Estadio León: evasión fiscal y complacencia oficial Periódico Correo

1.- Estadio León: evasión fiscal y complacencia oficial

‘Zermeño quiere hacer negocio con el estadio’, ‘Zermeño quiere sacarle dinero al municipio’, ‘el gobierno de seguro ya se puso de acuerdo con Zermeño’… palabras más palabras menos, eran las especulaciones que la vox populi lanzó en los momentos finales del juicio por la propiedad del Estadio León.

Increíblemente, esas aseveraciones que parecían simplonas resultaron una realidad. Ostentándose como representantes del Club Social y Deportivo León A.C., Roberto Zermeño Vargas y el empresario Héctor González González, terminaron realizando dos ventas entre el inmueble mundialista y un terreno adjunto.

Lo increíble –e indignante- es que fue el propio gobierno de Guanajuato y el municipio de León, los que convalidaron esas transacciones que hoy son investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al evadir los impuestos correspondientes alegando un interés público del que jamás han participado.

Para la primera compra venta, necesariamente se ocupó el respaldo del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La adquisición en 2021 por 410 millones de pesos del estadio dos veces mundialista, por parte del Grupo Pachuca que preside Jesús Martínez Patiño, fue la última jugada para garantizar los juegos del equipo León.

Con dicha compra, el consorcio hidalguense abortó el compromiso de erigir un nuevo inmueble, estipulado en el contrato para adquirir el terreno ubicado en el bulevar Francisco Villa por 280 millones de pesos, antes obtenido con dinero público en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, entre serías sospechas de sobreprecio.

Necesariamente la administración estatal tuvo que exentar a Grupo Pachuca de su obligación, además de prorrogarle la liquidación del terreno hasta 2030 con apenas el 30 por ciento pagado. Por ello la prioridad se reenfocó necesariamente a la transacción del ‘Nou Camp’, con Zermeño como el representante de la A.C. propietaria.

La segunda transacción es historia reciente.

Pese a los añejos planes de construir el Museo Nacional de la Piel y el Calzado (Munpic) en una sección de terreno ubicado a espaldas del estadio, el gobierno estatal transfirió recursos al Patronato de la Feria de León, entonces presidido por Juan Carlos Muñoz Márquez, para comprárselos a Zermeño por 55 millones de pesos.

Esta operación también ha sido cuestionada por el SAT, pero sobre todo por los fundadores de la Asociación Civil que recibieron el predio en donación para la obra del Munpic, mucho antes del fallo que le dio la propiedad a Roberto Zermeño.

Para los directamente interesados, el agravio a la hacienda pública rondaría los 120 millones de pesos, más multas, actualización y recargos. Quizá a estas alturas y ante los hechos, cabría preguntarse quién terminará pagándolos en este enredo donde los gobiernos jugaron un papel decisivo.

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Estadio León: evasión fiscal y complacencia oficial

2.- La resaca del proceso interno de Morena

El proceso interno de morena para elegir a sus representantes distritales resultó tan desaseado, que los agravios no sólo quedaron en lo político.

En un esquema que se repite irresponsablemente, los brigadistas de las Coordinaciones de Operación Territorial de Morena, fueron despedidos sin mediar palabra, cumplir tiempos pactados ni liquidación alguna. Un movimiento desconcertante en medio de las irregularidades que obligaron a repetir votaciones en cuatro distritos.

Por otro lado, no se puede obviar el desorden de los recursos públicos que persiste con el Comité Directivo Estatal que todavía preside Ernesto Prieto Gallardo, quien provocó sendas multas económicas que obligaron a un embargo de participaciones, además de bienes materiales por antiguos litigios laborales.

Por ello el extrañamiento general fue la capacidad económica que presentó la diputada local y aliada de Prieto Hades Aguilar Castillo, a la hora de movilizar militantes y operar las votaciones. Para algunos militantes, indudablemente el respaldo del senador Alejandro Peña Villa fue decisivo con recursos del CEN.

Sin dar más pie a acusaciones y sospechas, los hechos indican que dentro del proceso la decisiones intempestivas dieron al traste con el trabajo de los brigadistas, de los cuales, al menos once ya se han decidido por la demanda laboral con la que buscan los salarios que le adeudan y lo que les corresponde conforme a la Ley.

Se trata de un nuevo frente que se da en medio de las invitaciones de Prieto Gallardo para generar acuerdos para un nuevo dirigente de unidad, aún cuando los resultados oficiales no se han transparentado en la plataforma del CEN de Morena.

Sin duda, esta resaca en Morena está lejos de terminar.

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3.- El desprecio a la UPIIG

Si los presupuestos federales para la investigación científica han padecido graves recortes presupuestales, los aplicados a las unidades foráneas pertenecientes a instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), terminaron por impactar en las actividades académicas.

Este es el caso de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Guanajuato (UPIIG), que hace no mucho era el orgullo del gobierno estatal en generación de proyectos aplicables a la industria, talentos y la sinergia necesaria con el entorno laboral al ubicarse en pleno Puerto Interior.

Ahora, en acuerdo con los directivos del plantel, las instalaciones de la UPIIG tuvieron que ser tomadas por alumnos que reprocharon el abandono presupuestal reflejado en la rotación de la plantilla de maestros, así como en el escaso mantenimiento.

El director interino de la UPIIG, Salvador Cruz del Camino, negó insuficiencia de profesores pero admitió las deficiencias del hangar que pertenece a la facultad de Ingeniería en Aeronáutica, una carrera ligada al nuevo giro que el gobierno estatal busca anidar en Guanajuato.

Aquí cabe recordar la promesa truncada de la construcción de un hangar con 40 millones de pesos del erario estatal, que se vino abajo con la pandemia de Covid 19 y la disolución de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior que encabezaba el exrector de la UPIIG, Eusebio Vega Pérez.

De esta manera, con las limitaciones y nuevas prioridades del gobierno estatal, junto a los recortes ilógicos del gobierno de la 4T, la UPIIG luce damnificada y en un decaimiento inédito desde su apertura del 1 de diciembre de 2009.

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Estadio León: evasión fiscal y complacencia oficial

CONTRA RETRATO

Guillermo Franco Ciurana

Hace cinco años llegó a una Cruz Roja en crisis y ahora se va dejándola en peores condiciones. Sin mayor capacidad de gestión, pero sí con graves acusaciones de malversación de fondos, termina su periodo al frente de la más humanitaria de las instituciones de salud.

Guillermo Franco Ciurana se fue sin esperar transiciones o eventos públicos. Prácticamente por la puerta de atrás dejó una delegación estatal que gradualmente empeoró sus condiciones y posibilidades de atención en Guanajuato.

Según se informó, solo reunió a integrantes de las coordinaciones de la Cruz Roja para despedirse. No esperó al voluntariado, coordinadores locales y demás personal, con lo que evadió también los cuestionamientos que se le endilgan por la crisis económica, carencia de vehículos y materiales.

Si bien eran condiciones que ya se padecían desde 2017 cuando el titular era Pedro Idirin Bideguren, a Franco Ciurana se le achacan las bajas colectas y la desatención a las ambulancias.

En 2018, se le acusó de continuar con el esquema de irregularidades de su antecesor, pero hasta recibió el respaldo del exgobernador Miguel Márquez Márquez, quien aseveró que todos los recursos que su administración le entregó, fueron utilizados de forma honesta y legal.

Al final, pudo más la presión para que el ahora exdelegado dejara el cargo que ahora estará acéfalo, hasta que se pronuncie Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja.

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JRP

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