MÉXICO debe mejorar en la aplicación del MARCO REGULATORIO para la LUCHA contra la CORRUPCIÓN: OCDE Punto Por Punto

Aunque México ha dado pasos significativos en el marco regulatorio para la lucha contra la corrupción, la implementación efectiva de las normas enfrenta algunas áreas para mejorar, se destacó el informe “Perspectivas de integridad y anticorrupción 2024”.

• Según el reporte elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en áreas como la gestión y auditoría del riesgo de corrupción, aunque México cuenta con regulaciones sólidas, su aplicación aún debe mejorar.

Además, en cuanto al control interno y auditoría interna, pese a que son fuertes, se señaló que los auditores no siempre tienen acceso irrestricto al personal político y de alta dirección.

A su vez, la OCDE destacó que, en financiamiento político, si bien México tiene regulaciones establecidas, aún hay aspectos de la práctica que requieren atención.

Y es que aunque el Instituto Nacional Electoral supervisa las finanzas de los partidos políticos y hay restricciones a las donaciones anónimas y las contribuciones extranjeras, se pueden implementar medidas adicionales para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en este ámbito.

Mientras que, en lo referente a la transparencia de la información pública, la OCDE aseguró que, en el país hay un cumplimiento considerable de los criterios de regulación, aunque su desempeño en la práctica es algo inferior pues, aunque existen instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que supervisa el cumplimiento de las leyes de transparencia, las declaraciones de conflictos de intereses de los miembros del Poder Judicial, no están disponibles públicamente y las agendas de las reuniones ministeriales y gubernamentales no son mostradas.

Cabildeo

Al revisar el tema del cabildeo, la Organización detectó, como uno de los principales desafíos, la falta de una institución que supervise este tema. Además, las regulaciones existentes tampoco incluyen períodos de enfriamiento para los funcionarios públicos, antes de emprender actividades de cabildeo después de dejar el cargo.

También, se denunció que, aunque México cuenta con un registro de cabildeo, este no proporciona información sobre los gastos de las actividades ni sobre la legislación a la que se dirigen dichas actividades.

Comparación con OCDE

Aun con estas observaciones, en casi todas las áreas, tanto en cumplimiento de regulación como de implementación, México está en la media o por arriba de los países que conforman la OCDE.

En estrategia anticorrupción, el promedio de la OCDE en regulación e implementación, fue de 45% y 36%, respectivamente, mientras que la nación se ubicó en 93% y 53%, siendo el segundo país en regulación solo por detrás de Letonia y en el noveno lugar de implementación.

Para la categoría de Gestión y auditoría del riesgo de corrupción, México logró un cumplimiento 72% en regulación y un 33% en implementación; la media de la OCDE fue de 67 y 33%, respectivamente. Sobre el tema de conflicto de intereses, México tiene un 89% de cumplimiento en la regulación y 44% en lo referente a la implementación, mientras que el promedio del organismo es de 76 y 40 por ciento.

Otra área donde México está por arriba de la media es en financiamiento político, con un cumplimiento en la regulación e implementación del 90 y 71%, respectivamente, mientras que el promedio de cumplimiento de los países miembros se ubicó en 73 y 58 por ciento.

La única área evaluada en la que México está por debajo del promedio de la OCDE es en cabildeo, con un 25% de cumplimiento en regulación y un 35% en implementación, mientras que en el organismo se posicionó en 38 y 35%, respectivamente.

Además, se destacó que la nación tiene uno de los marcos estratégicos más sólidos en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública entre los países miembros.

Perspectiva general

El reporte resaltó que, si bien los países de la OCDE han adoptado en su mayoría un enfoque estratégico en materia de anticorrupción e integridad, la tasa de implementación de las actividades planificadas es del 67%, lo que indica que aún queda un tercio de las acciones por realizar. Esto sugiere que las regulaciones y políticas existen, pero su aplicación práctica está rezagada.

Otro punto clave es la falta de recopilación adecuada de datos e información sobre la implementación de los marcos de integridad y anticorrupción, ya que la mayoría de los países no monitorean la implementación de sus estrategias en este sentido, lo que dificulta evaluar su efectividad y realizar mejoras sostenibles.