Corea del Sur deja la carne de perro, pero medio millón de animales rescatados podrían ser sacrificados Infobae
La histórica prohibición de la carne de perro en Corea del Sur, aplaudida por defensores de los animales a nivel mundial, dejaron tras de sí un complejo problema: el destino incierto de aproximadamente 570 mil canes que permanecen en las granjas del país.
La ley, aprobada en enero de 2024, prohíbe la cría, matanza, venta y consumo de carne de perro para uso humano, y otorga a los productores un plazo hasta febrero de 2027 para cerrar sus operaciones. Sin embargo, a poco más de un año de su entrada en vigor, tanto criadores como activistas señalan que las autoridades no establecen soluciones claras para reubicar a los animales o apoyar de manera efectiva a las familias afectadas.
Lo que se perfilaba como un avance en materia de bienestar animal hoy genera incertidumbre, protestas y el temor de que, paradójicamente, miles de perros terminen siendo sacrificados, debido a la falta de refugios, recursos y hogares de adopción dispuestos a recibirlos.
Medio millón de perros atrapados en un limbo legal
Para personas como el reverendo Joo Yeong-bong, criador de perros y presidente de la Asociación Coreana de Perros Comestibles, la situación es insostenible. Según explicó a The New York Times, desde que se anunció la prohibición los comerciantes dejaron de comprar animales, pero los criadores siguen acumulando deudas y no encuentran una salida. “Estamos ahogados. No podemos vender los perros, no podemos cerrar, y la gente está desesperada”, afirmó.
Casos como el de Chan-woo, un productor de 33 años con 600 perros en su granja, reflejan la gravedad del problema. Si no logra deshacerse de ellos antes de 2027, podría enfrentar hasta dos años de prisión. Pero ni los comerciantes, ni las autoridades, ni los grupos animalistas parecen tener un plan realista para absorber a tal cantidad de animales.
Las razas predominantes en las granjas, como el Nureongi o el Tosa Inu, complican aún más la reubicación. Por su tamaño y, en algunos casos, por su clasificación como razas potencialmente peligrosas, estos canes no se adaptan fácilmente a la vida en los pequeños departamentos urbanos donde vive la mayoría de los surcoreanos. Además, persiste el estigma social hacia los perros provenientes de las granjas de carne, debido a preocupaciones sobre su salud y traumas.
Aunque el gobierno surcoreano prometió que sacrificar a los cánidos “ciertamente” no forma parte de su plan, organizaciones como Humane World for Animals Korea y la Asociación Coreana de Bienestar Animal advierten que, si no se implementan medidas efectivas de reubicación, la eutanasia masiva será inevitable.
Las cifras oficiales muestran que desde la aprobación de la ley, 623 de las mil 537 granjas cerraron. Sin embargo, los refugios de animales están saturados y los programas de adopción avanzan lentamente. Algunos grupos recurrieron a enviar perros al extranjero, principalmente a Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, donde las adopciones son más viables. Pero estos esfuerzos, aunque loables, representan una solución limitada frente a la magnitud del problema.
Sin soluciones claras, aumenta el riesgo de sacrificio masivo
El gobierno ofreció compensaciones de hasta 600 mil wones (unos 450 dólares) por perro a los criadores que cierren sus negocios antes de tiempo, pero los productores lo consideran insuficiente. Algunos incluso amenazan con liberar a los animales cerca de zonas residenciales como forma de protesta.
Mientras tanto, el debate social persiste. Para figuras como Chun Myung-Sun, de la Universidad Nacional de Seúl, el consumo de carne de perro no es comparable al de otras carnes debido a los riesgos sanitarios y la falta de regulación formal. Sin embargo, excriadores como Yang Jong-tae, quien exportó a sus perros a Canadá tras cerrar su granja, cuestionan la “doble moral” de la prohibición y el trato diferenciado hacia otros animales de consumo.
El cambio cultural es innegable, pues las encuestas muestran que solo el 8% de los surcoreanos consumieron carne de perro en el último año y más del 57% apoyan la prohibición. No obstante, para miles de familias que viven de esta industria por generaciones, el futuro es incierto. La transición, a pesar de las buenas intenciones, deja en evidencia que prohibir es solo el primer paso; garantizar alternativas dignas para las personas y los animales involucrados es un reto aún pendiente.
