Abusos y detenciones ordenadas por Verónica Hernández Giadans: La historia de Samantha y su pequeño hijo

Claudia Guerrero Martínez / Nadie da una explicación lógica por la permanencia de Verónica Hernández Giadans, como titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Y creemos, que la gobernadora Rocío Nahle la trata con precaución, ya que Verónica ha escalado como una operadora de líderes criminales. Y ser la responsable de la debacle de la Policía Ministerial, quienes se dedican a torturar, detener a víctimas y acatar lo que los lideres de plaza ordenan. Tan sólo observan cómo Verónica Hernández Giadans es prima hermana de una operadora del Comandante H en Coatzacoalcos y la misma fiscal general se rodea de comprobados delincuentes, entre ellos el conocido como “El Pámpano”, uno de los más aventajados asesores de la fiscal general.  También, usan a la FGE de Veracruz como institución al servicio y venganzas de grupos criminales y cárteles asentados en este Estado.

En esta entrega, daremos a conocer el caso de “Samantha” y su hijo de cinco años.

Con denuncias interpuestas en contra de elementos y funcionarios de la FGE de Veracruz, así como también, las quejas entregadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en la Comisión de Víctimas del Delito en el Estado de Veracruz por abuso de autoridad, fabricación de carpetas de investigación y detención ilegal, pero sobre todo, la desaparición de un niño de cinco años, quien durante días, los familiares buscaron incansablemente y la FGE no daba respuestas, hasta que fue localizado con graves secuelas por haber presenciado la tortura y violencia en contra de su madre, por parte de policías ministeriales.

Y son los policías Juan Antonio Peña Ruiz, Diego Yahir Córdoba Macías, María del Rosario González Zamora y Luis Yair Fuentes Hernández, quienes se desempeñan como elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro Coordinación en Coatzacoalcos, Veracruz y bajo la orden directa de la fiscal general Verónica Hernández Giadans, así como José Alberto Hernández Zamora, quien actualmente se desempeña como fiscal séptimo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en Xalapa, Veracruz.

El tema central de esta entrega es la exposición de motivos al haber privado de su libertad a un menor de cinco años y ocho meses con las iniciales “PETF” y haber sido torturado física y psicológicamente. Y vergonzosamente, haber estado presente cuando torturaban a su madre de nombre “Samantha N”, quien fue sometida a amenazas, torturas y abuso policiaco, para luego, ser golpeada y con evidente tortura, fue ingresada al Penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz.

El inicio de esta historia llena de anomalías y abusos policiacos, como “hecho punitivo”, ocurre el sábado 21 de junio del año 2025, cuando Samantha fue detenida, junto con sus suegros Leticia “N” y Ramiro “N”, en un lugar muy diferente al que se informó, durante un operativo perpetrado por la Policía Ministerial, mismo, se dio a conocer ante los medios de comunicación y las redes sociales. Se aseguró, presuntamente les habían “encontrado” drogas y presuntamente habían atentado en contra elementos de la Policía Ministerial, en la zona sur del Estado. Lo indignante, que durante el operativo, nunca se definió la localización del menor hijo de Samantha.

El calvario de la madre de Samantha se hizo evidente, cuando acudió a las diferentes dependencias y nadie le daba referencias para localizar al menor de edad con las siglas “PETF”. Y nos relata: “Ese mismo día por la tarde, me trasladé hasta las instalaciones de la Unidad de Combate al Secuestro  por sus siglas UESC, oficinas ubicadas en Arco Sur, justamente a un lado del Centro Comercial “Walmart”, pero se desconocía el paradero del niño. Al llegar a esas oficinas, se me informó por parte del guardia de la entrada, que en efecto ahí se encontraban mis familiares que buscaba, pero del niño no se sabía dónde podía localizarlo y no se me permitió hablar con mi hija, diciendo el guardia que debía esperar a que el fiscal, de nombre José Alberto Hernández Zamora, me recibiera en sus oficinas”.

La madre de Samantha “N” acudió a las oficinas del fiscal José Alberto Hernández Zamora sin tener suerte y luego a la Fiscalía, sin que nadie le dé informes del menor de edad, cuando es primordial la entrega del niño de cinco años, a un familiar directo, en este caso, la abuela materna. La madre de Samantha fue asesorada por un abogado, ya que los detenidos estaban incomunicados y fue cuando se interpuso un amparo federal  con el juicio  número 564/2025.

Y abuela del menor abundó: “Al trasladarme de nueva cuenta a las oficinas de la UESC, observé un operativo de varias patrullas de la Policía, quienes salían custodiando a mis familiares en calidad de detenidos, esto lo supe porque el mismo guardia de esa corporación, me indicó que mis familiares ya iban para el Penal de Pacho Viejo, Veracruz, pero aún no conocía el paradero del niño. En ese momento, una persona del sexo masculino me abordó y me dijo que él era el fiscal y mi nieto se encontraba en el DIF municipal o estatal, que no me preocupara porque ya estaba a disposición de esa autoridad en un lugar llamado “CONECALLI,” que era un lugar seguro para mi nieto, pero que fuera hablar con el encargado o procurador de ese lugar, proporcionándome su número de teléfono. Hasta ahí, aún desconocía la causa por la cual mi hija estaba detenida y sus familiares”.

La madre de Samantha se trasladó para ver al procurador o encargado del DIF y éste le dijo que no me podía entregar a su nieto, afirmando que el menor estaba bien, pero resguardado y tenía que autorizarlo el mismo fiscal, haciéndola dar muchas vueltas, pues le dijeron que su nieto debía ser valorado por psicólogos y demás personal especializado, así como le pidieron documentos para acreditar el parentesco con el menor.

Y fue hasta el día lunes 23 de junio, que la abuela pudo recuperar a su nieto y al estar con él, no dejaba de llorar y nos relata: “Me dijo que los señores habían secuestrado a su mamá y a sus abuelos, lo vendaron de los ojos y no lo dejaba respirar las vendas colocadas en la nariz; que él lloraba mucho y  les pedía a esos señores destaparle la cara. porque no podía respirar, estos sujetos y una mujer, le decían groserías como: “Cállate puto mocoso, no llores, no estes chingando y quédate acostado”, entre otras frases intimidatorias a un niño de cinco años.

Y va más allá: “A mi nieto, esas personas a las que les llama “señores”, lo tiraron al piso de la camioneta y que le jalaban de los pelos para que se callara y dejara de llorar, también me dijo que a su mamá, mi hija Samantha, le decían que callara al niño, porque de lo contrario lo iban a matar y que lo iban a tirar. Que dejara de llorar, mi hija les suplicaba a los señores no hacerle daño a su hijo, que era un niño y no lo maltrataran, pero estos policías ministeriales no le hacían caso y al niño lo trajeron vendado de su cara por muchas horas, es decir desde el lugar que los detuvieron hasta esta ciudad de Xalapa”.

Un inocente niño, sin ninguna maldad, tuvo que ser sometido a esa tortura por parte de la Policía Ministerial e independientemente del trabajo que esa policía realice, debe cuidar la integridad no solo de las personas, también la de los niños, quienes no tienen nada que ver en esos temas. Deben existir protocolos de actuación en los eventos cuando existen menores de edad o incapaces, para no traumatizarlos, aunque se encuentren en el lugar donde  las personas son aprehendidas y trasladadas.

Después de esta traumante experiencia, el menor no duerme, tampoco come y está sumamente asustado, pues los policías ministeriales lo afectaron a su desarrollo personal. El niño narra, en lo poco que duerme, sueña con los abusos de estos policías, reclama la presencia de su mamá y piensa que estos señores la mataron, porque ellos así se lo decían para callarlo y si no lo hacía, matarían a su mamá y a sus abuelos, en claro abuso de autoridad y sobre todo, crueldad a un menor de edad.

Cabe mencionar que en la audiencia de control ante el juez Roberto Santos, dentro del Proceso Penal con el número 342/2024 imputando a Samantha “N” y a sus suegros Leticia “N” y Ramiro “N”, quienes manifestaron de viva voz  sobre el motivo de su detención, siendo totalmente arbitraria, al haber torturado al menor de edad por parte elementos de la Policía Ministerial, al momento de la detención y se menciona en el informe policial homologado, que se encuentra inserto en actuaciones del proceso penal en mención, siendo los policías ministeriales quienes sometieron al menor a tratos crueles e inhumanos

Y se advierten los nombres de estos abusivos policías ministeriales, porque están integrados dentro de la carpeta de investigación ministerial con el número FIM/F7°/048/22025 y son ellos los elementos que aprehendieron a Samantha y a sus suegros, así como son estas personas quienes físicamente torturaron al menor de edad.

La madre de Samantha expone: “Señalo directamente al señor fiscal José Alberto Hernández Zamora, quien impidió en todo momento tener comunicación con mi hija, impidió darme la oportunidad de que estuviera yo al tanto de mi nieto, siendo este señor quien por ser el coordinador de la investigación y abusando de sus funciones, tuvo la obligación de salvaguardar los intereses de mi nieto, pudiendo haberse comunicado con algún familiar cercano de mi nieto, ya que como se desprende del audio y video de la audiencia celebrada en el juzgado de control, mi hija y sus suegros refieren puntualmente que el fiscal y los policías nunca les permitieron tener un defensor de su confianza, no los dejaron comunicarse con sus familiares desde su detención, también mencionan que ellos pedían hablar con un familiar, siendo el mismo fiscal quien dejaba pasar el tiempo y practicó diligencias a modo”.

Y como denuncia ciudadana, expone la fabricación de la carpeta de investigación: “Observo con atención ahora las diligencias ministeriales e informes que practicaron los ahora denunciados, siendo que es totalmente falso su actuar, mi hija y sus suegros no fueron detenidos en el lugar que ellos señalan, ellos estaban saliendo del Penal la Toma, después de ir a visitar al hijo de los detenidos en Amatlán, Veracruz y fueron metros más adelante que los detuvieron, esto me consta porque yo sabía que mi hija y sus suegros estaban en ese lugar visitando a su familiar, tan es así que mi hija entró al penal a ver al padre de su hijo, quien se encuentra internado en el Penal La Toma y ese día jueves 19 de junio del año 2025 se celebraría una audiencia en donde estarían presentes mi hija y sus suegros, siendo la misma  audiencia que fue suspendida y se realizaría en la Sala 5 de ese penal”.

Un caso, que a todas luces fue fabricada y ser los policías de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro Coordinación en Coatzacoalcos, Veracruz lo culpables de tanto abuso y sobre todo, exponer a un menor de cinco años a un trauma terrible y una abuela buscando a su nieto, ante una evidente omisión por parte de los funcionarios de la FGE de Veracruz.