Enfado tricolor: PRI pone en duda alianza con el PAN en 2027 Periódico Correo

1.- Enfado tricolor: PRI pone en duda alianza con el PAN en 2027

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Jorge Meade Ocaranza, visitó Guanajuato como parte de una gira de trabajo con los comités estatales. Pero más allá de la formalidad del recorrido, su presencia dejó ver con claridad una molestia creciente dentro del priismo local. El reclamo principal: el PAN no ha cumplido con los acuerdos establecidos, especialmente en lo que respecta a la distribución de posiciones dentro del gobierno estatal.

La inconformidad no es menor. Entre la militancia tricolor se empieza a cuestionar seriamente la viabilidad de una futura alianza electoral con el PAN rumbo a 2027. Meade Ocaranza incluso puso sobre la mesa los recientes resultados electorales en Durango y Veracruz como ejemplo de que el PRI puede obtener mejores resultados y conservar su identidad cuando compite en solitario.

Aunque el planteamiento suena anticipado —y quizá arriesgado—, lo cierto es que refleja una tensión real y acumulada en las bases del PRI. La principal queja va dirigida directamente contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, a quien acusan de no haber respetado acuerdos de cuota política y de haber desplazado a cuadros priistas en favor de perfiles ajenos a la coalición.

Ante estos señalamientos, la mandataria respondió con diplomacia, pero sin ceder:

“A ver, nunca fue ese el acuerdo. Yo lo que te puedo decir es que hay grandes liderazgos en el PRI (…) Yo creo que a nadie lo mueve una posición política, más bien el propósito de seguir haciendo más por nuestro estado”, aseguró.

Sin embargo, las palabras no calman los ánimos. El reclamo tricolor va más allá de los cargos no entregados. Lo que realmente ha encendido las alarmas es la integración de perfiles afines a otros partidos, como Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, en áreas clave del gobierno estatal. Ejemplos sobran: Guadalupe Valenzuela Ríos, excandidata al Senado por MC, hoy funge como subsecretaria de Educación Básica. Vanessa Sánchez Cordero, exdiputada del Verde, ocupa un cargo como agente investigadora en la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado. Para el PRI, la señal es clara: el PAN abrió la puerta… pero no a su supuesto socio principal.

Hasta ahora, el único priista visible en la estructura de gobierno es David Mercado. Un escaso premio de consolación para un partido que, en la narrativa interna, se considera pieza clave para el triunfo de Libia García en la elección de 2024.

La inconformidad ya tocó las puertas del panismo. En sectores del blanquiazul empieza a sentirse la incomodidad. Y no es para menos: en privado —e incluso en algunos espacios públicos— se ha reconocido que sin la alianza con el PRI, el PAN no habría logrado conservar la gubernatura.

Hoy, el PRI evalúa si seguir siendo un socio minoritario en una alianza desigual o intentar recuperar su voz y presencia en solitario. El dilema está planteado: continuar con una coalición que hasta ahora ha rendido pocos frutos, o romper con ella y arriesgarse a desaparecer en un estado donde su estructura ya es endeble.

2.- Cambios en jornadas de la FSPE y tensiones internas

En la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, liderada por Juan Mauro González Martínez, se encuentra en revisión una propuesta que podría transformar la dinámica laboral de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). El foco del análisis está en los horarios de trabajo y ha comenzado a generar inquietudes entre los uniformados.

Según algunos inconformes, existe la posibilidad de implementar esquemas de horario extendido, lo que significaría jornadas más largas para los elementos operativos. Ante esto, ya se han levantado voces dentro de las filas de las FSPE, preocupadas no solo por el aumento en las horas de servicio, sino también por las condiciones en las que se tendría que trabajar: muchas de las bases carecen de infraestructura básica suficiente para albergar a más personal por tiempos prolongados.

Para esta columna se solicitó información directa a la Secretaría. De acuerdo con lo informado, actualmente uno de los esquemas más comunes es el de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Esto significa que, en promedio, un elemento labora 10 días y descansa 20 durante el mes. La propuesta en análisis, sin embargo, buscaría modificar —e incluso reducir— las jornadas de 24 horas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los agentes y, al mismo tiempo, incrementar su rendimiento operativo.

Es decir, según la dependencia, lo que se plantea no es una sobrecarga de trabajo, como algunos temen, sino todo lo contrario: avanzar hacia horarios más racionales, que prioricen el bienestar físico y mental de los elementos.

Además, se está considerando que los nuevos esquemas no sean homogéneos, sino adaptables a las necesidades específicas de cada región del estado. Esto implicaría una mayor flexibilidad en la asignación de turnos, atendiendo tanto la naturaleza del territorio como las capacidades operativas de cada unidad.

Hasta el momento, no hay ninguna decisión definitiva y según lo informado por la Secretaría de Seguridad y Paz es que cualquier cambio en los horarios no se aplicará de forma unilateral.

3.- Uriangato quiere que el estado pague la cuenta

La administración municipal de Uriangato enfrenta un revés legal que pone en evidencia décadas de negligencia. Tras perder un juicio, el municipio quedó sin propiedad sobre el terreno donde opera el rastro, luego de que una familia acreditó legalmente ser la legítima dueña del predio. Ahora, en lugar de asumir plenamente la responsabilidad que representa la pérdida del predio y el costo de su compra, el gobierno municipal busca que el estado le transfiera más de dos millones de pesos para adquirir el terreno que perdió por omisión.

El presidente municipal, Juan Carlos Martínez Calderón, ya comenzó a gestionar el recurso ante la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Según declaró, han recibido apertura y disposición al diálogo, aunque hasta ahora no se ha anunciado si el apoyo será otorgado.

Y es que una cosa son las obras públicas para las que también solicitó apoyo y que se podrían incluir en el banco de proyectos del gobierno estatal para darles presupuesto, pero otra es que la administración estatal ahora tenga que asumir el costo por errores en el gobierno municipal y que se arrastran desde hace décadas, hasta que culminaron con la pérdida del terreno.

Lo más grave es que no se ha iniciado ningún proceso para sancionar a los responsables de esta cadena de omisiones, pese a que algunas de esas personas aún ocupan cargos dentro de la administración actual.

Contra Retrato

Jorge Espadas Galván

Esta semana se reactivará una de las discusiones más incómodas para el PAN en el Congreso del Estado: el matrimonio igualitario. Un tema que, durante años, ha sido esquivado por las mayorías panistas bajo argumentos jurídicos, morales o incluso religiosos.

Sin embargo, el contexto político ha cambiado. Hoy, el gobierno estatal cuenta con un área de atención a la diversidad sexual; la hoy gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsó el decreto que permite las uniones entre personas del mismo sexo sin necesidad de un amparo; y por primera vez, un diputado panista forma parte del Congreso mediante una acción afirmativa por diversidad sexual. Con estos antecedentes, al PAN se le han agotado los argumentos para continuar resistiéndose a garantizar el derecho al matrimonio igualitario en la legislación civil.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas Galván, adelantó que su bancada está dispuesta a aprobar la reforma, pero no necesariamente en los términos actuales, lo que podría retrasar su avance: “Cómo se tiene que llamar, eso tenemos que platicarlo. ¿Se tiene que llamar matrimonio? ¿Se tiene que llamar contrato civil? ¿Todos igual? Es importante distinguirlos”.

Lo que sí parece contar con amplio consenso es la prohibición de los Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como “terapias de conversión”.

Aunque se observa cierta apertura a avanzar en el tema, crecen las presiones; una desde el bloque más conservador del PAN que mantiene resistencia interna para que se defina como matrimonio igualitario, mientras fuera del Congreso líderes religiosos han renovado su presión pública de rechazo a cualquier reforma al Código Civil sobre este tema.

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