Expertos denuncian ante ONU aumento de desapariciones forzadas en México

Expertos denunciaron ante la ONU el aumento de desapariciones forzadas en México y la impunidad por estos delitos, al tiempo que cuestionaron al Estado mexicano sobre las medidas que está implementando.

Durante el diálogo público entre México y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), expertos expresaron preocupaciones sobre la problemática en el país, que suma a más de 111 mil personas desaparecidas.

El experto Horacio Ravenna expresó preocupación por el censo que realiza el Gobierno Federal, el cual ha sido denunciado por organizaciones locales como revictimizante y que podría “rasurar” las cifras con fines políticos.

Asimismo, recalcó que las desapariciones forzadas siguen en aumento en el país, mientras que subrayó la persistencia de la crisis forense, ya que México suma más de 52 mil restos sin identificar que se encuentran en las fiscalías.

“Los esfuerzos que reconocemos que el gobierno ha realizado, porque nos consta la existencia de los convenios, no están dando resultados”, precisó.

Ravenna también detalló que existen responsabilidades de agentes tanto por acción y omisión, por lo que las acciones de los funcionarios también deberían ser investigados.

Apuntó que existen respuestas parcializadas por los diversos actores y señaló falta de coordinación entre dependencias.

Igualmente, señaló que se debe de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública, por lo que expresó preocupación sobre el decretó que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Altos niveles de impunidad en desapariciones forzadas

Por su parte, el experto Juan Pablo Albán Alencastro advirtió sobre el alto índice de impunidad superior al 80%, por lo que llamó la atención sobre el bajo número de causas penales y sentencias.

Además, subrayó que existen limitadas capacidades y presupuesto para investigación y búsqueda. A esto sumó los riesgos que enfrentan defensores, familiares y funcionarios que participan en dichas actividades.

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También cuestionó por qué solo en 45% de las jornadas de búsqueda que se han realizado desde 2019 hubo una coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las fiscalías, ya que recalcó que estas deberían de estar en constante coordinación.

Igualmente, preguntó cuándo entrará en pleno funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), el cual, según la ley, estaba contemplado a iniciar a operar desde 2019 y hasta la fecha no lo ha hecho.

Por último, reprobó que la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada solamente haya abierto 28 causas sobre el delito, ante los más de 111 mil personas desaparecidas que suma el país.

Finalmente, la experta Carmen Rosa Villa recalcó que existe una situación de inseguridad en el país y cuestionó qué medidas se han implementado para abordar la problemática y proteger a los funcionarios que participan en estas tareas.

Ante estos cuestionamientos, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), defendió el censo realizado por el gobierno federal, asegurando que se han encontrado personas con vida.

En la sesión, la CNB compareció por vía del encargado de despacho tras la renuncia de Karla Quintana como su titular, en medio de cuestionamientos sobre dicho censo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que el BNDF ya se encuentra en operación desde el 29 de mayo de este año, a pesar de que organizaciones como Data Cívica y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han denunciado que este aún no funciona correctamente.

Finalmente, detalló que solo ha abierto 28 causas debido a que estas únicamente corresponden a la Fiscalía Especializada y no a toda la República mexicana.

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Frente a ello, argumentó que estos no se pueden confrontar con los más de 111 mil desaparecidos, ya que la Fiscalía solo cuenta con 1834 carpetas de investigación sobre 2m mil 968 víctimas.

También dio a conocer que dicho organismo cuenta con 30 carpetas judicializadas, 9 averiguaciones previas consignadas, 2 sentencias condenatorias con 5 personas sentenciadas, 2 personas sentenciadas a 13 años por desaparición forzada y 3 personas a 31 años por desaparición por particulares.

México es uno de los 72 Estados partes de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Como parte del acuerdo, deben someterse a revisiones periódicas por parte del Comité de 10 expertos internacionales independientes sobre cómo lo están implementando, así como las recomendaciones anteriores del CED.

La sesión, en la que también se examinará la actuación de Mauritania, los Países Bajos y Nigeria, se realiza del 11 al 29 de septiembre. El jueves continuarán los diálogos públicos con México.

Además de las revisiones de los países, el Comité adoptará una guía autorizada, formalmente conocida como Observación General, para aclarar y subrayar la responsabilidad de los Estados partes de proteger a los migrantes de las desapariciones forzadas mientras se encuentran en su ruta migratoria.

En 2021, el Comité asistió a México, en su primera visita a cualquier país que es miembro de la Convención. Tras esto, emitió un informe en el que señaló altos niveles de impunidad y consideró que los servidores públicos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, como el crimen organizado son los perpetradores central de las desapariciones.

Además, concluyó que existe una crisis forense, debido a que las fiscalías suman más de 52 mil restos sin identificar.