Advierten riesgo económico por la eliminación de los autónomos

En vísperas de que la Cámara de Diputados discuta la reforma para eliminar siete órganos autónomos como el Inai, el Coneval y la Cofece, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió sobre los riesgos que esta decisión tendrá para la competitividad en México. A través de un análisis, el IMCO señaló que aunque esta reforma —presentada por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador— plantea trasladar sus funciones a otras dependencias, estas tareas, por su naturaleza, deben ser técnicas e independientes de la agenda y los intereses del Poder Ejecutivo.  

“Generar, atraer y retener talento e inversión no es posible sin una estructura institucional que procure la certeza jurídica y garantice la imparcialidad de las decisiones de vigilancia y regulación del gobierno”, señaló la organización.

En este sentido, subrayó que la extinción de estos siete organismos implica, al menos, cuatro riesgos en materia de competencia económica; regulación de los mercados de energía e hidrocarburos; transparencia y protección de datos personales; y en temas sobre la evaluación de la política social y educativa.

Sobre el tema de competencia económica, el IMCO destacó que el combate a los monopolios y la garantía de la competencia  requiere de una institución profesional y con capacidad de investigación, por ello, advirtió que la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), puede erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas.

“Existe un riesgo que las decisiones de competencia, al originarse desde el Ejecutivo, carezcan de la imparcialidad necesaria que exige su naturaleza. Esto puede erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas sobre la existencia de órganos que emiten fallos basados en técnica y no en intereses particulares”, planteó la organización. Además, alertó que la eliminación de los órganos puede resultar en el incumplimiento de las obligaciones comerciales de México, ya que el capítulo 18 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial, y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector.

De igual forma, se dijo que con la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se corre el riesgo de que el Ejecutivo Federal sea “juez y parte” en las decisiones sobre permisos y tarifas en los mercados de energía para beneficiar a los actores del Estado.

Además, destacó que el capítulo 22 del T-MEC incluye una disposición sobre la necesidad de garantizar que los organismos reguladores de empresas del Estado —en este caso Pemex y CFE— ejerzan sus obligaciones de regulación de manera imparcial.Rendición de cuentasEn tanto, en materia de transparencia, el IMCO detalló que extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y de los órganos garantes de transparencia afectaría la capacidad de rendición de cuentas del gobierno y sus funcionarios, dada la limitación al acceso a la información.

Asimismo, señaló que la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas es un elemento clave para lograr los compromisos del T-MEC en materia de anticorrupción, incluidos en el capítulo 27. Finalmente, esta organización advirtió que la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), también implican riesgos para la competitividad.

Lo anterior debido a que sin una evaluación rigurosa de los programas sociales, como la que realiza Coneval, “se podrían ver afectados los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía que deben guiar el gasto público, lo que significa que el gobierno estará realizando esfuerzos presupuestarios sin la evidencia necesaria”.

Mientras que la extinción de Mejoredu, afectará la política educativa y su medición, aunado a que “la falta de medición implicará dificultades para identificar las necesidades de infraestructura, el estado del aprendizaje en el país, entre otros indicadores que son clave para trazar un plan accionable en la política educativa a largo plazo”.

Por lo anterior, el IMCO llamó a las autoridades a diseñar un protocolo para que la transferencia de las capacidades institucionales de los órganos extintos a las instituciones sea exitosa.