La disputa por las tierras del Llano de Zapalinamé Vanguardia.com.mx

En la oficina de don Jesús Raúl Flores Ramos hay apilada una decena de cajas de cartón que guarda más de 250 kilos en papeles sobre juicios, amparos, peritajes y demandas, tramitadas por don Raúl para tratar de recuperar su lote de 90 hectáreas que, desde hace 10 años, una asociación de paracaidistas le invadió.
Con todo y los kilos y kilos de procedimientos legales que don Raúl ha emprendido en distintas instancias para recobrar su terreno, es fecha que no ha visto la justicia.
El de don Raúl es solo uno entre las más de 20 casos de legítimos dueños afectados por la Unión de Colonos Populares “Tierra y Libertad” A.
C.
y su líder Óscar Gerardo Martínez Amezcua quien, utilizando documentos apócrifos, se ha apoderado de 335 hectáreas del predio conocido como el “Llano de Zapalinamé”, situado a orillas de la carretera 57, en los límites de Arteaga y Saltillo, justo al lado de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
De acuerdo con testimonios y evidencias levantados por Semanario, haciendo uso de un plano de lotificación no reconocido por la autoridad catastral, una escritura no inscrita en el Registro Público de la Propiedad y una serie de claves catastrales que en su momento fueron asignadas ilegalmente por el municipio de Arteaga, Martínez Amezcua ha realizado ventas y reventas de lotes a particulares en un terreno que no le pertenece.
Situación que ha derivado en una ola de denuncias por el delito de fraude, en diferentes grados, en contra de Óscar Gerardo Martínez y su familia, de las cuales este medio tuvo acceso cuando menos a ocho, interpuestas por gente que se ha dicho afectada.
Sin embargo, y según fuentes cercanas a la Fiscalía General de Coahuila, existen cerca de una veintena de carpetas de investigación iniciadas en contra de Martínez Amezcua por los ilícitos de estafa, robo y despojo.
Pese a que ha transcurrido más de una década de este conflicto, las autoridades judiciales han hecho poco para frenar a los invasores y lograr que las tierras sean restituidas a sus legítimos dueños.
LOS ORÍGENESA decir de los quejosos el origen de esta disputa se remonta a los años 2011 y 2012, cuando Eva Sofía Dávila García, nieta y supuesta albacea de un señor Encarnación Dávila Peña, exgobernador de Coahuila y quien en 1898 se ostentaba como dueño del predio denominado Llano de Zapalinamé, promovió un juicio sucesorio intestamentario que la acreditó como la única y universal heredera de más de 10 mil 341 hectáreas en la Sierra Zapalinamé, dentro de las cuales se encuentra el terreno en mención.
Lo anterior a pesar de que en los archivos del Registro Público de la Propiedad obra una permuta en la que el exmandatario Dávila Peña cedió sus terrenos a distintos beneficiarios de la Congregación de Arteaga, a cambio de unos predios por el rumbo del ejido Los Lirios, en la sierra del mismo municipio.
Apareciendo luego ventas fraccionadas del predio adjudicado por Encarnación Dávila, y cuyos propietarios aún viven.
“Eva Sofía dice que su abuelo le heredó todo, pero su abuelo lo enajenó, lo dio en permuta desde hacía mucho antes, en 1910, algo así, a principios de siglo pasado.
No es de ella.
Hay una escritura, yo la tengo, en donde Encarnación Dávila da esos terrenos a la Congregación de Arteaga y hacen ellos 33 lotes, el mío es el número 26.
Todas esas hectáreas les tocaron a 33 diferentes colonos de Arteaga, yo tengo la lista de todos”.
Advierte Raúl Flores, el propietario legal, desde hace 40 años, de un predio en el Llano de Zapalinamé marcado con el número 26, que tiene una superficie de 90 hectáreas y cuya escritura pública obra en el Registro Público de la Propiedad.
“A mí me vendió el señor Raúl de Jesús Valdés Flores y yo tengo los antecedentes registrales de tres escrituras, de cómo adquirió él por herencia de su padre, de la escritura de su padre, de la escritura de quien le vendió a su padre y de la escritura de quien le vendió a quien le vendió a su padre”.
El juez Omar Alejandro Berlanga Elizalde, entonces adscrito al Segundo Juzgado de Primera Instancia en Materia Mercantil, y quien llevó a cabo el sucesorio intestamentario en favor de Eva Sofía, habría omitido solicitar a la autoridad registral un informe justificado sobre el inventario de bienes del antiguo dueño Encarnación Dávila.
“El juez debió haber dicho ‘yo creo que ya hubo algunos movimientos en la escritura de 1898, que era la escritura de los predios de Encarnación Dávila, déjame le pido al Registro Público el informe respectivo para no perjudicar a terceros, mas no lo hizo.
Aun así se atrevió a dictar en la sentencia que como no había quien objetara esa escritura del siglo antepasado la dio por buena”, apunta José Juan Morales, otro propietario.
Semanario solicitó al área de comunicación social del Poder Judicial de Coahuila, entrevista con el juez Berlanga Elizalde, para que diera su versión sobre el proceso del citado juicio sucesorio, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
Después, Óscar Gerardo Martínez Amezcua reclamaría a Eva Sofía Dávila la posesión continua de 335 hectáreas del Llano de Zapalinamé, y a través de un juicio de usucapión o prescripción positiva, impulsado ante María del Rosario Moreno Ruelas, juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, hoy jubilada, consiguió hacerse con el predio que la presunta dueña le entregó en una cesión gratuita de derechos.
“Hicieron una simulación de juicio de usucapión en el cual incluían toda la lotificación.
Esa lotificación ya tiene dueños inscritos en el Registro Público de la Propiedad”, precisa don Raúl Flores Ramos.
Un juicio de usucapión es un proceso legal que permite a una persona adquirir la propiedad de un bien inmueble o mueble por el mero transcurso del tiempo, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos.
‘DE PICO ME COMO MUCHOS TACOS’: MARTÍNEZ AMEZCUACuestionado por Semanario sobre el contrato de cesión de derechos de las 335 hectáreas de terreno, a que se hizo acreedor por parte de Eva Sofía Dávila, Martínez Amezcua respondió:“Fueron conmigo y me dijeron ‘me están robando funcionarios de la misma presidencia municipal de Arteaga, me están robando mis terrenos.
Ayúdeme usted’, y yo le respondí ‘es una papa caliente en mis manos, pero le voy a entrar’.
Hay una serie de falsedades que le han hecho a uno ¿Despojo y fraude de qué?, que demanden legalmente, no que hagan tonteras con un periódico, porque lastiman y ofenden la dignidad de uno.
De pico me como muchos tacos”.
No obstante, la jueza Moreno Ruelas omitió notificar de la usucapión a los propietarios legítimos de los terrenos, que más tarde se verían afectados con la resolución.
“O sea estábamos en estado de indefensión.
De manera muy extraña la jueza le dio esa sentencia favorable”, dice Flores Ramos.
En su sentencia, la jueza ordenó que se llevara a cabo ante notario la protocolización de las constancias judiciales para la elaboración de la escritura de las 335 hectáreas, a favor de Óscar Gerardo Martínez Amezcua, así como su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
“Martínez Amezcua no tiene ningún sustento de esos bienes que, además, están en litigio porque yo tengo un amparo directo en contra de esa usucapión”, reprocha don Raúl.
TIERRAS CODICIADASEn aquella época iniciaba la construcción de la Ciudad Universitaria de la UAdeC, en Arteaga, lo que, aseguran los agraviados, pudo despertar el interés de Martínez Amezcua por estos predios.
“A la hora que pusieron la Universidad, les gustaron los terrenos”, comenta Flores Ramos.
En 2015 Martínez Amezcua mandó elaborar un plano de lotificación del área, sobre fraccionamientos que ya estaban autorizados por el estado y el ayuntamiento de Arteaga.
Ello sin contar, obviamente, con permisos de subdivisión, cambio de uso de suelo, estudio de impacto ambiental ni declaración unilateral de voluntades, entre otros requisitos básicos para fundar un fraccionamiento.
Aun así, el plano fue ingresado al área de Catastro municipal de Arteaga, cuyo director era Carlos Javier Maldonado Melo.
Al respecto un oficio en poder de Semanario, fechado el 31 de julio de 2017, da cuenta de la existencia, en los archivos del Ayuntamiento de Arteaga, de una copia certificada del “Plano de Lotificación” de una colonia llamada Universidad Universo.
Plano que además fue certificado y firmado por Gabriel Ernesto Orsua Martínez, el entonces titular de la Secretaría del Ayuntamiento.
Así lo constata otro oficio sellado y rubricado por Orsua Martínez y en el que se lee que “la presente copia fotostática obra fielmente en los archivos de la presidencia municipal y se certifica para los usos legales que al interesado convengan, dejando a salvo los intereses de terceros”.
“Este es un acto muy grave.
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Un acto indebido, fuera de toda norma, Mediante algún moche, alguna compensación pecuniaria, se expide este oficio.
Ese plano no tiene sellos de Catastro ni de Planeación Territorial de Gobierno del Estado, es una ficción, es un documento apócrifo para embaucar a la gente, pero para esto se prestaron estos funcionarios”, critica el propietario José Juan Morales.
Semanario buscó a Gabriel Orsua para que respondiera a las acusaciones de los dueños legítimos del Llano, sobre la certificación del citado plano y esto respondió:“¿Qué hace el secretario?, solamente certifica que ese documento obra en el archivo de esta presidencia municipal, pero no quiere decir que sea legal o que esté autorizado.
Sí obra, pero es un plano que no tiene validez.
Entonces con esa firma de manera maliciosa, de manera dolosa, salieron a pelear”.
Dos notarios públicos del distrito de Saltillo, el 62, Mauricio González Puente, hoy retirado, y el 81, Francisco Javier Almaguer Valdés, ya fallecido, darían también fe de la existencia del citado croquis.
“Tú me traes un plano, yo te sello el plano, es copia del original.
Yo no estoy diciendo que sea un plano autorizado, es copia.
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Yo no estoy certificando ni que sean los dueños ni estoy autorizando ningún plano ni los autorizo a vender.
El que te certifica quién es el dueño es el Registro Público de la Propiedad o Catastro”, declaró González Puente al ser preguntado sobre el particular.
Sin embargo, y con base en documentos en poder de Semanario, se sabe que Mauricio González tomó parte dando fe en el proceso de juicio sucesorio intestamentario, promovido por Eva Sofía Dávila, la nieta de Encarnación.
“Mauricio sabía perfectamente quién era este personaje, Martínez Amezcua, y qué estaba haciendo con estas tierras.
Fue parte del protocolo que se hizo para la supuesta sucesión de la señora Eva.
Si Mauricio sabía que no cumplía los requisitos legales por qué firmó el plano”, cuestiona José Juan Morales.
Con su contrato de cesión de derecho en mano, Óscar Martínez Amezcua solicitó entonces los servicios del fedatario público número 57, José Ricardo Martínez Ortegón, a fin de que realizara los trámites para la escrituración de las 335 hectáreas ubicadas en el Llano de Zapalinamé.
El 12 de septiembre de 2019 el notario expidió la escritura pública número 90, que avalaba a Óscar Gerardo Martínez Amezcua como propietario de siete lotes de la zona fraccionada Llano de Zapalinamé, marcados con los números 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, y cuya fusión suma las 335 hectáreas.
“Así estaban marcados todos los lotes de ese fraccionamiento, eran 33.
Este señor está invadiendo el lote número 25, el 26, que es el mío, el 27, el 28, y mitad del 29”, detalla Jesús Raúl Flores.
Empero, más tarde dicho documento sería rechazado por el Registro Público de la Propiedad, luego de que una investigación de los antecedentes registrales en los depósitos de dicha instancia, arrojara como resultado la existencia de dueños legales del predio, cuyos títulos, varios de ellos, obran en poder de Semanario.
PROFESIONALES DEL FRAUDE Y EL DESPOJOValiéndose de su plano irregular y de su escritura refutada por el Registro Público, Martínez Amezcua se dedicó a vender y a revender lotes de terreno en el Llano de Zapalinamé, transacciones en las que usaba como gancho para convencer a sus virtuales compradores, los mencionados documentos.
Lo de las reventas le pasó a don Salvador Rivas Gutiérrez, a quien la familia Martínez Amezcua vendió tres lotes de terreno por la cantidad de 30 mil pesos cada uno, para luego despojarlo.
Salvador, que entonces no tenía dinero, recurrió a un préstamo para poder pagarlos.
“Me gustaron porque estaban en una superficie semiplana”, dice.
Había hecho el trato con una vendedora de nombre Lidia Mónica Moreno Cerecero que terminó por defraudarlo.
Durante una visita al Llano don Salvador miró que las estacas que delimitaban sus lotes estaban alteradas.
Sucedió un año después de haber liquidado los 90 mil pesos por sus tres predios.
“Las estacas ya no estaban en el mismo lugar, dije ‘a mí ya no me gusta esto’”.
Varios empleados de Martínez Amezcua, que en ese momento se encontraban en el Llano, le sugirieron acudir a una oficina situada en la colonia Morelos para hablar con su jefe.
“Fui y me encontré a las mismas personas que estaban en el terreno.
Les mostré todo el papelerío y me dicen ‘eso apenas que lo veas en otra oficina con Óscar Martínez, él te va a atender ahí’”.
Lo mandaron entonces a otro despacho ubicado en la colonia Vistahermosa, pero tampoco encontró a Martínez ahí.
Lo demás fueron vueltas y vueltas.
“Y ya no me atendieron porque hay un interfón y ‘¿quién eres?’, ‘de tal parte’, ‘no, no se encuentra, no está aquí, ya no hay nada’”.
Cuando por fin consiguió hablar con Óscar Amezcua Martínez Portillo, el hijo de Óscar Martínez, le soltó que los terrenos que Salvador había comprado ya estaban vendidos.
“Le dije claro ‘yo los compré’, dijo ‘no, aquí la computadora me dice que es otro dueño’.
Los volvieron a vender.
Dice ‘lo que puedo hacer es que te voy a reubicar, darte otros terrenos’, le digo ‘no yo quiero los míos, me gustaron esos, los compré y los pagué luego, luego, yo no anduve de abonitos, te los pagué en un mes”.
Óscar Amezcua Martínez Portillo acompañó entonces a Salvador hasta El Llano para que viera sus nuevos terrenos.
“No, uno estaba en el arroyo, otro en la ladera de una lomita.
Le dije ‘no, no, no yo no quiero esto, quiero los míos’”’.
Días después don Salvador acudió al ministerio público para hacer la denuncia, misma que hasta ahora está parada.
“El muchacho ese me dijo ‘nombre, no me haces nada.
Tengo tantas demandas que nunca me han hecho nada’”.
Años atrás, y luego de que obtuvo la posesión del predio, Óscar Martínez ya había realizado ventas en El Llano.
Con el tiempo logró además que la administración 2014 – 2017 del entonces alcalde de Arteaga, José de Jesús Durán Flores, le concediera, a través de la dirección de Catastro, a cargo de su otrora titular Carlos Javier Maldonado Melo, claves catastrales a, primero, 166 de sus compradores, y luego a otros 38, sumado éstas 204 cuentas, a las que Semanario tuvo acceso.
“Más transas del exdirector de Catastro de Arteaga, Maldonado Melo, que expide claves catastrales para ese fraccionamiento que no existe”, dice José Juan Morales.
Evelin Emerith Gil Ibarra y su madre, son otras de las tantas víctimas de estafa a quien, con documentos falsos en mano, Óscar y su hija Ofilia Martínez Amezcua Portillo, convencieron de comprar 12 lotes de terreno en El Llano, por la cantidad de 60 mil pesos cada uno, en abonos.
“El primer gancho fue ‘no tengo todavía la escritura, pero estamos en un juicio’.
Me muestra Ofilia el plano autorizado por el municipio, la apertura del juicio que ellos estaban llevando y un sin fin de documentos, y dice ‘esto se va a regularizar pronto’.
Fue en el 2015, aproximadamente”.
Pero la regularización nunca llegó.
“Queriendo y no dijimos mi mamá y yo ¿compramos, no compramos? Estuvimos pensando.
A final de cuentas nos convence la señora de que sí compremos.
Nos empieza a mostrar más papeles ‘mire que el juicio está ganado, que nos van a dar ya claves catastrales, que inclusive usted ya puede empezar a pagar el agua y conectarse a la luz’ y un montón de cosas”.
Aquel fraccionamiento ilegal sería bautizado por Óscar Gerardo Martínez como colonia Universidad Universo, en honor al singular personaje saltillense, Adrián Rodríguez, el creador de esta universidad ficticia y otras utopías.
De acuerdo con testimonios expuestos en entrevistas y denuncias penales a las que Semanario tuvo acceso, los ofendidos acusan a Óscar Gerardo Martínez Amezcua, quien en diciembre de 2015 constituyó una asociación civil denominada Unión de Colonos Populares “Tierra y Libertad”, de despojarlos de sus predios y de causar daños en sus propiedades con el derribo de cercas, árboles y hasta bardas, además de desmontes.
“En mis predios están posesionadas algunas personas que le compraron a la Unión.
Hay construcciones en mi predio.
En mi caso el problema con este señor Martínez comenzó desde 2015 y todavía la semana pasada yo eché fuera a Alberto Esteben Martínez Amezcua, uno de los hermanos de Óscar que anda ahí metido le dije, ‘te vas tú y tus compradores’ y dijo ‘es que yo ya gané el juicio’, le dije ‘tráeme tus papeles y el día que tenga yo la orden de un juez la respeto, siempre y cuando termine yo con todas las instancias legales que corresponden’.
“Muchos de los invasores a la hora que los legítimos propietarios los enfrentamos se van, pero otros se aferran, ‘no pos es que yo ya le di dinero a Martínez y yo me quedo a ver si recupero mi dinero o a ver si me cumplen’”, narra don Jesús Raúl Flores Ramos.
CANSADOS DE LOS INVASORESA don José Juan Morales, también le invadieron su propiedad.
“Yo levanté una denuncia en contra de estas personas porque están tratando de invadir mi terreno.
Van y ponen estacas, lo quieren lotear.
Le pusimos postes de concreto, alambre ganadero de púas, del grueso y duró como 15 días.
Una noche se metió la gente a destruirlo.
Han ido a poner estacas y han mandado gente ‘oye es que aquí ya es mío, ya me dijo la lideresa que aquí ya es mi terreno’ y les digo ‘no mira yo aquí tengo mis papeles, tú entras aquí y yo te saco con la policía o te saco a como dé lugar’.
“Obviamente es la gente de Martínez Amezcua, que es un invasor profesional y un defraudador profesional.
Quito las estacas y regresen y ponen otra vez las estacas queriendo vender.
Entonces es un problema con ellos, te fastidian noche y día.
A mucha gente ya la cansaron.
Ya el Ministerio Público y la Policía Investigadora pusieron en mi predio unas lonas que dicen que está bajo investigación y no se puede entrar ahí”.
La Unión, a la que también pertenecen los hijos de Óscar Martínez, Ofilia y Óscar Amezcua Martínez Portillo, había adoptado como estrategia publicitaria colocar un stand durante los concurridos domingos en la Alameda de Arteaga, y ofrecer a los paseantes terrenos baratos, detrás de la UAdeC.
Otras veces montaban su puesto en El Llano y promovían desde ahí, entre la gente que habían atraído por redes sociales o mediante gestoras, sus lotes.
“Nos decía Ofilia, ‘miren, yo no les puedo separar ahorita terrenos, sería que me los empiecen a pagar porque ya vieron que está viniendo mucha gente interesada, entonces no puedo asegurarles que nos vayan a durar disponibles muchos lotes’.
Dije ‘no, sabes qué, vamos a agarrarlos de una vez’.
“Nos decían ‘este es el plano, los terrenos que te estoy ofreciendo son estos, para que vayas viendo a cuántas cuadras queda de la Ciudad Universitaria, para que lo consideres’, y ya viendo los planos obviamente creció nuestra confianza en estos señores”, relata Mariano Reséndiz, un comprador que ha decidido cambiarse el nombre por miedo a represalias.
El precio de los terrenos fluctuaba entre 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil y hasta 200 mil pesos, dependiendo de su ubicación y el criterio del vendedor, operación que se llevaba a cabo a través de la firma de un contrato de compraventa ficticio, cuyas rúbricas eran ratificadas ante notario.
Entre algunos de los notarios que ratificaron las firmas de los contratos de compraventa otorgados por la Unión a sus clientes, se encuentran José Luis Treviño Martínez, fedatario 30, actualmente con licencia, y Francisco Javier Almaguer Valdés, fedatario 81, ya fallecido.
“Hacemos el contrato de compraventa, en el que se especifica el número de lotes, nos entrega el señor Óscar Gerardo un plano donde nos dice ‘esos que están aquí son los suyos’, y nos dijo ‘ustedes ya pueden cercar, ya pueden meterse, ya pueden empezar a construir’”, cuenta Emerith Gll.
Asimismo, de acuerdo con la versión de los afectados, la Unión conformó un grupo de choque integrado por lideresas, cuya misión era enfrentar o ahuyentar con métodos agresivos a los propietarios legales del Llano, que iban para verificar las condiciones de sus lotes o reparar los daños causados por los invasores.
Los afectados señalan a María Azucena Sauceda Guillén, como una de las principales operadoras y vendedoras de Martínez Amezcua.
“De asociación de colonos no tiene nada.
En realidad, es un grupo de choque integrado por lideresas de la localidad y pelados que se dedican a amedrentar a la gente, a agredir a los legítimos dueños de los terrenos expulsándolos, en algunas ocasiones, acompañados por la Policía Municipal de Arteaga.
Recibían protección de algunos elementos de la Policía Municipal”, acusa José Juan Morales.
A don Raúl, que es uno de los propietarios más grandes en el Llano, le apedrearon su camioneta.
Sucedió en una de sus visitas a su terreno:“Esa pedrada me la tiró uno de los Amezcua.
En un principio juntaban a todas las lideresas y les gritaban ‘¡piedras!’, y me agarraban a pedradas.
En una ocasión me iba a atacar por la espalda Alberto Esteban Martínez Amezcua y don Eliodoro José Martínez, el esposo de una señora doña Maricela Ruiz, que también es afectado y es militar, se dio cuenta y lo bajó al suelo”.
VENDEN HASTA LAS CALLESAl principio, la mayoría de las casas que se levantaron sobre el predio, que además no cuenta con servicios básicos, eran jacales, hechos con retazos de madera y otros componentes precarios.
“Aparte estas personas están colgadas con diablitos a la electricidad, se están robando la energía eléctrica impunemente y tienen de cómplice a un tal Candelario, que es vecino del Llano y tiene ahí un negocio de grúas.
Él les dio permiso a los Martínez Amezcua y a los invasores de que se colgaran de la luz”, declara Raúl Flores.
Tiempo después surgieron algunas construcciones de material sólido, muchas de las cuales se edificaron sobre calles o áreas verdes trazadas ya en planos de proyectos de fraccionamientos autorizados con anterioridad por el municipio de Arteaga en favor de propietarios legales del terreno.
Doña Maricela Ruiz Pérez es la dueña de uno de estos fraccionamientos, planeado sobre una franja de terreno de cuatro hectáreas y dividido en 110 lotes, que cuenta con escritura, la número 121, debidamente inscrita el Registro Público, plano autorizado y permisos para fraccionar, además de pago de predial, lote, por lote.
En 2006 doña Maricela habría comprado este predio al señor Raúl de Jesús Valdés Flores, su dueño legítimo, y proyectado levantar aquí una colonia.
Hasta que en 2015 Óscar Martínez instó a varias familias de paracaidistas para que se metieran al terreno.
“No entendía por qué no procedieron las autoridades de Arteaga.
Se hicieron juntas con el cabildo, pero no hubo respuesta.
Yo desde un principio fui y hablé con ellos, que qué estaban pasando porque a nosotros nos correteaban ahí, son muy agresivas esas gentes.
Hubo reuniones con el alcalde José de Jesús Durán Flores, se les planteó la problemática y nunca resolvió”, dice doña Maricela.
A la postre su fraccionamiento se vio invadido por todo tipo de construcciones, levantadas por los invasores sobre calles y áreas verdes que ya estaban proyectadas y autorizadas en su plano, y lo que es más en el Plan Municipal de Desarrollo de Arteaga.
“Esta gente, los que construyeron de material, destruyó todo lo proyectado e invadieron la calle.
Entró otra persona que está viviendo ahí, en mis terrenos, y esa no se quiere salir.
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A mí me dijo que se lo habían prestado, yo le pregunté que quién y no me quiso decir, le dije ‘como yo soy la dueña de este terreno yo no le presté nada y se va a tener que salir’”.
La mujer, que junto con su marido había montado ahí un jacal, se identificó como Lucero Olivo.
“Su esposo es un trailero, también bien agresivo, quiso pegar a mi esposo cuando fuimos a reclamarles.
Llegamos un día y había mucha gente tomando ahí.
Yo tomé foto de las placas de los carros para ver quiénes eran, entonces salió el señor muy enojado me quitó mi celular, me lo quebró y mi esposo entró.
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Y ya no quisimos ir, no tenía caso”.
DENUNCIAS ARCHIVADASDe las cuatro denuncias que ha puesto Maricela en contra de Óscar Gerardo Martínez y su Unión, ninguna ha prosperado.
“Denuncia, tras denuncia, tras denuncia.
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Las archivan.
Nosotros lo que queremos es la restitución del predio total”.
En un recorrido hecho en el sitio por Semanario, se pudieron observar grandes bodegas, una palapa con alberca y el edificio en obra negra de una iglesia cristiana, construidos sobre tramos delimitados como calle en los planos oficiales del Llano.
“Me dice el pastor ‘oiga usted no sabe por qué nos pintaron esas rayas rojas en la pared’, le digo ‘tengo entendido que es el acordonamiento del municipio, que es la calle’, dice ‘¿cómo que la calle?’, le digo ‘sí.
Aquí está marcado con flechas dónde va la calle, la iglesia está construida sobre la calle’”, narra José Juan Moreno, otro de los propietarios afectados.
Y como si algo faltara, Óscar Martínez y su familia han rellenado los arroyos con escombro y basura, e invadido el área protegida de la Sierra Zapalinamé.
De acuerdo con declaraciones de otros compradores que se dijeron víctimas de fraude por parte de la Unión de Colonos Populares “Tierra y Libertad” A.
C.
, y su presidente Óscar Martínez Amezcua, en la mayoría de los casos los lotes de terrenos eran vendidos al contado o en abonos a los clientes, con la promesa de que al liquidar la deuda se les entregaría una carta de liberación, mediante la cual podrían tramitar una escritura ante la oficina registral.
Saldado el último pago los compradores exigían a la Unión la entrega de la mencionada carta, a lo que los vendedores de Martínez Amezcua respondían que antes debían pagar un importe de entre 15 mil y 52 mil pesos por cada terreno liberado.
“Una vez que terminamos de pagar le digo a la señora Ofilia ‘sabes qué, ya necesito lo de la liberación de mi escritura’.
Nos cita en la notaría, pero nos recibe el hermano, Óscar Amezcua, y dice ‘no te puedo dar la liberación’, le digo ‘oye por qué, tengo ya mis recibos donde terminé de pagar’ y dice ‘no te puedo dar la liberación porque te cuesta 52 mil pesos’, le digo ‘pérame, cómo que me cuesta 52 mil pesos’, dice ‘es que hubo unos cambios’ y dice ‘págame los 52 mil pesos por cada terreno y te entrego la liberación’, le digo, ‘oye no, se me hace una burla’”.
Cuenta un hombre al que por razones de seguridad llamaremos Mariano Reséndiz, quien había comprado tres lotes, uno por 100 mil pesos y dos por 50 mil, con la ilusión de construir un complejo de departamentos para estudiantes, aprovechando la cercanía con la UAdeC.
“Le dije ‘eso no me dijeron cuando se firmó el contrato, respétame las mismas condiciones con las cuales se hizo el contrato de compraventa’ y dijo, ‘no, no, no es que ese trato tú lo hiciste con mi hermana’, le digo ‘oye, pero ¿no son de los mismos?’, dice ‘sí, pero es que ya las cosas cambiaron y si quieres, si no, no hay problema.
Hasta que paguen esto les entregamos su liberación’.
Dije ‘tengo que buscar otras opciones’”.
“Le dije al chavo, ‘si no me vas a dar los terrenos regrésame mi dinero’, dijo ‘no, no se puede regresar el dinero’.
Entonces ni los terrenos ni el dinero, y dijo ‘háganle como quieran, al cabo de aquí no nos van a sacar ni un peso’.
Lo decía con un tono muy intimidante y una mirada retadora”.
Tras la negativa de los compradores a cumplir con un pago que no había sido pactado, la gente de la Unión comenzaba a darles largas en la gestión de sus títulos de propiedad, se negaba a recibirlos o cambiaba de oficina y ya ni siquiera contestaba el celular.
El desengaño venía luego de que los adquirientes de aquellos terrenos irregulares, investigando en el Registro Público, se daban cuenta de que no existía escritura alguna que acreditara a Óscar Martínez como propietario de las 335 hectáreas donde se asentaba la colonia Universidad Universo, y dentro de las cuales se hallaban los lotes que habían comprado.
“Nos decían que ya les iban a otorgar la escritura y que ya les iban y ya les iban y ya les iban, y sópatelas que vengo al Registro Público de la Propiedad y me dicen ‘no, no se le puede escriturar porque esos predios tienen dueño”, platica Evelin Emerith Gil.
Entre ella y su madre habían pagado a la Unión 240 mil pesos por cuatro de los 12 predios que habían adquirido.
Viendo cómo estaban las cosas se negaron a soltar más dinero.
LAS DENUNCIAS POR DESPOJOCon base en información de la Fiscalía General del Estado, existen al menos 20 denuncias por despojo, robo y fraude en contra de Óscar Martínez, mismas que fueron interpuestas por propietarios legítimos del Llano de Zapalinamé, así como por otras víctimas de estafa con la compra de predios en dicho sitio.
“Ha defraudado ya a bastantes personas”, comenta Raúl Flores.
Sin embargo, y según los afectados, dichas demandas, algunas hechas desde 2015, se encuentran estancadas.
“Me levanta la denuncia un licenciado Carlos Jiménez, que era el Ministerio Público de Arteaga en ese entonces, e iniciamos el trámite, pero me di cuenta que él no hacía ningún acto de investigación, ninguno”, refiere Emerith Gil Ibarra.
En su denuncia, la 00424/UAI/2024, Emerith exige a Óscar Martínez el pago de más de 700 mil pesos como reparación del daño por el fraude en cuantía mayor cometido en perjuicio de ella y de su madre.
Empero, hasta ahora la querella no ha avanzado.
“Yo creo que Martínez Amezcua ha hecho contactos y soltado dinero para que congelaran las carpetas de investigación en contra de él, porque es la manera en que se maneja”, dice Mariano Reséndiz.
A principios de este año un grupo de propietarios del Llano de Zapalinamé acudió a la presidencia municipal de Arteaga para solicitar, mediante oficio, a la alcaldesa Ama Karen Sánchez Flores, su intervención en el conflicto de la colonia Universidad Universo.
“La alcaldesa, según la ley, tiene la obligación de clausurar el fraccionamiento, aparte de multar.
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pero lo principal es clausurarlo.
También de publicitar las medidas que se tomaron contra ese fraccionamiento para que ya no haya más gente que vaya y compre terrenos y resulte defraudada”, urge José Juan Morales.
Paralelamente las autoridades judiciales solicitaron al ayuntamiento de Arteaga un informe sobre el estatus de dicho fraccionamiento.
En las semanas subsecuentes la municipalidad respondió mediante escrito que no cuenta con documentación alguna que tenga relación con la citada colonia, puesto que la Universidad Universo se encuentra en calidad de asentamiento humano irregular.
En otro comunicado la autoridad municipal informó sobre la inexistencia del plano de la citada colonia en los archivos del Ayuntamiento arteaguense.
Y en un tercer documento dio a conocer que la Dirección de Catastro del municipio había dado de baja las 204 cuentas o claves catastrales de la Universidad Universo, que habían sido otorgadas, de manera ilegal, por la misma dependencia entre 2014 y 2017.
Además, la Fiscalía General del Estado solicitó al notario 57, José Ricardo Martínez Ortegón, una aclaración sobre la escritura 90, que presuntamente ampara a Óscar Martínez Amezcua como propietario de las 335 hectáreas en el Llano de Zapalinamé.
Al respecto el fedatario contestó, vía oficio fechado el 2 de mayo de 2025 que “dicha escritura se encuentra bajó la leyenda “NO PASÓ” por lo que no fue tramitada ni se realizaron pagos a las dependencias correspondientes”.
“La Fiscalía recibió la contestación de que la escritura no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad, que fue rechazada y cancelada”, abunda Raúl Flores Ramos.
Además, es menester agregar que actualmente existe un amparo promovido por don Raúl Flores en contra del fallo del juicio de usucapión a favor de Martínez Amezcua.
Sin embargo, los afectados por la Unión de Colonos Populares “Tierra y Libertad” A.
C.
, se dicen aún inconformes por la poca acción de las autoridades municipales y estatales en contra de Óscar Martínez, y exigen se ordene que sea desalojado definitivamente del predio.
En cambio, aseguran los quejosos, Martínez Amezcua y su Unión siguen engañando a la gente con la venta de terrenos que no son de ellos.
“Desgraciadamente estas personas están toleradas por las autoridades.
Las administraciones anteriores de los Durán y la de la actual presidenta municipal se están haciendo tontos, no los están suspendiendo los trabajos, los están dejando.
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Se han hecho de la vista gorda.
El municipio debía suspender las construcciones porque las están haciendo en forma ilegal, es apócrifo totalmente su fraccionamiento”, dice don Raúl Flores.
Y pide a los medios de comunicación alertar a la gente sobre la venta ilegal de estos terrenos.
“Alerten a la gente, alerta: están defraudando con terrenos en Arteaga, en el fraccionamiento Universidad Universo, la Unión de Colonos “Tierra y Esperanza”.
Alerten a la gente, porque la gente sigue cayendo, se anuncian en Facebook, se anuncian en las redes sociales y mucha gente cae”.
UNIÓN ENSEÑA SUS CARTASEste medio platicó con Óscar Amezcua Martínez Portillo, el hijo de Óscar Gerardo Martínez, sobre la legalidad de la posesión de las 335 hectáreas del, hoy declarada inexistente, fraccionamiento Universidad Universo.
Desde su oficina con aire acondicionado y muebles relucientes en la colonia Vistahermosa, Óscar exhibió el plano, la escritura 90 y las claves catastrales, que a decir de las autoridades de Arteaga no tienen validez.
“El municipio de Arteaga extendió esos documentos y a ti te dicen no, no lo manifesté.
Eso es falta de ética porque son funcionarios públicos y tú lo expediste en tus funciones”.
Y reveló que hasta el día de hoy la Unión no ha sido notificada de la cancelación de la escritura número 90.
Señaló que actualmente está trabajando en conjunto con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila, (CERTTURC), para la inscripción de la escritura en el Registro Público de la Propiedad.
Mostró además un oficio, el S.
R.
R.
A.
/467/2018, en el que el municipio de Arteaga informa a la Fiscalía General de la República sobre la existencia en sus archivos del sector Universidad Universo, oficio que de igual forma ya ha sido desechado por la autoridad.
“Una cosa es lo que digan y otra la que se demuestra a través de documentos”, señaló.
Como otra prueba de la legitimidad del fraccionamiento compartió con Semanario las fotos de credenciales del INE en las que se indica como domicilio la Universidad Universo.
Y reconoció que desde 2014 la Unión ha enfrentado demandas penales y civiles por el delito de despojo, de parte de personas que se han sentido afectadas con la creación de la colonia.
“Y hemos estado atendiendo esas demandas, hemos acudido y presentado documentos, las pruebas que te estoy presentando ahorita.
No nos estamos escondiendo.
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