Con la reforma en telecomunicaciones buscan revivir el plan de registro de celulares Milenio
La nueva reforma en telecomunicaciones, en su artículo 8 fracción LXV, se busca reactivar el proyecto antes conocido como Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, alertó la organización civil Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En un análisis sobre la reforma afirman que en este apartado se facultará a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), misma que encabeza José Antonio Peña Merino, de expedir los lineamientos para el registro de usuarios de celulares que estará a cargo de los concesionarios y que será de observancia obligatoria.
Ante esto, R3D asienta que de ese modo, sin dar motivos precisos, la iniciativa intenta crear nuevamente ese registro similar al Panaut.
Puntualizan que en el proyecto de ley no se indica a que se refiere ese padrón de usuarios de telefonía móvil, pero sí faculta a la Agencia permitir a las autoridades la consulta de ese registro conforme a criterios y condiciones que se establezcan lo que implica ambigüedad de la dependencia respecto a los procedimientos y salvaguardas que se deberán seguir para acceder a la información privada.
Otra disposición preocupante para el organismo es el artículo 161 que brinda la facultad a las instancias de seguridad pública federales y nacional para fabricar, comercializar, adquirir, instalar y operar equipos de bloqueo y cancelación de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen “en cumplimiento de sus atribuciones”.
De acuerdo a R3D, abre la puerta a que las autoridades pretendan llevar a cabo restricciones arbitrarias de los servicios de telecomunicaciones como los “apagones de internet” cuyos graves efectos en los derechos humanos han sido ampliamente documentados.
}Al respecto el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve Baños, señaló que el proyecto de ley requiere de una revisión profunda porque tal y como se pretende aprobar legalizar la censura, vulnera los derechos humanos y concentra el poder en una sola voz.
Freno a inversiónPor otro lado, la coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno afirmó que la reforma en telecomunicaciones, que está discutiendo el Senado de la República, es difusa porque no plantea con precisión si las licencias para el uso del espectro radioeléctrico serán por licitaciones, escrutinio o competencia económica lo que podría dar paso a la incertidumbre jurídica que retrase la inversión y regreso de viejas prácticas en que se les asignaban a amigos de la clase política o grupos de poder.
“No se hace específico si se seguirán los lineamientos que en su momento aplicó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar certeza y equidad a los operadores que en adelante dependerá de las directrices de la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, cuya primera misión una vez aprobada la reforma, será tener listo un plan de licitación del espectro para servicios 5Gsin que en el proyecto de ley estén definidos los criterios que alienten la competitividad e inversión en el sector”, precisó a MILENIO.
Alertó que esa indefinición podría ir en contra de los operadores pequeños que al carecer de la misma interlocución, estarán en desventaja frente a las grandes empresas representando un retroceso en términos de imparcialidad y competencia económica que podría limitar los proyectos de inclusión digital con afectación principal a las comunidades apartadas.
“En términos de competencia económica la situación es preocupante porque se eliminó el IFT bajo el pretexto de que no fue eficiente para combatir los monopolios y en cambio se crea una comisión antimonopolios que operará dentro de la Secretaría de Economía con carácter de organismo descentralizado pero sus comisionados serán nombrados por el Ejecutivo lo que convertirá al gobierno en jugador y árbitro en el mercado”, dijo.
Foco rojo en T-MECLa experta en regulación y competencia económica señaló que otro foco rojo de la reforma tal y como está redactada, será una posible violación al T-MEC que en el apartado de telecomunicaciones exige un organismo regulador independiente que garantice la transparencia, competencia y certeza jurídica en el sector.
Ana Lilia Moreno recordó que el T-MEC en su capítulo 18 establece que se deberá contar con un organismo regulador independiente del Poder Ejecutivo a fin de no afectar la apertura y competitividad del mercado de telecomunicaciones generando incertidumbre para los inversionistas y empresas internacionales.
“La reforma tal y como está planteada, podría provocar tensiones en la próxima revisión del acuerdo comercial empezando por un procedimiento de queja de las partes que podría escalar a situaciones muy desfavorables para la economía e inversión”, dijo.
Puntualizó que la revisión de la ley Telecom se analiza en comisiones de la Cámara Alta y es posible su aprobación en un período extraordinario de sesiones por lo que aún hay tiempo para corregir discrecionalidades que afecten la libre competencia y quede plenamente garantizada la gestión democrática del espectro radioeléctrico.
Ya había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum que la desaparición del IFT no contraviene el T-MEC, y que el organismo que se creará cumplirá con esa misma misión.
“Se mantiene el espíritu original de desaparecer los autónomos, pero se hace un área especial para poderle dar garantía a la función antimonopólica de garantizar la competencia y de garantizar que se cumple también lo que está planteando el Tratado, lo que plantea el Tratado, obviamente, sin perder nuestra soberanía”, dijo en su momento la mandataria.
¿Qué es la Reforma de Telecomunicaciones?La Reforma deTelecomunicacionesen Méxicoconsiste en una serie de cambios legislativos y constitucionales con el objetivo de mejorar la competencia, el acceso a la tecnologíay la calidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
La reforma busca crear un nuevo marco regulatorio que promueva la inversión, la innovación y la inclusión social digital.
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