El legado de Fujimori Heraldo de Aguascalientes

El pasado 11 de septiembre falleció el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, una figura marcada por su régimen cívico-militar y crímenes de lesa humanidad, juzgado y condenado por el propio Perú. Cuando llegó a la presidencia en 1990, lo hizo de manera inesperada al vencer en las elecciones al escritor Vargas Llosa. En aquel tiempo, Perú atravesaba una fuerte crisis económica, con una inflación que devastaba al país y graves conflictos con grupos guerrilleros, incluyendo al Sendero Luminoso, un grupo terrorista. Fujimori presentó una serie de propuestas de tono populista que prometían sanar la economía y logró captar la atención de los votantes, obteniendo la victoria. Las políticas económicas se aplicaron rápidamente y fueron conocidas como el “Fujishock”; se implementó la eliminación de una gran parte de subsidios estatales, privatizaciones y medidas para liberalizar la economía. Dos años más tarde, ordenó la disolución del Congreso para reorganizar el poder judicial, que en realidad estaba encaminado al control del poder para liberarse de los políticos de oposición. Este episodio fue conocido como el autogolpe de 1992 y fue condenado internacionalmente. Sin embargo, el presidente logró justificarlo como una medida para salvar la economía y luchar contra el Sendero Luminoso, que se había convertido en una organización muy poderosa contra la que el estado luchaba. Más tarde, el estado logró capturar a varios de sus miembros, incluyendo a su líder, Abimael Guzmán, lo que llevó a una mayor armonía y conciliación con el pueblo peruano, ya que el grupo había generado mucha violencia y enfrentamientos. Además, la economía se estabilizó y la popularidad del presidente creció.
La tensión con los grupos revolucionarios seguía latente, y también hubo enfrentamientos con los miembros de Túpac Amaru, lo que llevó al gobierno a adoptar medidas para erradicar estos grupos. Fueron años de represión y desapariciones forzadas por parte del estado, con denuncias por parte de ciudadanos. La presión internacional comenzó a cuestionar los métodos con los que el estado había logrado reducir la violencia. Fujimori, tras escándalos de corrupción, renunció a la presidencia, pero el Congreso optó por negársela y fue destituido por incapacidad moral.
Años después, en 2001, se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR) con el objetivo de esclarecer las desapariciones ocurridas durante los últimos 20 años. La comisión presentó al entonces presidente Alejandro Toledo documentos que probaban los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del Estado peruano en aquellos años. La ciudadanía, por primera vez, escuchó el reconocimiento público de lo que había sido normalizado como periodos de violencia, ahora reconocido como violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En 2009, Fujimori fue condenado a prisión por 25 años. Durante su tiempo en prisión, surgieron una serie de ilegalidades, como sus privilegios en prisión, el otorgamiento de un indulto presidencial, y la lucha de la Suprema Corte de Perú que lo anuló. Finalmente, el Tribunal Constitucional de Perú dictó que el indulto otorgado era válido y ordenó su liberación apenas el año pasado.
La reciente muerte de Alberto Fujimori ha desatado un descontento popular nuevamente, ya que el actual gobierno decidió realizar un funeral con honores para alguien que muchos consideran un villano en la historia del país. Esto se ha interpretado como una agresión a la memoria de las víctimas del periodo represivo, quienes alegan la impunidad de su caso y los privilegios que mantuvo aún en prisión. Su legado queda cuestionado como un periodo presidencial militarizado, marcado por fuerzas políticas, violencia y crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, otros defienden este periodo como el gran estabilizador de la economía y la erradicación de los grupos revolucionarios. Su popularidad se encuentra polarizada en medio de escándalos de corrupción, abuso de poder y privilegios.