Concentración de poder Excelsior

En los últimos 50 años de práctica democrática en nuestro continente, la mayor aspiración de todos los actores del sistema político era contar con reglas y procedimientos que facilitaran la gobernabilidad de la manera más cercana al equilibrio de poderes y a la construcción de una gran quimera: el Estado de derecho.
Todo ha cambiado.
Vivimos un proceso acelerado de concentración del poder político en pocas manos.
Esta mutación ha producido una acumulación de influencia y autoridad en manos de pocas personas.
Esta situación ha generado grandes desequilibrios en la distribución del poder, afectando la calidad de la democracia y limitando la participación ciudadana.
Como lo hemos reiterado en este artículo, la pandemia de covid-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, tal y como lo han documentado distintos estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicados desde el 2021.
Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían, tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.
Estamos inmersos en un círculo vicioso alimentado por la concentración de poder, la violencia y las políticas de protección social deficientes, tres factores que se retroalimentan y que son el caldo de cultivo del populismo y de gobiernos cada vez más autoritarios y despóticos.
La conexión entre todos estos factores despierta un apetito voraz y desmedido por parte de algunos nuevos gobernantes por demoler las reglas democráticas con las que se llegó originalmente al poder.
El objetivo de algunos gobiernos actuales radica en “eliminar” el mayor número de candados y restricciones por parte de las instituciones existentes, buscando siempre la supremacía del Poder Ejecutivo en detrimento de los demás poderes.
El “impulso autoritario” de individuos o grupos distorsiona las políticas públicas y debilita a las instituciones.
Nuestra región es la más violenta del mundo, y la violencia y la desigualdad forman un ciclo recurrente en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa.
La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.
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 BALANCENo debemos tener miedo de llamarle a las cosas por su nombre.
Algunos piensan que lo que no se menciona termina por no existir.
Eso es un sofisma inaceptable.
En materia de democracia, las obligaciones de los Estados americanos son claras: respetar los derechos humanos, garantizar la vigencia del Estado de derecho, celebrar elecciones íntegras y justas, y defender, sin excepciones, la separación e independencia de los poderes públicos.
Ante la concentración acelerada del poder, que siempre es el preámbulo rumbo a la instauración de las dictaduras, es indispensable reivindicar el valor de la Carta Democrática Interamericana, signada por todos los miembros de la OEA como un instrumento idóneo para reafirmar el compromiso regional en favor de la democracia representativa.
Es crucial que los gobiernos demuestren, en los hechos, su compromiso con la democracia con acciones concretas.
La tragedia económica y social que las tres dictaduras del continente: Cuba, Nicaragua y Venezuela han producido en sus poblaciónes debería ser suficiente para denunciar la progresiva concentración autoritaria del poder que ahora vivimos como una patología que debemos combatir.
Columnista: Francisco Guerrero AguirreImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0