FGE SE PONE A LOS PIES DE POTENTADOS Sol Yucatán

• Desde 2019 los funcionarios a cargo del fiscal general Oscar Montes de Oca Rosales frenan las denuncias por fraude que reciben contra Humberto Lara González, alias “Indio Blanco”

• El excandidato a diputado por MC enfrenta señalamientos por vender terrenos en asentamientos irregulares

• Ministerios públicos y asesores legales del Estado trabajan para que los denunciantes desistan de su exigencia de justicia

Redacción/Sol Quintana Roo

Isla Mujeres.- Una vez más, la Fiscalía General del Estado (FGE) se pone al servicio de los potentados para frenar las exigencias de justicia de los quintanarroenses, en este caso de un grupo de personas que hace 13 años creyó asegurar un patrimonio para sus familias, pero terminaron en un esquema fraudulento que realiza el excandidato a diputado por Movimiento Ciudadano, Humberto Lara González, alias “Indio Blanco”, quien a través de su asociación civil 3 de Septiembre, ofrece terrenos a bajo costo en la zona continental de Isla Mujeres, los cuales no están regularizados ni cuentan con las condiciones mínimas para ser habitados, como son los servicios de agua potable y energía eléctrica.

Durante tres años, quienes cayeron en este entramado de timadores, han solicitado justicia para lograr tomar posesión de los predios o, en su defecto, recuperar lo invertido y poder castigar a los responsables, lamentablemente desde la Fiscalía General del Estado, que encabeza Oscar Montes de Oca Rosales, se ha dilatado el procedimiento, ya sea por omisión de los funcionarios o directamente por encubrimiento.

Una de sus víctimas, quien por motivos de seguridad ha resguardado su identidad, cuenta como en 2008 se enteró de que Lara González estaba ofreciendo terrenos a bajo costo en la zona de Rancho Viejo, por lo que acudió, para constatar que este promovía un desarrollo inmobiliario conocido como “El Jabalí”, en la zona continental del municipio de Isla Mujeres, destinado a personas de bajos recursos y los cuales, por la cantidad de 50 mil pesos con facilidades de pago, podrían adquirir un lote de medidas de 8 de frente por 20 de fondo.

Interesados se reunieron con Alejandro Viveros Ayala, operador del “Indio Blanco”, quien usando documentos membretados por la Notaría Pública 36 a cargo del licenciado Nahum Ojeda Hernández, promovió la venta de los predios para lo cual solicitó un enganche de 10 mil pesos y 2 mil pesos para trámites, el resto del dinero sería pagado en mensualidades congeladas de mil pesos.

Nunca se les dijo a los compradores que los predios no están regularizados para su lotificación, ni pueden contar con los servicios básicos porque no se encuentran municipalizados; mientras tanto, iniciaron los pagos de las mensualidades, para saldar la deuda entre 2012 y 2014.

Fue para ese año que la fuente se enteró de un conflicto legal entre Humberto Lara González y Alejandro Viveros Ayala, ambos se disputaban la propiedad de los predios, por lo que los compradores desconocían la situación jurídica de los lotes que habían adquirido, pues los presuntos promotores ya no les respondían llamadas ni mensajes.

Esta situación se alargó hasta 2016, pues a través de las oficinas de Lara González les negaron entregar las escrituras y fueron canalizados a la extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), donde también les exigieron dinero para iniciar los trámites por los terrenos.

Entre 2017 Y 2018 descubrieron que, a través de panfletos, redes sociales y otros medios, sus terrenos eran ofertados nuevamente para la venta, por lo que insistieron en buscar al “Indio Blanco” para que explicara la situación.

Fue hasta 2019 cuando Humberto Lara González les dio la cara, solo para informarles que sus terrenos ahora valían cuatro veces más, pasaron de costar 50 mil pesos a 200 mil, por lo cual aún debían saldar 150 mil pesos o de lo contrario desistir de ocuparlos, prometiendo que les devolvería la inversión inicial.

“Nos dijo que mejor nos iba a devolver el dinero, para sacarnos y vendérselos a alguien más, lo que provocó que, ante la desesperación de no poder ocupar nuestros predios, acudimos a la Fiscalía General del Estado, con sede en Benito Juárez, el 2 de septiembre de 2019”, dijo la denunciante.

SUFREN TODO UN CALVARIO EN LA FGE

Un grupo de 20 personas acudieron a la Unidad de Atención Temprana de la FGE en Isla Mujeres para levantar su denuncia; sin embargo, en una clara protección de los intereses de Lara González, la fiscal del Ministerio Público María Karina Álvarez Plascencia se negó a recibirla, argumentando que esta debía ser levantada en Benito Juárez.

Los afectados procedieron ha cumplir la “recomendación” de la funcionaria, para toparse que en las oficinas de Cancún tampoco les querían recibir la denuncia, con el mismo proceder, “deben presentarla en donde se realizó el hecho, en Isla Mujeres”.

Después de dar vueltas entre Ministerios Públicos por fin les fue recibida la denuncia por fraude, que generó la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/09/18101/2019, en la sede de Cancún; no obstante, los funcionarios a cargo de Oscar Montes de Oca se mantuvieron renuentes a darle seguimiento por falta de un representante legal.

Las dos docenas de quejosos fueron invitados a solicitar asesoría por parte de la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), y aunque ofrecieron apoyarles con un licenciado que siguiera el caso, el que les asignaron, de nombre Jonathan Magaña, desde el primer momento se negó a recibir la denuncia, este intentó inhibir que siguieran el procedimiento penal al informarles que lo mejor era contratar un licenciado particular para que las autoridades les acepten la denuncia, ante la negativa fue alargando los plazos que les daba a sus asesorados; tiempo después dejó de responderles a las solicitudes de avances del expediente.

Durante el 2020, la Fiscalía General del Estado se desentendió de toda solicitud de información, al cerrar sus oficinas debido a la pandemia de Covid-19, por lo que no hubo más comunicación entre el licenciado asignado y los demandantes.

“Nos dejaron de responder las llamadas, eso nos desanimó, no podía ser que las autoridades se pusieran de lado de los adinerados, y pensamos que lo mejor era dejar todo en paz, algunos lo hicieron, pero yo había invertido todo en esos terrenos y no podía quedarse así”, explicó la fuente.

Pero el 5 de marzo tuvieron la oportunidad de acudir a una autoridad mayor a la de la FGE, durante el banderazo de salida de las obras del Tren Maya en Cancún, lograron entregar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se explicaba esta situación y que fue atestiguada por funcionarios estatales.

Al día siguiente, el Vicefiscal Carlos Maya Girón se contactó con ellos para conocer los pormenores del fraude que cometen Humberto Lara González y Alejandro Viveros Ayala, por lo que les invitó a las oficinas, ¡por fin las autoridades hacían algo!, o eso pensaron.

En reunión, Maya Girón les manifestó que procederían a citar a los involucrados, se investigaría la situación y se procedería a marcar los terrenos para evitar que se sigan revendiendo, para lo cual les asignó un licenciado para su representación jurídica, para lo cual les solicitó presentaran una nueva denuncia, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/03/4635/2021.

Pero nuevamente inició el “peloteo” entre autoridades, pues el supuesto representante los destinó a un tercero, y este a su vez les propuso llevar el pleito por Justicia Alternativa, y que realizaran la ratificación de su queja en las oficinas de Isla Mujeres.

En la unidad de la FGE en Isla Mujeres nuevamente se enfrentaron con la renuencia de la ministerio público María Karina Álvarez Plascencia, quien no admitió la ratificación de denuncia, al punto que se enfrentó verbalmente contra los quejosos por seguirle insistiendo, aun cuando el procedimiento venía del Vicefiscal Mario Maya Girón.

En mayo de este año, acudieron por segunda vez a la Ceaveqroo para buscar un asesor jurídico, identificado como Mario Alejandro Flores Arjona, quien lejos de apoyarlos legalmente les ha propuesto que invadan los terrenos para que exijan sus derechos, o en su caso, aceptar lo que Lara González ofrece a cambio, “pareciera que más que ayudarnos, quieren que incurramos en un delito para que ahora seamos nosotros los denunciados”, mencionó la afectada.

A siete meses de esto, los avances en la investigación siguen bloqueados por los encargados de brindar justicia, los cuales se han negado a admitir las pruebas que las víctimas les han presentado.

Existen videos en los que el entonces candidato morenista para diputado por el Distrito 1, reconoció que él tiene la posesión de la tierra, que le fue embargada a su supuesto exsocio Alejandro Viveros Ayala, pero no ha cambiado el título de propiedad para evitar cumplir las obligaciones con las personas que adquirieron los lotes.

O un audio en el que el mismo Alejandro Viveros Ayala reconoce que la propiedad de los terrenos es de Lara González, por lo cual el ya no atenderá a los afectados y que estos son los verdaderos propietarios.

Actualmente, Humberto Lara González promueve las ventas en los asentamientos irregulares El Jabalí, Monte Olivos y Jerusalén, en la zona continental de Isla mujeres, a través del mismo esquema que desde hace una década promueve, terrenos de 10 por 20, con valor de 220 mil pesos, con un enganche de 15 mil pesos y mensualidades de mil se anuncian en redes sociales, predios que ya han sido vendidos en más de una ocasión.

“Quiero que al ver el terreno imagines tu casa, tu jardín con los niños jugando en la seguridad de un patio amplio y lejos de los peligros de una unidad habitacional”, es lo que reza la publicidad de los promotores del “Indio Blanco” para ofrecer un predio en el que abundan el monte y las víboras, y los cuales más que prometer un futuro a las familias, les garantiza un pleito legal por fraude.

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