Daniel Noboa convocó a una movilización contra la Corte Constitucional para rechazar la suspensión de sus leyes Infobae
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este 6 de agosto una movilización ciudadana hacia la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión provisional de artículos centrales de tres leyes enviadas por su gobierno bajo el carácter de urgencia económica. La convocatoria fue realizada durante un evento público denominado Más productividad, más agro, más progreso, celebrado en Daule, donde el mandatario insistió en que el máximo órgano de control constitucional ha obstaculizado los esfuerzos del Ejecutivo para garantizar la seguridad ciudadana.
“Vamos a respetar siempre el artículo uno de la Constitución, de que el poder máximo lo tiene el pueblo”, declaró Noboa ante los asistentes. Acto seguido, anunció: “Así mismo con ese poder ciudadano y en paz, de manera pacífica, vamos a protestar este día martes. Martes 12, porque no podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que le pueden dar seguridad a cada uno de ustedes, dijo.
La marcha que sucederá el martes 12 de agosto, según dijo, será liderada por él mismo y tendrá como destino la sede de la Corte Constitucional en Quito. “Ese día 12, el martes, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”, afirmó el mandatario.
La convocatoria se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. El 4 de agosto, las Salas de Admisión de la Corte suspendieron provisionalmente 25 artículos de tres leyes clave impulsadas por Noboa: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Integridad Pública. La decisión fue adoptada tras admitir a trámite acciones públicas de inconstitucionalidad que cuestionan, entre otros aspectos, la falta de unidad de materia y posibles violaciones a derechos fundamentales.
El gobierno ha reaccionado con una ofensiva discursiva. El mismo 4 de agosto, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó en cadena nacional a la Corte de haber dejado “al país sin defensa” y afirmó que los jueces constitucionales “le deben una explicación con cara y con fundamentos” a la ciudadanía. En entrevistas posteriores, Rovira sostuvo que los magistrados “tienen agendas propias” y están actuando como un “enemigo de la ciudadanía”.
La propuesta del Ejecutivo de incorporar en la consulta popular de noviembre o diciembre una pregunta para someter a los jueces constitucionales a juicio político ha sido criticada por juristas y organismos internacionales como una amenaza a la independencia judicial. La relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y Human Rights Watch han expresado su preocupación por los ataques verbales y simbólicos contra el tribunal constitucional.
La convocatoria a la marcha del martes ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder político y el sistema de justicia. Aunque el presidente insistió en que la manifestación será pacífica y en ejercicio del “poder ciudadano”, analistas constitucionales han advertido sobre los riesgos de utilizar movilizaciones populares para presionar o desacreditar a un órgano que debe actuar con independencia y conforme a procedimientos legales.
La movilización marcará un nuevo hito en la confrontación entre el Ejecutivo y el órgano constitucional, cuya resolución tendrá implicaciones significativas para el equilibrio de poderes en el país. El llamado a “hacer sentir el verdadero poder del pueblo” frente a la Corte ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de condicionamiento político a una institución que debe garantizar la supremacía de la Constitución, incluso frente al poder mayoritario.
En lo inmediato, la Corte Constitucional deberá resolver también la admisibilidad de las preguntas de la consulta popular que ha sido anunciada por el Ejecutivo –aunque aún no se ha iniciado el trámite ante el tribunal–, que incluyen temas sensibles como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas, el juicio político a jueces constitucionales y el trabajo por horas en el sector turístico.
