Quiénes son los empresarios que se disputan el control de AySA, la distribuidora de agua
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entró en una instancia de definición con dos consorcios que presentaron ofertas técnicas para quedarse con el 90% de las acciones en manos del Estado nacional. De los 17 grupos que inicialmente habían participado del proceso, las únicas propuestas corresponden a una sociedad integrada por Rowing, Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX, y a otra encabezada por Roggio ROAS, vehículo del Grupo Roggio.
La compañía provee agua potable y servicios de saneamiento a 3,8 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El 10% restante de su capital continuará bajo el programa de propiedad participada de sus trabajadores.
El proceso todavía no tiene ganador. La comisión evaluadora debe revisar la documentación legal, técnica, financiera y económica de las dos presentaciones. Quienes superen esa etapa pasarán a la apertura de las ofertas económicas, donde la variable central será el precio propuesto en dólares por el paquete accionario.
El futuro concesionario asumirá un contrato por 30 años, con la posibilidad de una extensión por otros diez. El pliego fija inversiones iniciales por alrededor de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años, además de compromisos de cobertura, calidad y mantenimiento de la red.
Roggio se apoya en su estructura de servicios públicos y en la experiencia de Aguas Cordobesas
El primer bloque que quedó en carrera está encabezado por Roggio ROAS S.A.U., una sociedad del Grupo Roggio creada como vehículo para inversiones vinculadas con agua y saneamiento. La propuesta incluye además a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre.
Benito Roggio e Hijos es la constructora histórica del grupo. Aguas del Plata Participaciones fue constituida recientemente para canalizar la estrategia en el negocio hídrico, mientras que Central Buen Ayre opera una planta de generación eléctrica a partir del biogás captado en el relleno sanitario Norte III, en el conurbano bonaerense.
La principal carta de la compañía en el sector es Aguas Cordobesas, empresa que opera el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba. Para complementar la experiencia en saneamiento, la oferta se vinculó con Hidrosan Capital, relacionada con el negocio de Aguas de Corrientes, de la familia Chamas.
El Grupo Roggio también tiene presencia en otros servicios urbanos. A través de Emova Movilidad opera la red de subtes y el premetro porteño; mediante Metrovías conserva la operación del ferrocarril Urquiza. Como asesores técnicos aparecen la compañía israelí Mekorot y la japonesa Marubeni, aunque la composición formal del consorcio presentada en la licitación se concentra en las sociedades argentinas.
Aldo Roggio reconoció pagos a Ricardo Jaime en la causa Cuadernos
El antecedente judicial de mayor peso alrededor del grupo involucra a Aldo Roggio, quien en 2018 se acogió al régimen de imputado colaborador en la causa conocida como Cuadernos. En esa declaración reconoció que Metrovías efectuó pagos periódicos en efectivo al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, equivalentes al 5% de los subsidios que recibía la empresa. Según su relato, el mecanismo comenzó en 2003, luego de una reunión con Jaime al inicio de su gestión, y se extendió hasta 2011. Roggio sostuvo que los pagos eran exigidos para sostener la concesión del subte y el ferrocarril Urquiza, y afirmó que no tuvo margen para rechazarlos ante el riesgo de que sus compañías perdieran derechos que, a su entender, les correspondían por contratos y normas vigentes. También señaló que las erogaciones salían del margen de rentabilidad empresario después de cubrir los costos operativos y laborales de Metrovías.
La declaración permitió ampliar la pesquisa sobre presuntos retornos vinculados a los subsidios del transporte. La condición de imputado colaborador supone el aporte de información a la investigación, pero no reemplaza las etapas posteriores del proceso judicial ni equivale por sí misma a una sentencia firme.
Walter Román y Mauricio Filiberti armaron el bloque que combina ingeniería, cloro y operación brasileña
El segundo consorcio está anotado bajo el liderazgo de Rowing S.A., una empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales fundada por Walter Román. La compañía forma parte del Grupo Román, con intereses en infraestructura, logística, servicios postales, salud y ambiente.
Román tendrá como socio a Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, la empresa que provee a AySA policloruro de aluminio desde 2009. Se trata de un insumo utilizado en la potabilización de agua: Transclor pasaría de ser proveedora de la compañía a integrar uno de los grupos que busca controlarla.
Filiberti también participa en el control de Edenor. La distribuidora eléctrica tiene entre sus grandes clientes a AySA, cuya operación demanda un elevado consumo de energía. El empresario sumó recientemente otra presencia relevante en los servicios públicos con la adquisición del control de Metrogas junto con sus socios.
El componente técnico internacional de esta propuesta es Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav de Brasil y operadora de Águas do Rio, concesionaria de agua y cloacas en Río de Janeiro. La firma fue designada como el operador técnico exigido en el pliego para acreditar experiencia en la gestión de grandes sistemas de saneamiento.
El Grupo Equipav conserva el control de su negocio de saneamiento, que tiene entre sus inversores relevantes al fondo soberano de Singapur GIC y a Itaúsa, holding de la familia Setúbal. La sociedad se completa con PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.
En la compulsa por AySA, los dos grupos presentan perfiles distintos. La oferta de Rowing reúne una constructora local, un proveedor estratégico de la empresa y un operador brasileño de gran escala. La de Roggio combina su experiencia en servicios públicos, su operación de agua en Córdoba y una estructura societaria específica para avanzar sobre el mercado hídrico.
La definición quedará atada a la evaluación de las propuestas técnicas y, luego, a la apertura de los sobres económicos. El Gobierno prevé que el nuevo operador asuma antes de fin de año, aunque el cronograma dependerá de esos controles y de las eventuales impugnaciones que surjan durante la licitación.
Infobae
