La Justicia anula el decreto que regula el uso del euskera en la administración pública de País Vasco por fallos en su memoria económica
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el Decreto 19/2024 sobre el uso del euskera en el sector público vasco tras estimar un recurso de Vox, al concluir que la memoria económica de la norma “adolece de insuficiencia sustancial”.
Antes de dictar sentencia, el tribunal había planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco, referido a los perfiles lingüísticos. El Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión el pasado 23 de junio porque el auto judicial no justificaba de qué modo la decisión del proceso dependía de la validez de ese precepto.
Las cuestiones políticas quedan fuera
La sentencia rechaza el resto de los argumentos de Vox, incluida la petición de anular todo el decreto por una supuesta vulneración de la cooficialidad lingüística y de la igualdad ante la ley. La Sala calificó ese motivo de “genérico” y “difuso” porque no identificaba qué artículos concretos de la norma lesionaban los preceptos constitucionales invocados.
La Sala sostuvo que la memoria exigida para aprobar el decreto no evaluó ni fundamentó de forma objetiva y técnica sus repercusiones económico-financieras. También señaló que el documento no acreditó que la regulación respetara la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Para fundamentar esa conclusión, el TSJPV dio carácter “decisivo” al informe de la Oficina de Control Económico, un órgano independiente que revisa las justificaciones financieras de las disposiciones generales. Según la sentencia, los demás informes avalaron el proyecto tras un análisis breve y sin examinar los reparos expuestos por esa oficina.
El tribunal describió ese dictamen técnico como “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para un profano”. El informe advertía de “la ausencia de una efectiva estimación de costes derivados de la implementación de la extensión de los instrumentos de planificación lingüística”.
La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
Infobae
