Semana Santa: desbordan paseños su fe pese a amagos Diario.mx

Mientras la administración del presidente Donald Trump intensifica su campaña de expulsión –incluyendo polémicas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en iglesias–, la comunidad migrante de El Paso respondió con un mensaje de fe y resistencia durante las celebraciones de Semana Santa.

A pesar de las nuevas directrices que permiten operativos en lugares considerados “sensibles”, como templos religiosos, los feligreses acudieron a misas y procesiones, reafirmando su devoción y el conocimiento de sus derechos.

En entrevistas realizadas en parroquias del área, varios asistentes compartieron que, aunque están conscientes de los riesgos, su confianza en la protección divina y en la información legal que han recibido los mantiene firmes.

“No tenemos miedo porque sabemos que la iglesia es nuestra casa y que tenemos derechos”, declaró José de Jesús Jasso, sacristán de la iglesia San Juan Diego Roman Catholic Church, ubicada en el área de Montana Vista, en el extremo este de la ciudad.

En el mismo sentido se pronunció Juan Antonio Alonso, integrante de uno de los ministerios de la iglesia San Judas Tadeo, situada en el oeste de la ciudad, al destacar que, en el marco de la celebración de la Semana Mayor, los fieles han saturado el templo, dirigido por el padre Edilberto “Beto” López.

“Las iglesias de la Diócesis de El Paso, como San Judas Tadeo, han tenido un incremento de fieles en todas las misas. Incluso, la semana pasada se llevó a cabo un retiro denominado ‘Aférrate a Jesús’, al que asistieron más de cuatro mil personas. La fe es más fuerte”, dijo, al referirse a las políticas antiinmigrantes del presidente Trump.

Esta actitud contrasta con los reportes de disminución en la asistencia a servicios religiosos en otras partes del país, donde comunidades migrantes han optado por evitar congregaciones por temor a ser detenidas.

Sin embargo, en El Paso, líderes religiosos y organizaciones proinmigrantes han trabajado en talleres de “Conoce tus derechos”, asegurando que los feligreses sepan cómo actuar en caso de una redada.

“De hecho, este sábado personal del Consulado de México en El Paso vendrá a orientar a los fieles católicos que religiosamente acuden a la parroquia cada semana”, dijo Jasso, al mencionar que con frecuencia diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes imparten estos talleres en la localidad.

Afirmó que durante la temporada de Cuaresma se ha visto un incremento significativo en la asistencia de los fieles. “Podría decir que aumentó en un 50 por ciento”, señaló el sacristán de la iglesia, fundada hace poco más de 25 años y a la que asisten cientos de personas inmigrantes cada semana.

El obispo de El Paso, Mark J. Seitz, quien previamente criticó las políticas migratorias de Trump, reiteró el compromiso de la Iglesia con los más vulnerables. “Nuestra misión es acoger al migrante, no solo en palabras, sino en acciones. Si el gobierno quiere entrar, que muestre una orden judicial”, afirmó durante una homilía.

Esta postura ha encontrado eco en congregaciones que, pese a no ser santuarios formales, han colocado letreros en sus puertas advirtiendo a ICE que no pueden ingresar sin una orden firmada por un juez. “Aquí seguiremos rezando, ayudando y resistiendo”.

Aunque el debate nacional sobre las redadas en iglesias sigue en tribunales –con una reciente victoria judicial para la administración Trump–, la Semana Santa en El Paso demostró que, para muchos, la fe trasciende al miedo.

“La persecución no es nueva para nosotros”, comentó María Martínez, feligrés de la parroquia, quien ayer acudió a una de las ceremonias del Jueves Santo.

“Lo que sí es nuevo es ver cómo, incluso en tiempos difíciles, la comunidad se une más fuerte que nunca”, dijo otro de los fieles católicos, originario de Tlaxcala, México, quien, junto con su familia, atiende los llamados del Señor.

Las nuevas políticas de ICE, implementadas en enero de 2025, eliminaron restricciones para operar en iglesias, escuelas y hospitales, revocando normas vigentes desde 2011.

Una encuesta de Pew Research señala que el 65 % de los estadounidenses rechaza las redadas en lugares de culto, aunque la medida cuenta con apoyo parcial entre votantes republicanos.

El caso de El Paso refleja una tendencia en ciudades fronterizas, donde la solidaridad comunitaria y el activismo legal han mitigado el impacto de las políticas antiinmigrantes, coincidieron los feligreses.

Un informe reciente estima que uno de cada doce cristianos en Estados Unidos está en riesgo de deportación o de perder a un ser querido debido a las políticas migratorias actuales. En ciudades del interior del estado de Texas, donde residen cerca de 900,000 niños ciudadanos con al menos un padre indocumentado, la incertidumbre es palpable.

La polémica resurgió después de que la administración Trump revocara una política de 2011 que prohibía las redadas en “lugares sensibles”, como iglesias, escuelas y hospitales.

A principios de mes, una jueza federal en Washington resolvió que ICE podrá continuar realizando redadas migratorias en sitios tradicionalmente considerados “seguros” para los inmigrantes.

Esta decisión se tomó luego de una demanda interpuesta en febrero de 2025 por 27 organizaciones religiosas, que sostenían que estas acciones violaban la libertad religiosa amparada por la Constitución de Estados Unidos.

Aunque los grupos religiosos argumentaron que la medida viola ese derecho fundamental, la jueza Dabney Friedrich concluyó que no había evidencia suficiente de que las redadas causaran un daño irreparable, lo que permitió al gobierno federal seguir adelante con sus operativos.

Los grupos religiosos sostienen que acoger a los inmigrantes es un principio fundamental de su fe, y por ello muchos han actuado como “santuarios” para los extranjeros, especialmente aquellos que podrían ser deportados a lugares donde sus vidas corren peligro.

Ante esta situación, organizaciones como la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) han implementado una serie de talleres, tanto en línea como presenciales, para informar a los inmigrantes sobre sus derechos y cómo actuar en caso de una redada.

Mientras tanto, líderes comunitarios han buscado calmar los ánimos, asegurando que las redadas están dirigidas principalmente a personas con antecedentes penales, aunque reconocen que podrían afectar a otros, como ya ha ocurrido en algunas partes del país.