Bolivia denunció ante la OEA que los disturbios promovidos por Evo Morales ponen en riesgo las elecciones del 17 de agosto
El gobierno de Bolivia advirtió este jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que la escalada de violencia y las crecientes tensiones políticas en el país ponen en riesgo la celebración de las elecciones generales del 17 de agosto, programadas en coincidencia con el Bicentenario de la independencia nacional. Así lo afirmó la canciller Celinda Sosa en su intervención ante la Asamblea General del organismo regional.
“Bolivia atraviesa un momento difícil”, declaró Sosa, quien añadió que los recientes hechos “ponen en riesgo la celebración pacífica y soberana del proceso electoral”. La ministra expresó su preocupación por los disturbios sociales derivados del conflicto interno que enfrenta el oficialismo, particularmente tras el quiebre entre el presidente Luis Arce y el ex mandatario Evo Morales (2006–2019).
En las últimas semanas, simpatizantes de Morales impulsaron bloqueos de rutas en distintos puntos del país durante más de 15 días, en demanda de la habilitación de su candidatura presidencial. El ex mandatario, quien ya gobernó tres periodos consecutivos, fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en una sentencia ratificó que la reelección solo puede ejercerse una vez de manera continua.
Según reportes oficiales, las acciones de desbloqueo de carreteras ejecutadas por el Gobierno derivaron en hechos violentos con saldo fatal. En el norte del departamento de Potosí, tres policías murieron por heridas de bala durante las operaciones de control, mientras que otro agente falleció en Cochabamba tras ser capturado por manifestantes. También se reportó la muerte de un civil, presunto seguidor de Morales, que habría manipulado incorrectamente un explosivo, y la de un joven acusado de ser informante policial, quien murió tras ser golpeado por una turba.
A raíz de estos acontecimientos, el Gobierno boliviano denunció penalmente a Morales por ocho delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir y obstrucción de procesos electorales. La tensión institucional escaló en paralelo al proceso electoral en marcha, cuya realización plena y pacífica ha sido calificada como “fundamental” por las autoridades nacionales.
“Esta situación vulnera la estabilidad institucional, así como el derecho del pueblo boliviano a ejercer el voto libre, directo y soberano para definir su destino”, afirmó la canciller en su discurso. En ese sentido, solicitó el “acompañamiento” de una misión de observación electoral de la OEA para los comicios del 17 de agosto, con el objetivo de “asegurar que la voluntad popular sea respetada”.
El pedido se vincula directamente con los antecedentes de la elección general de 2019, cuando un informe de auditoría de la OEA detectó “irregularidades” en el proceso que favorecía a Morales para un cuarto mandato. En ese contexto, el ex presidente renunció al cargo en medio de protestas sociales, alegando un “golpe de Estado”, y se exilió en el extranjero.
Además de la situación electoral, Sosa abordó otros asuntos durante su intervención en la Asamblea. Reiteró el “histórico y firme reclamo” de Bolivia por el fin del bloqueo económico impuesto a Cuba por parte de Estados Unidos, y exigió “justicia” para Palestina, así como el respeto a su derecho a vivir en paz en su propio territorio.
También reiteró la aspiración boliviana de alcanzar una solución definitiva a su centenaria demanda por una salida soberana al océano Pacífico, perdida ante Chile en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX.
La participación de Bolivia en la Asamblea de la OEA se da en un contexto de fuerte polarización interna, a semanas de un proceso electoral que marcará el inicio del tercer siglo de vida republicana del país.
(Con información de EFE)
Infobae
