases de licenciatura a sectores vulnerables con deseos de estudiar.
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La convocatoria, en diversos periódicos, solicitó “con carácter urgente” a docentes en las áreas de Desarrollo Regional Sustentable, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal y Manejo Integrado del Agua. Víctor Toledo y Jimena Paz eran los coordinadores académicos; el registro de aspirantes se realizó en la plataforma Crefal (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe).
“Fue mucha emoción saber que estaba dentro del proyecto”, recuerda Guadalupe, quien durante los siguientes tres meses pasó una a una las fases de selección. “Trabajé en zonas rurales del sureste con grupos de la sociedad civil. Pero esta era una propuesta del gobierno que me pareció innovadora y dije: me aviento. Siempre he sido apartidista, no soy morenista ni obradorista, pero creo que algo muy chiquito como la educación puede traer cambios”.
UNA OPORTUNIDAD LABORAL EN MEDIO DEL DESEMPLEO
El sentir de Norma Lanche, una doctora en Historia con especialidad en arte prehispánico, fue similar. Aunque vivía en la Ciudad de México no dudó en irse a la Universidad del Bienestar de San Miguel Amatitlán, Oaxaca (su estado natal). Creyó que —en medio del desempleo— era su oportunidad.
“Soy profesora todoterreno: a mí no me van a contar nada, sé lo que es caminar, ir a limpiar los salones, tener que viajar horas, compartir comida con mis alumnos. Sonaba muy bonito, romántico, el proyecto de llevar educación a zonas marginadas con una gama de posibilidades de desarrollo para nosotros. No fue cierto”, afirma Lanche.
El hotel Ritz del Centro Histórico de CDMX recibió en marzo a un promedio de 300 profesores para 100 sedes; todos entregaron CURP, RFC, fotografías y comprobantes de domicilio; a cambio recibieron imprecisiones sobre su contratación. “Que iban a ver bien cómo quedaría, no nos dieron salarios exactos, pero que en las siguientes semanas nos darían la información”.
¡ARRAAANCAN!
En Iztapalapa, el Centro Social Villa Estrella prestó salones con mobiliario para recibir en abril a la primera generación de 30 estudiantes que en su mayoría no alcanzó lugar en la UNAM o el Politécnico. El plan de estudios fue de cinco asignaturas. En agosto llegó la segunda generación. Guadalupe y otros dos profesores más recibieron en noviembre su primer pago como docentes (28,000 pesos mensuales para tiempo completo y 14,000 por medio tiempo); en diciembre les pagaron todos los meses adeudados.
“Nos hicieron firmar lo que ellos llamaron convenio. Como ya nos habían pagado estábamos obligados de cierta manera a firmarlo”, relata Guadalupe. “Hubo cláusulas que me llamaron la atención, por ejemplo, una que decía que renunciaba a todos mis derechos y pensé: esto no es legal. Otra, que si llegábamos a enfermarnos podían cancelar el contrato, pero no nos otorgaron servicios médicos. Había contradicciones; en unas páginas estipulaban nuestras obligaciones y en otras decían que no había una relación. Ahora he entendido que eso fue una simulación jurídica”.
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En la zona de la mixteca baja, Norma dio clases en una comunidad de muy alta marginación que, explica, depende de las remesas y del trabajo temporal en algunas zonas de Sonora. La primera generación de Licenciatura en Formación Docente, Educación Básica, Patrimonio Histórico y Cultural se conformó de 15 alumnos (madres solteras y estudiantes con carreras truncas).
“En la lista siempre aparecían alumnos que nunca asistían, lo que me parecía muy extraño y ese fue uno de los primeros conflictos porque teníamos instrucción de ponerles asistencia y aprobarlos, aunque nunca se acercaron”, relata.
“PARA NOSOTROS NO HUBO UN CONTRATO SINO UN CONVENIO”
Atrios de Iglesias, la explanada del municipio y una construcción casi abandonada fueron usados como aulas escolares. “Mi salón eran cuatro árboles, su sombra y el piso de tierra. El wifi de la comunidad era muy inestable; y así trabajamos hasta que empezaron a llegar los recursos, pero a mí ya no me tocó ver qué uso le dieron”, añade Norma. La matrícula escaló a 20 (por la beca que recibían los alumnos) y hubo que lidiar con el presidente municipal, cuyo principal interés era controlar la Universidad.
“Para nosotros no hubo un contrato sino un convenio que se amparó en un Código Civil; no precisó la cifra de mi salario y nunca lo firmé a priori porque mi coordinadora solo me dejaba ver las hojas para firmar; el segundo convenio ni siquiera pude leerlo. Prácticamente llegó y me dijo: fírmalo, y me lo retiró”, cuenta.
Lo que sí le informaron fue que el material didáctico que diseñó y la investigación de campo que realizó no serían suyos. “Se supone que era parte de mis labores, pero yo no tenía derecho ni a publicar ni hacer uso de ellos porque pertenecían a las Universidades para el Bienestar”.
A diferencia de Guadalupe, Norma solo recibió dos pagos impuntuales: uno por 20,000 pesos en diciembre y otro por 5,000 en enero de 2020; y para cobrarlos tuvo que viajar cuatro horas desde su comunidad rural hasta la capital del estado donde estaba el banco.
EDUCACIÓN CON COVID
La pandemia de coronavirus alcanzó al proyecto en marzo de 2020. Iztapalapa, una de las alcaldías con mayor número de contagios, migró a la educación en línea. Guadalupe solicitó los insumos necesarios para trabajar en esta modalidad; en una videoconferencia virtual lo planteó a Raquel Sosa, titular del proyecto.
“Me contestó que buscara otras alternativas porque el Zoom era neoliberal”, recuerda con precisión. Entonces, con su dinero, pagó la actualización de su computadora y el servicio de Zoom. Sus compañeros hicieron lo mismo.
En junio de 2021 les ordenaron regresar a las clases presenciales; ella sugirió mantener un esquema híbrido, pero su propuesta no tuvo respuesta. A su regreso notó que no tenía olfato ni dinero porque no llegó su pago quincenal. “Mi prueba covid dio positivo, avisé a mi coordinador y solicité mi pago para comprar medicamentos. Entonces me informó: estás despedida, si quieres recibir tu pago tienes que acudir a firmar documentos. No podía hacerlo, se quedaron con mi último salario. No me dieron nada, solo una carta de agradecimiento”.
“ME ENTREGARON UN DOCUMENTO QUE DECÍA FIN DE CONVENIO”
En Oaxaca, Norma recibió la misma orden porque la autoridad local declaró semáforo verde. “Mi coordinadora obligó a los alumnos a sanitizarse los zapatos rotos. Con su primera beca ellos compraron su primer celular y me preguntaban cómo se bajaban los programas para tener clases en línea, lo que casi nunca funcionó porque a las 9 de la mañana que se abría la oficina del municipio se caía la red y no podíamos hacer nada”.
“Trabajé desde septiembre de 2020 y me despidieron en mi cumpleaños, en julio de 2021. Me entregaron un documento que decía fin de convenio. Pasó lo que siempre ocurre en educación: los profesores que cumplimos, llegamos temprano y no faltamos siempre somos maltratados, eso es un hecho. Pero también había una política clarísima de que se estaban deshaciendo de nosotros.
“Mis alumnos recabaron firmas para que no me corrieran, tuve el respaldo de las mujeres de la comunidad. Pasaban frente a mi casa y me gritaban: ¡Profa, profa, esto es una injusticia!”, relata Norma mientras se quiebra su voz.
¿PROFESORES? NO, BENEFICIARIOS
Despedidas, contactaron con otros docentes que, a su vez, contactaron con otros más. Intercambiaron información y encontraron que 110 maestros de todo el país fueron despedidos igual, con una carta machote de agradecimiento. Pero solo 39 (con el nombre “Coalición para el Bienestar”) entablaron un proceso legal para exigir la reinstalación en sus puestos de trabajo.
“Nunca nos dijeron: no sirves para este puesto. Muchos estábamos trabajando desde 2019, otros ingresaron en 2020 y otros más llegaron cuando se formaron las Universidades de Morena en 2016”, recuerda Norma.
El 21 de marzo de 2022, la maestra reflexionó en que el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenía que saber lo que estaba ocurriendo. “Lo esperé tres horas aquí en Oaxaca, afuera del Centro de Convenciones, el día de la conmemoración de Benito Juárez. Le entregué una carta en mano, le dije: presidente, por favor intervenga. Y otros compañeros hicieron lo mismo en el norte; pero no tuvimos respuesta”.
“Cuando nosotros iniciamos la demanda, la directora empezó con la narrativa de que no éramos profesores, sino beneficiarios de un programa social. Es indignante que nos quiten nuestra calidad de trabajadores y nuestros derechos laborales. No dejamos de ser trabajadores solo porque a alguien se le ocurrió”, acusa por su parte Guadalupe.
EL MOVIMIENTO GANA AMPAROS CONTRA LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR
“En cuatro años nos han golpeado con discursos e ignorancia, con poner al secretario del Trabajo a los pies de Raquel Sosa. La realidad me golpeó frente a la cara, esta es una lucha colectiva por no dejar que nos aplasten los derechos porque el trabajo educativo es lo que sostiene este país. Sentí rabia porque el discurso que manejan es uno y en la práctica otro. Como decían las indígenas, que la dignidad se haga costumbre: y la mía es una digna rabia”.
Con el tiempo, la Coalición para el Bienestar entendió, en cuatro años de litigio, que fueron despedidos porque hubo un problema económico y una mala planificación del proyecto. La primera demanda se realizó ante la extinta Junta de Conciliación y Arbitraje número 11 que resolvió a favor de la Universidad del Bienestar y calificó a los docentes como beneficiarios de un programa social para evitar el pago de prestaciones y salarios devengados por despido injustificado. Inconformes ante esta resolución, acudieron a tribunales federales e interpusieron amparos que recién han comenzado a ganar.
Norma dice que ya aprendió a no confiar en los gobiernos que prometen mucho. “Fue como irnos a la guerra y que nos dejaran solos ahí completamente”. N
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