Indígenas se plantaron ante el fraude electoral en Zulia: denunciaron que fuerzas de choque chavistas robaron material electoral y atacaron a los votantes Infobae
Desde hacía semanas en Casigua El Cubo y en los otros pueblos del municipio Jesús María Semprum del estado Zulia, se sospechaba que Wuyhsmans Ramon González Salas ganaría la alcaldía, respaldado por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), específicamente del Partido Comunista (PCV), que ya no forma parte del Polo Patriótico de la revolución Bolivariana. El día de las cuestionadas elecciones la alcaldesa Keyrineth Fernández, según se desprende de videos y sonidos, activó grupos de choque, pidió al Plan República que ordenara votar sin cédula e incluso solicitó que se le impidiera actuar a la presidente de la Junta Municipal Electoral. La noche de las elecciones el CV Urdaneta fue asaltado, actas robadas y electores agredidos por bandas armadas del PSUV.
Las consecuencias han sido continuas protestas, siendo los Bari, una comunidad indígena los más renuentes a aceptar que Alvarado Arrieta, quien aspiraba a la reelección, siga ocupando el cargo después de la serie de hechos que evidencian la materialización del fraude en ese municipio fronterizo. Amenazas contra periodistas, dirigentes sociales y políticos, persecución y uso de la autoridad, solo es parte de lo que está viviendo en estos momentos Semprúm.
“Le dimos cuatro años y no nos tomó en cuenta a nosotros los indígenas, mucho menos a sus paisanos”, le dice un líder Bari a funcionarios de la Policía Nacional quienes trataron de dispersar la manifestación de los indígenas. Refiriéndose a Keyrineth Fernández dice “eso no es una alcaldesa buena, es una alcaldesa mala, que nos quitó las máquinas (de votación) de allá arriba y tuvimos que recorrer mucha distancia”.
El indígena pidió respeto por “la parroquia Barí, que es territorio ancestral del pueblo Bari y queremos la alcaldía que la ganamos (respaldaron a Wuyhsmans González). Si ella (Keyrineth Fernández) se autoproclamó, el pueblo Barí la va a sacar de allá. Ella no nos tomó en cuenta en la salud, en la educación, en la alimentación”.
Más de 200 indígenas, con arcos y flechas, tomaron la carretera principal Machiques-Colón, acción que fue acompañada por habitantes del pueblo de El Cruce, Parroquia Bari. Exhibieron pancartas y gritaban peticiones de justicia y respeto a las elecciones.
No nos permitieron ingresar
Yraima Varela, presidente de la Junta Municipal Electoral de Semprum, denunció lo ocurrido el domingo 21 de noviembre en el marco de las elecciones. “No me permitieron el ingreso a los centros de votación para cumplir mis funciones como presidente de la Junta Municipal y ser garantía y transparencia “.
Considera que lo que procede es que “se repita el proceso electoral en el Municipio Jesús María Semprum”, a la vez que aseguró que hubo muchas irregularidades que plasmaría en un informe, destacando que hubo muchos casos en algunos centros de votación donde el elector se presentó con el carnet de la patria y/o fotocopias de la cédula de identidad, lo que viola la Ley Electoral que destaca como único requisito la presentación de la cédula de identidad laminada aunque esté vencida. En el caso de los testigos manifestó que en muchos casos no se verificó el código QR.
Ella presentó como testimonio a un miembro de la Junta Municipal. Él dijo que “sacaron a los testigos (del candidato del PCV) de algunas mesas, se cayeron a golpes, dañaron algunas mesas”, a la vez que informó que a él no le permitieron ingresar.
Tanto Varela como el miembro de la Junta Municipal denunciaron que como coordinadores de centro hubo un concejal a quien el día antes habían detectado con una credencial falsa y que aun así al día siguiente le dieron una credencial para ser miembro del centro de votación.
Instigación al delito
Si algo revelan los mensajes que la alcaldesa Keyrineth Fernández emitió durante el proceso electoral es cómo instiga al delito, cuando evidencia claramente su conocimiento sobre los grupos de choque, insta al delito electoral al desconocer que la cédula de identidad es el único documento legal autorizado para votar, ejerce presión para que se actué contra la autoridad de la Junta Municipal, entre otros .
“Muchachos, voy a enviar unas bolsas de comida para el partido. Necesito que nombren responsable de la persona que va a estar ahí en el partido atendiendo el grupo de choque a partir de hoy. Mientras los tengo entretenidos en 4 de Febrero (base de Misiones que funge como Centro de Votación) ustedes se van apoderando de la Urdaneta”, se le oye decir a la alcaldesa en un mensaje de voz.
En otro ella dice “Jesús, envía al equipo que tienes ahí en la casa del PSUV para la Esquina Caliente para que entren todos por ese lado”. Y en otros sonidos la voz de un hombre insta a que el grupo de choque se acerque hasta un lugar que podría ser donde hubo violentos disturbios y ataques contra la población desarmada.
En un sonido se oye la voz de un hombre que dice “el sargento Jiménez está esperando la orden de los superiores para que dé la orden que voten con el carnet de la patria, más nada, que le den la orden, que le envíe un mensaje de voz Araujo o Martínez que voten con el carnet de la patria”.
Casi como respuesta la alcaldesa solicita al capitán (Ej) Luis Gustavo Araujo Viloria: “Araujo, da la orden para que dejen votar con el carnet de la patria, que nos están echando la partida para atrás por favor, déjalos que voten con el carnet de la patria o del PSUV, pero que voten”.
También hay un sonido de quien se supone es un militar diciendo: “con permiso de Mayor, atención al personal profesional, jefes de centro, el apoyo es incondicional a la alcaldesa bolivariana del municipio Jesús María Semprum”.
Keyrineth Fernández pide “sácame a la presidente de la Junta (Yraima Varela), a la desastre esa que está bien parcializada con la Oposición y con Wuyhsmans; hazme el favor, sácala porque está provocando, entonces le van a dar duro y va a decir que los malos somos nosotros”.
Por su parte, Ramylis del Carmen Alvarado Arrieta, coordinadora municipal, dice en un mensaje que envía a los coordinadores de mesa, “falta poquito para que cerremos. Vamos a concentrarnos en el cierre. Acta de escrutinio solamente la que me van a traer a mí; esa es otra coñiza, A los testigos no les van a dar nada de acta de escrutinio, solamente la que me van a traer a mí. Necesito que me confirmen el recibido de esa información”.
Alvarado reconoce que hay coordinadores y operadores que no tienen credencial. “Te voy a pasar por aquí el nombre del operador y del coordinador”, le dice a alguien a quien le envía el mensaje, pero demostrando que está instando a dos delitos electorales: ordenando que no se entregue el acta de escrutinio a quienes la Ley les da ese derecho, a la vez que nombra a dedo coordinadores y operadores atribuyéndose una función que no le corresponde.
Los militares
Semanas antes de las elecciones una comisión de la policía del Zulia llegó a la casa del candidato del PCV, Wuyhsmans Ramon González Salas, para llevárselo a Maracaibo, capital del Zulia, “por órdenes del general Castillo Rengifo”, según les dijo el coronel Carlos Manjarrez, pero su equipo de campaña no lo permitió.
Nunca hubo una explicación clara de por qué el Jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI Nr. 11) del Zulia, GD Manuel Enrique Castillo Rengifo lo mandó a buscar sin que él tenga autoridad alguna para ello y mucho menos en el marco de un evento que pertenece a la sociedad civil y no a los militares.
En el marco de las cuestionadas elecciones regionales y municipales del pasado domingo 21, la actuación de parte del Plan República fue por demás bochornosa, según denuncian habitantes de Casigua El Cubo. “Ellos se prestaron para sacar del centro electoral Escuela Rafael Urdaneta a los testigos y miembros de mesa, quienes no tenían credenciales avaladas por la Junta Municipal, que respondían a la alcaldesa Keyrineth Fernández, sin que entregaran resultados y robándose las actas electorales; mucha gente del pueblo esperaba al frente de la escuela por los resultados”, le dice a Infobae uno de los habitantes de Semprum.
En el video donde se ven a los miembros de mesa y testigos del PSUV bajando por una escalera, mientras son ayudados por los militares “se puede apreciar a algunos del grupo de choque de la alcaldesa, como el señor de sombrero que se observa ahí; ellos actuaron contra los electores de la Escuela Urdaneta, el CV más grande del municipio, cuyo centro fue cerrado a las 5:30 de la tarde cuando había casi 500 personas en espera para votar”.
Los militares no solo se parcializaron sino que colaboraron para que personas que estaban calificadas legalmente por el órgano electoral sacaran material e información electoral, lo que se constituye en delito electoral.
Ayer sábado 27 de noviembre, desde tempranas horas de la mañana, afectos a la candidatura a alcalde de Wuyhsmans González, continuaban en la calle en protesta pacífica. También comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, se apostaron en la carretera nacional cerrando el paso de acceso a el municipio.
Wuyhsmans González, quien se encuentra en Caracas, envía mensajes a sus seguidores asegurando que tiene todas las pruebas para demostrar que la candidata del PSUV, quién fue reconocida como alcaldesa reelecta, en realidad salió derrotada en las elecciones.
El PCV reclama
Representantes del Buró Político del PCV, encabezados por Oscar Figuera, en defensa de su abanderado Wuyhsmans González, se reunieron con el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Octavio Márquez Pérez para analizar lo sucedido en los municipios Semprum del Zulia y Pedro Gual de Miranda, solicitando la impugnación de las elecciones.
Por otra parte, Gustavo Lara, quien es secretario político del PCV en el Zulia, señaló que la alcaldesa Keyrineth Fernández, junto con la policía, generaron situaciones contra el derecho al voto democrático.
Considera Lara que esas actuaciones, como la de Fernández y Karylis Alvarado, “los convierte en delincuentes electorales, que tergiversan lo que son los resultados y la voluntad del pueblo semprunés que se expresó mayoritariamente a favor de la candidatura de Wuyhsmans González”.
Entre los señalamientos que demostrarían el delito electoral está que en la constitución de las mesas les negaron presencia a la mayoría de los testigos electorales del PCV y de otros partidos.
Víctor Urdaneta, responsable político del PCV en el municipio Jesús María Semprum, dijo que funcionarios policiales detuvieron, en la Plaza Bolívar del municipio al simpatizante Franklin Jesús Piña Venegas quien “grabó el robo de los dispositivos con los votos durante la arremetida policial contra los electores”.
Piña fue libreado horas después, pero su detención se debe en que tomó videos que empezaron a rodar por redes sociales demostrando parte de lo ocurrido.
Aun no se sabe qué pasó con las cajas del material electoral que quedaron en manos del equipo político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la coordinadora municipal del CNE, Ramylis Alvarado, de quien dijo que usurpó las funciones de la Junta Electoral Municipal.
“Al rededor de las 4:30 pararon el proceso en el centro de votación más grande del municipio y media hora después vimos cómo simpatizantes de la alcaldesa llegaron al centro de votación, mientras que el director de la policía municipal hizo disparos hacia la población civil indefensa”, destacó el dirigente del PCV.
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