Qué establece el decreto firmado por AMLO sobre el matrimonio infantil
La Cámara de Senadores de México aprobó un decreto impulsado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador para adicionar estatutos en torno a la edad mínima para contraer matrimonio, contemplada en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los párrafos agregados al artículo 45 de dicha ley entraron en vigor a partir del 1 de diciembre de 2023, luego de que se publicaran en el Diario Oficial de la Federación.
El decreto hace hincapié en la obligación de las entidades federativas, municipales y estatales de adoptar medidas integrales que protejan a niños y adolescentes del matrimonio infantil. A su vez, se establece, dichas acciones deberán tomar en cuenta a la población infantil que forme parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, situación de migración, desplazamiento o exclusión social.
Cabe recordar, anteriormente, el artículo 45 solo mencionaba que las entidades establecían "como edad mínima para contraer matrimonio, los 18 años". Esto no obligaba a las entidades públicas a desarrollar campañas, iniciativas o conformar instituciones para evitar "prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria"
Con el objetivo de garantizar la protección de la población infantil de dichas prácticas, la reforma introduce sanciones más severas para quien transgreda esta normativa. De modo que el matrimonio infantil conlleva penas de entre 8 y 15 años de prisión y multas por 1 mil a dos mil días de salario mínimo. A su vez, en aquellos casos que involucren a miembros de comunidades indígenas, afromexicanas y otras, las penas pueden alcanzar hasta 22 años de cárcel.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la región 13 países aún permiten el matrimonio infantil desde los 16 años sin autorización de un tutor. Además, otros ocho permiten el matrimonio antes de dicha edad con autorización de un mayor. De este modo, la comisión exhorta a las autoridades correspondientes a generar respuestas urgentes, integrales y transformadoras para abordar dicha práctica nociva. Así, México da un paso importante para garantizar la protección de niños y adolescentes en este rubro.
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